Contralor refuta a subsecretaria Lobos sobre facultades del Consejo de Auditoría: “Puede controlar y fiscalizar cómo se están usando los recursos”

El lunes se realizó una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados convocada para reunir antecedentes relativos a los líos de platas por eventuales traspasos irregulares de dineros desde reparticiones públicas a entidades privadas sin fines de lucro.

Esa reunión fue la primera en contar con invitados. A ella asistieron la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, la auditora general de Gobierno, Daniela Caldana, y el ex subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez.

Se trató de una cita extensa, de dos horas y media, en la que expusieron Lobos y Pavez. Cada uno realizó una presentación y luego respondieron las preguntas de los diputados. Se esperaba que también intervinieran Martínez y Caldana, pero sus exposiciones quedaron programadas para una nueva sesión, que se desarrollará el jueves.

La subsecretaria Lobos fue la primera en exponer el lunes, oportunidad en la que detalló los cambios de criterios del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG) en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El principal cambio de foco es que se dejaron de reportar las transferencias a terceros, vale decir, a fundaciones, ONGs y otras entidades de este tipo. Semanas atrás, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, explicó que se hizo porque “no se distinguía si eran traspasos de trato directo o de concurso público”, es decir, que no aportaba mayor información.

“La reportabilidad financiera contable toma mucho tiempo a los auditores y, por tanto, no era eficiente, sino que íbamos a poner foco en aquello que realmente nos parecía relevante para poder levantar las alertas”, dijo Lobos.

Asimismo, comentó que el foco se centró en las auditorías internas en terreno, “lo que realmente corresponde”, por lo que “se dejó sin aplicar la reportabilidad de transferencias, consolidaciones bancarias, sumarios, normas de probidad y saldos pendientes”.

En su intervención, Lobos además aseguró que “el Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) no es un órgano de control” y que “no tiene facultades para hacer auditorías directamente a entidades del Estado”.

En esa misma línea, la autoridad de gobierno recalcó que “el control financiero contable le corresponde a Contraloría”.

Horas más tarde, el propio contralor general de la República, Jorge Bermúdez, refutó a Macarena Lobos, específicamente respecto a las tareas y atribuciones del Consejo de Auditoría Interno, asegurando que sí es un órgano de control.

“En todo Estado de derecho hay tres líneas de control: en primer lugar, está el control que tienen que ejercer las propias jefaturas de cada servicio público, es decir, la cuenta y el control que yo como contralor que tengo que dar respecto de la propia Contraloría, por ejemplo, y del uso de recursos de la propia Contraloría”, explicó el lunes en la tarde, consultado al respecto.

“El segundo control tiene que estar dado por las auditorías, que son las auditorías de control. Esa segunda línea de control debería estar operativa y ese es el CAIGG. Ese es un órgano que tiene que realizar su trabajo y luego la tercera línea de control es la que hace la Contraloría”, continuó.

“Lo que puede realizar (el CAIGG) son auditorías y, por lo tanto, se puede controlar y fiscalizar cómo se están usando los recursos y cómo se están destinando”, finalizó.