DD.HH.: El balance del gobierno tras el estallido social

Un documento de 54 páginas elaboró el Ministerio del Interior, en el que agrupó las recomendaciones relativas a la función policial que hicieron cinco organismos en el marco del estallido social desatado el 18 de octubre.

Los planteamientos de distintas agrupaciones -nacionales e internacionales- se dieron luego de múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos de uniformados, principalmente de Carabineros, cometidas durante sus funciones en el control del orden público.

Así, la minuta de Interior, elaborada por la subsecretaría de esa cartera, agrupó 66 sugerencias similares del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Human Rigths Watch (HRW), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría de la Niñez.

El texto fue preparado en julio, mismo mes en que Ciper Chile reveló que Carabineros inició 565 sumarios por eventuales ilícitos cometidos por su personal entre el 18 de octubre y el 31 de marzo, de los cuales un 84% continúa en proceso, mientras que en solo 15 sumarios se han determinado castigos a funcionarios. En este contexto, el balance realizado por el gobierno destaca que cuatro de los cinco organismos recomendaron que se verifique que las policías se atengan a las reglas del uso de la fuerza y a las normas internacionales. Sobre esto, el texto recalca que “el año 2018 se generó un acuerdo nacional por la seguridad pública, en virtud del cual desde el Ejecutivo se impulsaron una serie de medidas administrativas que apuntan en la dirección de las recomendaciones”.

También se señala que “se ha dictado la circular 1.832 del 1 de marzo de 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y en ella se establecen explícitamente los principios que deben guiar dicho uso, esto es, legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Asimismo, afirma que “se está concluyendo la revisión del protocolo de uso de escopeta antidisturbios con munición menos letal en el mantenimiento del orden”.

La minuta también sostiene que “se encuentran en proceso de modificación y actualización los protocolos de mantenimiento de orden público y otras medidas que dicen relación con la planificación y la acción operativa, el diálogo con manifestantes, la evaluación de las acciones y sus resultados, y la manera de generar y distribuir la información y distinguir las competencias de cada unidad”.

Se agrega que “pese a contemplar la modalidad de uso y prohibiciones en los protocolos para el mantenimiento del orden público, específicamente en el protocolo 2.7, relativo al uso de disuasivos, actualmente se encuentra en proceso de revisión y actualización debido a la posible incorporación de un disuasivo de origen natural”.

También se destaca que se dispuso de la utilización de cámaras corporales y de registro de video para procedimientos en contexto de manifestaciones y control de orden público; y que se han hecho capacitaciones en materia de derechos humanos para los funcionarios.

En una de las recomendaciones de HRW, además, se pide cumplir con la prohibición vigente de desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a quienes lo hacen. Sobre esto, la minuta de Interior responde que en los protocolos vigentes se encuentra la prohibición de esa medida y que en la revisión de los protocolos “se está reforzando” ese punto.

En cuanto a las recomendaciones para reformar a Carabineros, el documento recuerda que “se convocó a un consejo para la reforma de Carabineros” y que se está trabajando en tres ejes paralelos. “Se creó una comisión de reforma de Carabineros integrada, además del Ejecutivo, por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el contralor general de la República y el general director de Carabineros”. Y se destaca que se conformó una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, para abordar los principales aspectos de la reforma.

El balance de las recomendaciones del gobierno ocurre a menos de dos meses de la conmemoración del primer año desde el estallido social, fecha para la cual el Ejecutivo espera ir publicando en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos los avances.