Tras detectar irregularidades de seremías en traspaso a fundaciones: contralor revela ante diputados que remitió antecedentes a Fiscalía y al CDE

Hasta la Cámara de Diputados y Diputadas en Valparaíso llegó este viernes el contralor Jorge Bermúdez para exponer ante la comisión investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda desde enero de 2021 a junio de 2023.

En su presentación, la máxima autoridad de Contraloría -a quien le resta prácticamente un mes en el cargo- expuso los principales resultados de las auditorías realizadas a 15 secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y a otros organismos regionales, que realizaron millonarios traspasos a fundaciones.

Según explicó la autoridad, una de las principales conclusiones que arrojó la auditoría es la existencia de una evidente falta de control por parte de las reparticiones regionales. Además, dio cuenta de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.

En respuesta, el contralor reveló que el organismo remitió los antecedentes de algunos casos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que podrían revestir características de delito. Mientras que en otros casos se abrirán sumarios administrativos a cargo de la propia Contraloría.

La autoridad explicó que la mayoría de las faltas o irregularidades son generales a todas las regiones, pero que hay algunas que son más específicas a cada zona. “Los informes están hechos y estos han supuesto acciones derivadas, lo que significa que en algunos casos hay sumarios que se harán por parte de la Contraloría y en algunos casos hay antecedentes que se remitieron al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público”, anunció Bermúdez.

En concreto, los fiscalizadores advirtieron que las observaciones detectadas en el caso de Democracia Viva -que fue el detonante de todo el lío de platas-, en general, se replican en todo Chile.

Según fuentes ligadas a las pesquisas, durante la tarde del miércoles 8 fue que La Moneda comenzó a tomar conocimiento de los hallazgos, entre los cuales se evidenció que hubo “excesiva permisividad” con fundaciones que no alcanzaban a cumplir con los requisitos que exige la normativa.

En la primera parte de su presentación, el contralor Bermúdez detalló las debilidades institucionales que -según la auditoría realizada por el organismo- existen en la transferencia y control de dineros públicos.

Entre las que reseñó el contralor figuran la excesiva discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias al pasar de inversión a transferencia; que las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que “no se siga la ruta del dinero público”; la inobservancia de reglas de clasificador presupuestario; la ausencia de control político de los proyectos que se financia vía transferencia y la excesiva discrecionalidad en la definición de los proyectos que se financian por la misma vía.

Luego, Bermúdez detalló las ocho propuestas que la Contraloría ha formulado en el marco del caso que destapó irregularidades en la transferencia de dineros desde organismos públicos a entes privados, como por ejemplo la creación de una ley marco sobre transferencias del Estado.

La segunda parte de la exposición consistió en detallar las fiscalizaciones y observaciones realizadas por el organismo contralor a las secretarías regionales del Minvu en 15 regiones, donde se detectaron severas irregularidades y faltas de control en la mayoría de los organismos.

Así, por ejemplo, Bermúdez explicó que detectaron falta de control y monitoreo en la ejecución de los convenios en los Serviu de la Región Metropolitana, Valparaíso, Maule, O’Higgins, Antofagasta, Atacama, Arica, Los Lagos y Ñuble.

“No estaban bien fundados los actos administrativos que aprueban los convenios, es decir, por qué se contrata a esa fundación. Luego, hay una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que se le encargan. En muchos casos no había experiencia”, expuso la autoridad.

Otras de las falencias detectadas son ausencia de exigencia de los planes de trabajo, asignaciones directas de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación, falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto y ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia, entre otras.

“Esta falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre”, señaló el contralor, indicando que al tener “mecanismos tan débiles” puede ocurrir que las situaciones detectadas se repliquen.

Consultado acerca de si los hechos detectados por Contraloría constituyen un ‘modus operandi’ para defraudar el fisco, Bermúdez respondió: “A nosotros no nos corresponde decir si hay un mecanismo, porque en realidad esa ya es una conclusión más bien desde el punto de vista penal”.

“Si hay un modus operandi respecto de las fundaciones, la verdad es que no me atrevería clasificar una cosa así. Eso supone el ejercicio de otras facultades que nosotros no tenemos, como sería aquellas que son más intrusivas, de poder incautar, de poder acceder a correos electrónicos, poder acceder a computadores; eso tiene que estar en otra sede”, estimó el contralor.