Democracia Viva: las respuestas de Montes ante versiones contrapuestas y cuestionamientos desde que estalló el caso

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha defendido su versión en más de una oportunidad desde que estalló el lío de platas entre fundaciones y reparticiones públicas, de que se enteró luego de que se conociera el caso el 16 de junio pasado. Sin embargo, la declaración conocida este miércoles de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, quien dijo que el secretario de Estado conoció del caso de Democracia Viva antes de que saliera en la prensa, lo contradice.

Según afirmó Rojas -quien fuera una de las primeras autoridades en ser removida de su cargo producto del escándalo- en su declaración ante la Fiscalía y PDI del 5 de octubre pasado, “el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

En esa misma línea, afirmó que “a su nueva pregunta, dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

Al testimonio entregado por Rojas, este miércoles se sumó la detención del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y de quien fuera la pareja de la diputada Catalina Pérez y representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, ambos exmilitantes del partido oficialista Revolución Democrática (RD), al igual que la parlamentaria que se encuentra con su militancia suspendida. Contreras y Andrade son investigados por distintos delitos de corte económico.

En conversación con Radio ADN, Montes abordó este miércoles la declaración de Rojas y manifestó que “lo único que le puedo decir es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo”.

El caso estalló el pasado 16 de junio cuando el medio Timeline de Antofagasta publicó un reportaje que daba cuenta que en dos meses, la fundación Democracia Viva -de la entonces pareja de la diputada RD Catalina Pérez- se adjudicó convenios por $426 millones.

Desde entonces, las versiones sostienen que antes de esa fecha las autoridades pertinentes no tuvieron información. Por ejemplo, el pasado 1 de diciembre, el ministro Montes, negó conocer la existencia de un informe enviado por el exseremi Carlos Contreras, quien aseguró que el 7 de junio envió un escrito sobre el convenio entre el organismo estatal y la fundación Democracia Viva.

“Yo desconozco lo que declaró Contreras si es efectivo... Yo me atengo a la información que tengo, yo conocí el día 16 de junio esto y el gobierno, no tengo nada más que agregar. Yo no tuve ninguna información al respecto de un informe que saliera desde Antofagasta, y si la Presidencia dice que no es así, yo lo creo completamente. Seguramente se va a investigar (si el informe salió), se está pidiendo que vean los archivos de la Seremi”, explicó el ministro, al tiempo que reveló que instruyó revisar los archivos de la Seremi de Antofagasta y así verificar el envío de dicho documento, lo que no ha sido conocido hasta ahora.

El mismo día también se le consultó si Rojas le reportó sobre algún informe, a lo que el secretario de Estado contestó que “no, no. No se informó porque es un procedimiento de trabajo, los subsecretarios se hacen cargo de distintos hechos, de distintas situaciones y la subsecretaria Rojas estaba investigando en ese momento”.

Con todo, la frase que más se le ha repetido al ministro militante del Partido Socialista (PS), es que no va a renunciar a su cargo en medio de la intensificación de las presiones por parte de la oposición para que dimita. De lo contrario, la intención de presentar una acusación constitucional en su contra volvió a repuntar entre los parlamentarios.

El pasado 13 de noviembre, Montes afirmó que “información previa hasta el 16 de junio yo no tuve. Antecedentes previos, en algún momento se habló de que RD estaba contratando mucha gente allá en Antofagasta. Mucho antes de todo esto, mucho antes de que se supiera de Democracia Viva y yo le pedí a la subsecretaria que lo investigara y me dijo que no era así”.

“Sin duda yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido”, ha señalado Montes en medio del lío de platas, como también que “uno tiene que asumir las responsabilidades”.

El pasado 20 de junio, a los pocos días de destaparse el caso de Democracia Viva, Montes estimaba que la situación revelada “da la impresión de un conflicto de interés”, lo que terminó con detenciones por fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos.

Esa jornada, también afirmó que “si el conflicto de interés tiene que ver con haber pasado a llevar a otras instituciones, lo vamos a saber con el informe, y si esta empresa fue puesta delante de otras no teniendo la expertiz para hacerlo, también lo vamos a tener claro en un rato más”.

Montes, además, criticó la decisión de optar por Democracia Viva, calificándola como un “descriterio”.

“Con los datos que tengo, hoy tendré un informe completo a mediodía, básicamente es un descriterio, de haber hecho las cosas sin medir las consecuencias de lo que se hacía”, expresó en conversación con El Diario de Cooperativa.

En esa ese momento, además comentó que no había irregularidades detectadas. “Irregularidades hasta el momento no tenemos detectadas. Supimos de esto hace tres o cuatro días, (...) el seremi nos presentó la renuncia el día viernes y el sábado en la mañana se le aceptó la renuncia”.

Dos días después, el 22 de junio, se enfrascó en una discusión pública con el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, a raíz que este afirmara que Tatiana Rojas le había advertido al secretario de Estado de las denuncias que iniciaron el caso vinculado a Democracia Viva.

“El presidente de RD se equivocó, entiendo que hará una aclaración, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena, ella va a seguir siendo (subsecretaria), porque la historia hay que conocerla mucho más en detalle porque había un proceso en marcha -que yo no lo conocía-, pero había un proceso de recabar información”, sostuvo en la oportunidad.

Tras la petición de renuncia a Rojas, concretada el 24 de junio, Montes señaló: “La primera noticia que tuvimos de que había una situación compleja en Antofagasta me llegó a mí, pero no sobre la fundación (Democracia Viva), que no tenía idea que existía, sino a partir de que había contrataciones en exceso. Le pedí a ella (Tatiana Rojas) que reuniera la información y eso no era en los términos que se planteaba. Después llegó la denuncia de los gremios”.

Y apostaba a que “esto no ha terminado, esto está empezando”.

El 3 de julio pasado, el ministro Montes abordó la petición de renuncia realizada por la oposición, que iniciaba su arremetida.

“Mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar, el Presidente (Gabriel Boric) es quien decide hasta el día en que yo estoy”, afirmó, lo que sostenido reiteradamente en el tiempo desde que estalló el caso.

En medio de las peticiones de renuncia, Montes afirmaba que el 4 de julio que “todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”.

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos”, explicó Montes.

Ese mismo día, afirmaba que “estamos en proceso de investigar esto porque no es claro cuándo se gestó, ni cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos, por qué dejó de haber licitación, o sea, nunca lo hubo; en segundo lugar, no hay garantías, por qué no hay garantías; y en tercer lugar, cómo se determinan los montos de los proyectos”.

Dos días después, Montes se retractaba y afirmaba que “no hay duda que los hechos ocurrieron durante este gobierno” y traspasó la responsabilidad al sistema que permitía este tipo de transferencias a entidades privadas.

A fines de julio, Montes señalaba que “tenemos que todos ver cómo mejoramos el sistema para adelante y este es un sistema que estaba instalado y el problema es la responsabilidad -tanto cuando era parlamentario como ahora- en haber permitido que un sistema de estas características se instalara sin haberlo enfrentado entre todos oportunamente”.

Convocado a comparecer en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a fines de agosto, el ministro Montes sorprendió a los presentes al pedir que parte de la sesión fuera secreta: “Tengo información que no puedo entregar públicamente”, dijo. Y luego añadió que se referiría a “personas específicas”.

La instancia elaboró un informe que ahora debe ser votado por la Cámara Baja, donde reprocha el actuar de la autoridad: “El ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma cómo se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión (es) constitutiva de reprochable inobservancia”.