Defensor nacional rechaza la propuesta que pretende que la Defensoría sea dirigida por un Consejo Superior

El defensor nacional Carlos Mora se refirió a la propuesta aprobada en la Comisión de Sistemas de Justicia que reforma el modelo de gobierno de la Defensoría Penal Pública (DPP). Los artículos que se despacharán al pleno, en búsqueda de los 2/3 para pasar al borrador de la nueva Constitución, modifican la figura -tal como se conoce en la actualidad- del defensor nacional.

Pese a que la comisión mantiene, el menos en el papel, la existencia de este cargo, lo deja con muy pocas atribuciones. En cambio, aprobó que la DPP deje de ser dirigida por un órgano unipersonal y pase a ser gobernada por un Consejo Superior. Esta nueva instancia “designará de entre sus integrantes a una presidenta o presidente, denominada Defensora o Defensor Nacional, y a una directora o director ejecutivo”. Un modelo casi idéntico al que quieren darle al Ministerio Público.

Todo el peso de la dirección de la DPP quedará en manos de este eventual Consejo. En cambio, el defensor nacional quedó relegado solamente a dirigir “las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública, representará a la institución ante los demás órganos del Estado, y tendrá las demás atribuciones que señale la ley”.

Sobre esta propuesta, Mora rechazó el diseño institucional despachado al pleno argumentando que no garantiza la autonomía institucional e introduce intereses políticos al gobierno de la organización.

“Hemos sido durante estos 21 años dos veces ganadores del premio de excelencia institucional como el mejor servicio, además de en múltiples oportunidades hemos sido finalistas. Esto da cuenta de que la figura del defensor nacional como figura potente, ha dado resultado”, dijo Mora.

La máxima autoridad de la DPP agregó de manera categórica que “lo que propone la Convención con respecto a crear un Consejo Directivo, que sería en un nuevo sistema de gobierno en la institución de la Defensoría Penal Pública, no nos parece razonable por varios motivos, uno de ellos es que se diluye la responsabilidad directiva, se arriesga una excesiva burocracia y, por último, existe la posibilidad de que la Defensoría se politice. Para nosotros es importante mantener la figura fuerte de un defensor nacional para que sigamos por esta senda que ha dado excelentes resultados”.

Los artículos que definirán la nueva DPP se espera que sean votados la próxima semana por el pleno de la Convención. En caso de que consigan los 2/3 del plenario, las normas pasarán a formar parte del borrador de la nueva Constitución.

Funcionarios de la DPP también manifestaron su rechazo a la idea despachada por la comisión. A través de su presidente Peter Sharp, la Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (Andfud) manifestó su preocupación y rechazo a la “creación del Consejo Superior en la institución”.

“Creemos que no es justo que se aplique, por efecto espejo, una institución que puede dañar –seriamente- la estructura institucional y la visión institucional, y que –además- pueda dar espacios para la creación de poderes fácticos al interior del Consejo; que rigidice la toma de decisiones de la institución para velar por el estado de derecho y, finalmente, que destruya la institucionalidad que tanto nos ha costado construir entre los trabajadores y los directivos de la Defensoría Penal Pública”, dijo, agradeciendo eso sí, “la moción de la autonomía constitucional”, dijo Sharp.

Por su parte, Pablo Sanzana, quien está a la cabeza de la Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile (ADEF), dijo que “creemos que este nuevo sistema de gobierno que dispone la Convención para nuestra institución, va a ralentizar y a diluir la toma de decisiones y va a enlentecer y a burocratizar nuestra institución”.

“No es lo más adecuado para una institución que se ha ganado un prestigio de excelencia durante estos 21 años que lleva de vida. Sin embargo, expresamos nuestra satisfacción y valoramos que la Convención Constitucional siga en la idea de otorgar autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública y también la idea de garantizar la prestación de la defensa pública a través de funcionarios de carrera y no bajo el sistema de prestación mixto”, reiteró, puntualizando que “igualmente, como ya lo hemos dicho, la figura del defensor nacional debe fortalecerse, siendo una figura que tenga poder de gestión dentro de la defensoría, pero que además tenga los contrapesos y controles adecuados de en la Constitución”, agregó Sanzana.