Dedicación exclusiva de consejeros del CDE divide a juristas

Aunque todos coincidieron en la necesidad de modernizar el Consejo de Defensa del Estado (CDE), juristas y académicos manifestaron hoy algunas aprensiones frente al proyecto ad hoc que el Presidente Sebastián Piñera anunció que enviaría al Congreso.

Según señaló el Mandatario en entrevista con La Tercera al abordar la renuncia de Javiera Blanco al CDE, el gobierno trabaja en un proyecto de ley que considera establecer la dedicación exclusiva de los consejeros y acortar la duración de sus cargos.

Si bien, en general, se valoró la intención de acortar la duración de las funciones de los consejeros -actualmente pueden permanecer en sus cargos de forma inamovible hasta los 75 años de edad- a unos ocho o 10 años, como lo planteó Piñera, muchos coinciden en que exigir una dedicación exclusiva podría desincentivar el ingreso al organismo.

"Si se quiere garantizar la competencia técnica y una prestigiosa trayectoria profesional de los consejeros con dedicación exclusiva, la remuneración de los consejeros es un punto crítico. Es imprescindible que esas remuneraciones sean adecuadas al perfil con que se aspira a integrar el consejo. De lo contrario, no se cumplirán los objetivos buscados", manifestó Juan Ignacio Piña, quien fuera presidente del CDE y renunciara al organismo en 2017 .

Actualmente, la remuneración de un consejero del CDE oscila entre 7,6 y 7,9 millones mensuales.

"Veo dificultades complejas desde el punto de vista de conseguir personas idóneas en la dedicación exclusiva, porque un abogado de gran integridad ética y de gran experiencia en litigios, evidentemente que gana mucho más de lo que se gana en la administración pública. Entonces, tendrían que ser personas de una tremenda vocación y, lamentablemente, en este país no nos estamos caracterizando necesariamente por vocaciones públicas", dijo el exdecano de Derecho de la Universidad de Chile Davor Harasic.

Estanislao Dufey, abogado del CDE, opinó, en tanto, que "el ejercicio de la profesión debe estar más limitado, pero no prohibido". "Si tenemos gente que solo tenga que trabajar para el CDE, podemos perder grandes nombres que están dispuestos a hacer el trabajo, pero que también quieren tener una litigación nacional e internacional de buen nivel", explicó.

Entre quienes sí concuerdan con el gobierno en la necesidad de exigir una dedicación exclusiva figura el decano de Derecho de la U. San Sebastián, Rafael Rossell.

"Me parece totalmente razonable, porque mantiene la independencia total y absoluta de los consejeros", dijo.

En el mismo sentido, el académico de la UDP Cristián Riego señaló que "lo más complicado de la actual estructura son los eventuales conflictos de interés y eso se resolvería bastante con la dedicación exclusiva", mientras que el abogado penalista Cristóbal Bonacic señaló que debe establecerse la "incompatibilidad de desempeñar la profesión en causas particulares".

En general, los juristas también coincidieron en que se deben buscar fórmulas para que los consejeros no sean designados políticamente.

Desde la oposición se mostraron abiertos a discutir los cambios propuestos por el Presidente Piñera al CDE, pero coincidieron en que se deben esperar las especificaciones del proyecto.

"Más allá del debate coyuntural por las nominaciones de los consejeros, el CDE desarrolla un trabajo serio y profesional. Por lo tanto, analizaremos en su mérito la propuesta, apoyando lo que fortalezca esta institución y rechazando todo lo que signifique su debilitamiento", dijo el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

En tanto, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, consideró que será positivo sentarse a conversar con el gobierno para buscar una reforma consensuada al CDE, pero que el "primer test" del gobierno para saber "si realmente existe una intención efectiva de modernizar el consejo será el próximo nombramiento que le corresponderá hacer al Presidente Piñera".

El exdiputado DC Jaime Pilowsky, quien impulsó un proyecto en la materia, agregó que junto con la dedicación exclusiva y la duración del cargo, el gobierno debiese avanzar en un nuevo sistema de nombramiento, el que actualmente recae en el Presidente. "Está la posibilidad de copiar el sistema de nombramiento del fiscal y el contralor, es decir, propuesta del Presidente con acuerdo del Senado", dijo.

Desde Chile Vamos, en tanto, el senador RN Andrés Allamand dijo que las modificaciones propuestas por el gobierno apuntan en la dirección correcta y que se trata de "una modernización indispensable".