Defensa de Montes expone que acusación contra el ministro cita incorrectamente artículos del Código Penal

Como “una descortesía” contra los propios diputados calificó el abogado Pablo Ruiz-Tagle, defensor del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), el hecho de que la acusación constitucional contra el titular del Minvu no incluyera la numeración de páginas.

A juicio del abogado defensor, que expuso este martes ante la revisora del libelo, aquella situación era parte de un conjunto de errores de forma y de fundamentación del escrito, que aparentemente -según deslizó- fue ingresado sin un debido examen. “La acusación no tenía páginas, no estaba paginada, es una descortesía como ha sido planteada frente a la comisión. Las notas que tenía el libelo de la acusación no llevaban a ninguna parte. Son muchos los defectos formales”.

Adicionalmente, Ruiz-Tagle sostuvo hay un conjunto de normas, los artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 del Código Penal, que son mencionados en el escrito acusatorio, pero que no tienen directa relación con faltas, delitos o negligencias que se le imputan al ministro.

Por ejemplo, el número 127 se refiere a modalidades de prescripción en crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado; el 214 habla de la usurpación del nombre de otra persona; el 205 sobre la falsificación de certificados; el 207 respecto de la presentación de testigos falsos y el 208 menciona que la retractación es atenuante en casos de testimonios falsos.

“Se citan artículos del Código Penal que no son correctos”, expresó Ruiz-Tagle.

Estos errores sobre el Código Penal también fueron planteados por el diputado Jaime Naranjo (PS), quien acudió excepcionalmente a la comisión.

En respuesta, el jefe de bancada de los republicanos, Agustín Romero, admitió que el escrito podía tener referencias equivocadas a algunos artículos, sin embargo, a su juicio, ello no invalidaba la presentación.

En su exposición, el abogado de Montes, quien es decano de derecho de la Universidad de Chile, remarcó otros formales. “Uno puede hacer excepciones entendiendo que a veces todos los seres humanos nos equivocamos, pero en este caso afectan el sentido profundo de las alegaciones”, dijo el defensor,

El jurista, además, agregó que “esta acusación hace suyo el libelo, un principio de responsabilidad objetiva y en base a ese principio equivocado. Entonces siente que no es necesario desarrollar ni explicar, ni subsumir, es decir, tomar las conductas y la descripción de la norma y hacer que la persona equivocada encuadre en esa descripción, no es necesario si es simplemente un criterio de responsabilidad objetiva, como lo dice la acusación, basta que hayan ocurrido los hechos”.

En ese sentido, el abogado defensor agregó que “este es un error de gran calibre, porque la responsabilidad objetiva es excepcional en nuestro derecho. Se usa para los accidentes aéreos, no tienen nada que ver con las acusaciones constitucionales. Este principio no es solo un error mecanográfico, llega a contaminar toda la lógica de la argumentación jurídica de este escrito”.

Siguiendo con su presentación, Ruiz-Tagle alegó que “no llega a ser una acusación constitucional porque muchas páginas de ella son simples copias de copiar y pegar de tablas de la Contraloría con tachas, donde no hay referencia alguna del ministro acusado. Hay también errores magnos en cuanto a la estructura del Estado y de cómo funciona el Ministerio de Vivienda y la lógica de los seremis y el Serviu”.

“La acusación se equivoca en la forma de presentar la evidencia, y en las referencias del artículo 52, número 2. No menciona hechos claros, concisos y completos referidos a la persona, el ministro acusado, y por eso no es posible construir un vínculo entre las cuestiones que se alegan y el señor ministro”, agregó y confesó que “eso también dificulta la defensa, ha sido muy difícil hacer esta defensa”.

También comentó que el texto no hace una fiel reproducción del artículo 8 del decreto Ley de 1975 que reestructura y regionaliza al Minvu, que se refiere a las facultades el ministro, entre ellas, “la supervigilancia de los organismos que de él dependen, de los Servicios Regionales y Metropolitano y de las instituciones que se relacionen con el gobierno por su intermedio”. “La acusación se da el lujo de inventar un artículo en la página 19 y en la página 46 lo pone correctamente”, agregó.

En este punto, la redacción simplemente parafraseaba el texto original y, por ejemplo, hablaba “supervigilar” en vez de “supervigilancia” y señalaba que el ministro “se encuentra encargado”, en vez de decir que “le incumbe”, como dice la ley.