De una nueva comisión investigadora a una acusación constitucional: la reacción del mundo político a los chats entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla

El pasado sábado fueron publicadas las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla -imputado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios- y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, mensajes que darían cuenta de una estrecha relación e intercambio de favores entre ambos.

La información fue revelada por el medio Ciper Chile, y entrega antecedentes sobre cómo Hermosilla habría usado sus influencias para ayudar a Vivanco a conseguir su puesto en la Corte Suprema.

Asimismo, en los chats se mencionan otras ocasiones en las que Hermosilla y Vivanco se habrían ayudado mutuamente y cómo habrían impulsado y boicoteado otras candidaturas al Tribunal Supremo.

El destape de esta nueva arista en el conocido como Caso Audio ha generado molestia de manera transversal y desde algunos partidos han anunciado desde ya su apoyo a un juicio por vía constitucional.

Entre los primeros en reaccionar estuvieron los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra Vivanco.

“El día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla”, declaró Manouchehri.

Por su parte, Cicardini, además de respaldar el deseo de discutir una acusación constitucional con más parlamentarios, sentenció que estos nuevos antecedentes “dan cuenta de la ramificación del cáncer de Hermosilla en el poder judicial, y es de los hechos más graves que hemos conocido en este caso”.

Desde el mismo partido, el senador Juan Luis Castro aseguró en Mesa Central de Canal 13 que “estamos ante la peor crisis de la Corte Suprema en nuestro país”, puesto que las conversaciones entre Hermosilla y Vivanco dan cuenta de que “en Chile se perdió la separación de poderes desde esa época”.

Asimismo, advirtió que, en cuanto a la acusación, “es conveniente terminar todo el abanico de conversaciones para tener prefigurado hasta donde, en el caso del Poder Judicial, existe el mérito suficiente”.

Por su parte, el jefe de bancada del PS en la Cámara Baja, Daniel Melo, manifestó en X que su sector resolvió “presentar la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y evaluaremos si se hace también extensiva al ministro Matus”.

“Los hechos conocidos de la red de corrupción de Hermosilla son gravísimos y dañan la legitimad del poder judicial y nuestro sistema democrático. Iniciaremos también un diálogo con otras bancadas parlamentarias”, añadió.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo calificó la situación como “realmente brutal” tanto en el caso de Vivanco, como también respecto al ministro Jean Pierre Matus. “En ambos casos se configuran los elementos para no solo que actúe la Comisión de Ética de la Corte Suprema, sino que para una acusación constitucional”, aseguró.

En ese línea, la diputada Ana María Gazmuri (AH) se sumó al anunciar “desde ya mi apoyo a cualquier acusación constitucional en contra de jueces involucrados en la red de tráfico de Hermosilla, así como también apoyaré una reforma que permita modificar el mecanismo de nombramientos de la Corte Suprema, al igual que una reforma que permita asegurar mayor transparencia en los procesos de selección dentro del poder judicial”.

Desde la jefatura de bancada el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello acusó que “como el gobierno de Piñera y Chadwick pensaban que los jueces eran de izquierda, entonces recurrieron a mecanismos truchos para designar a magistrados afines a la derecha”.

“En el caso de la ministra Vivanco, se configuran claramente los presupuestos para una acusación constitucional, dada la gravedad del contenido de los diálogos entre ella y el abogado Hermosilla, que sugieren gestiones y favores en beneficio de oscuros intereses”, concluyó.

Por otra parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón no se mostró tan abierta a apoyar una acusación constitucional de inmediato, y advirtió que “habrá que ver los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional, pero lo que me llama la atención es ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios institucionales”.

“Siento que no es momento para estar ni felices ni viendo oportunidades para dar cuñas y anunciar acusaciones, sobre todo cuando la institucionalidad está claramente en juego. Yo creo que este es el minuto para demostrar que somos políticos responsables”, sentenció Ossandón.

Asimismo, la diputada Karen Medina (PDG) también manifestó que este es un caso que “debe investigarse. Por ello, presentaremos nuevamente una comisión investigadora, versión 2.0, y que caiga quien caiga, se cumpla con efectividad, tal como está ocurriendo”.

Por su lado, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) aseguró que él fue uno de los pocos que votó en contra del nombramiento de Vivanco en la Corte Suprema. “Primero, su defensa corporativa de las isapres en medio de la tramitación de la ley corta y los fallos de la Corte Suprema en contra de las isapres. Por otro lado, estas revelaciones respecto a los favores políticos y la operación política y jurídica con Hermosilla son gravísimos”, sentenció.

“Urge un cambio en el sistema de nombramiento que no dependa de favores políticos ni operadores judiciales, y por otro lado regular de manera estricta los conflictos de interés en el ámbito jurídico”, concluyó el senador del Frente Amplio.

Desde la otra vereda política, el diputado Stephan Schubert, jefe de bancada de Republicanos declaró que esta situación “es grave y pone en jaque la institucionalidad chilena. Aquí está quedando en evidencia que nuestro país es mucho más corrupto de lo que nosotros conocíamos y de lo que nosotros queríamos también creer”.

“Esto no puede tener una solución política de un palmetazo a la espalda y un gran acuerdo donde al final no ocurra nada. Aquí tiene que salir toda la verdad a la luz. Tenemos que cambiar nuestros estándares, elevando los estándares de probidad”, consignó.