Defensa de la autonomía y atribuciones del Congreso marcan la cuenta pública de los presidentes de la Cámara y el Senado

Con pocos invitados, separados por dos metros de distancia cada uno, alcohol gel y parlamentarios vía telemática. Así fue la inédita cuenta pública que esta jornada realizaron los presidentes del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y de la Cámara, Diego Paulsen (RN), en el Congreso Nacional.

La actividad contó con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera y de sus ministros. Así como también de algunas otras autoridades y de un grupo de diputados y senadores. Todo bajo estrictas medidas de higiene a raíz de la pandemia del coronavirus.

En sus intervenciones ante en el Congreso Pleno, los presidentes de ambas corporaciones abordaron diversas temáticas: el estallido social, el Covid-19, el plebiscito, entre otros.

Siendo la más importante la defensa a la atribuciones del Parlamento respecto a la presentación de proyectos y sus mecanismos para declararlos admisibles o no.

“Como presidente he promovido el diálogo entre los poderes del Estado, pero el Ejecutivo y el Legislativo tienen sus propias facultades y atribuciones. Nuestra gestión en este punto descansa en un equilibrio: tenemos un ánimo de colaboración absoluta con el Ejecutivo, pero sin ser un buzón”, indicó Paulsen.

Para agregar que “por cierto, estamos disponibles para discutir en el futuro las atribuciones que tienen los parlamentarios, pero hasta que eso no suceda, el camino no es tomar atajos. El camino es que legislemos respetando el marco constitucional vigente. En tiempos difíciles la responsabilidad debe ser un imperativo inclaudicable, y la percepción de impopularidad no nos debe llevar a eludirla. Por estas razones, es que respecto a las admisibilidades, esta mesa ha establecido un sistema para cada proyecto de ley que se declara inadmisible”.

Paulsen, en esta misma línea, realizó un llamado a respetar la “democracia representativa”. “La democracia “no es a la carta”. Si hoy tenemos parlamentarios que se saltan las reglas del juego, el día de mañana puede ser un Ejecutivo que busque saltarse al Congreso Nacional, como tantas veces ocurrió en América Latina. El respeto de las reglas es fundamental para nuestra legitimidad como representantes, pues el procedimiento no es cuestión adjetiva, sino sustancial”.

Más dura fue Muñoz quien señaló que “la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional y nuestro Reglamento entregan la decisión de la admisibilidad a las respectivas cámaras y otorgan a ambos órganos colegisladores atribuciones para cautelar su cumplimiento. No se ha vulnerado ninguna de esas disposiciones y estimo que no es necesaria la creación de organismo alguno de control como se ha propuesto”.

“Los poderes del estado nos debemos deferencia y respeto y no cabe ningún tipo de tutelaje o supervigilancia”, complementó.

Dentro del resumen de su gestión, tanto Paulsen como Muñoz recordaron lo que fue el estallido social del 18 de octubre de 2019, lo que cambió el ritmo y la urgencia con que el Congreso tramitaba ciertas iniciativas.

“Desde octubre del año pasado vivimos una crisis política de gran magnitud, con una sociedad que estaba agotada frente al gran esfuerzo personal realizado por décadas, hastiada frente a los abusos y una enorme brecha entre las expectativas de progreso individual y familiar con las posibilidades para llevar a cabo dicho progreso”, sostuvo el presidente de la Cámara.

“Lo anterior “estalló” de la mano con una crisis de representación, no subsanada ni mitigada por el cambio en el sistema binominal, ni por las reformas a los partidos políticos y a la legislación electoral, ni la voluntariedad del voto, u otras reformas políticas que veníamos realizando. Lo que arrastró a las instituciones políticas y sus integrantes, encontrándonos desprevenidos, quizás demasiado ocupados en los conflictos políticos”, agregó.

Muñoz, en tanto, hizo un análisis más profundo, recordando lo que fue el periodo de transición a la democracia.

“La movilidad social que logramos y que permitió salir de la pobreza a millones de chilenas y chilenos, realizada en condiciones de preeminencia del mercado y de un Estado socialmente débil, se nos ha revelado de una enorme fragilidad por la mala calidad de los empleos y las bajas remuneraciones, característica estructural del actual modelo económico”, indicó.

Para agregar que “no soy tampoco autocomplaciente. Hubo fallas y errores gruesos. El principal de ellos es haber tolerado niveles de desigualdad inaceptables. Es cierto que las familias de menores recursos tuvieron progresos importantes y que crecieron los sectores medios, pero el carácter del modelo y la timidez de las reformas, permitieron que muchos obtuvieran ingresos sobre todo lo razonable, sin aportar a la sociedad lo suficiente para mantener niveles suficientes de equidad  y cohesión social”.

Sobre el plebiscito los presidentes de ambas corporaciones se mostraron disponibles a colaborar para que este proceso, que se realizará el 25 de octubre, se lleve a cabo en las mejores condiciones.

Al respecto Diego Paulsen indicó que “junto con la Presidenta del Senado, estamos colaborando para buscar la mejor forma de garantizar el derecho a voto, de acuerdo a las normas sanitarias, en el Plebiscito del 25 de octubre, donde la ciudadanía decidirá si necesitamos o no una nueva Carta Fundamental”.

“Estamos convencidos de la importancia que este proceso tendrá para nuestro país, es por ello que como Poder Legislativo creemos indispensable reflexionar sobre cómo garantizar que este evento democrático se desarrolle de forma exitosa y – por supuesto – nos ponemos desde ya a disposición para legislar las leyes que sean necesarias para este fin”, agregó.

Muñoz, en tanto, complementó con que el objetivo de esa mesa de trabajo es “recoger las mejores experiencias para llevar adelante los eventos electorales en las actuales circunstancias. Y garantizar un plebiscito seguro y participativo”.

Y que “de aprobarse la Convención Constituyente, pondremos a disposición de ella  toda la ayuda necesaria compatible con las labores habituales del Senado”.

Asegurando, finalmente, que “necesitamos una nueva constitución que rompa las ataduras de un modelo neoliberal que reduce el Estado al mínimo indispensable, muy conveniente a la hora de desplegar el lucro privado, pero incapaz de entregar servicios de calidad y proteger las chilenas y chilenos”.