Desde la oposición elevaron el tono en contra del Presidente Gabriel Boric, luego de que este jueves le cerrara la puerta a la idea de la oposición de reinstalar los tribunales militares. El Mandatario hizo alusión a una indicación de la derecha que se discutió durante la tramitación del proyecto de ley de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y que finalmente fue declarada inadmisible.

En concreto, la enmienda establecía la posibilidad de que fueran los tribunales militares quienes vieran los casos en que miembros de las Fuerzas Armadas o del orden estuviesen siendo juzgados por delitos en el marco de sus funciones. El propio gobierno -a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá- había manifestado sus reparos a la enmienda de diputados de RN, la UDI y Amarillos. Pero este jueves, Boric dio un paso más en una entrevista radial en Rancagua.

“Lo que nosotros hemos dicho es que en materia de competencia, que hoy día son de competencia civil, durante mi gobierno no se van a restablecer los tribunales militares”, dijo. Y agregó: “La justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos, y que durante nuestro gobierno, insisto, no se va a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y son de competencia de los tribunales civiles”.

El 4 de mayo pasado, cuando fue declarada inadmisible la enmienda, la propia Tohá valoró la decisión sobre el proyecto que ahora pasó al Senado a segundo trámite constitucional. Sin embargo, desde la oposición quedaron disconformes y arremetieron contra Boric tras su entrevista.

Uno de ellos fue uno de los autores de la indicación, el RN Diego Schalper, quien recalcó que “le comento al Presidente que los tribunales militares ya existen. Y tienen competencia en Estado de Sitio, que oficialistas pedían cuando tuvimos la tragedia de los Álamos. Hay que informarse más y tener respeto por la labor de los parlamentarios. No estamos en Venezuela”.

En la UDI, el jefe de bancada de los diputados, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “el Presidente Boric debe aprender a respetar la voluntad del Parlamento, y si logramos aprobar la indicación que hace que vuelvan los tribunales militares, va a tener que publicarlo”.

Mientras que su par republicano, Stephan Schubert, recalcó que hay que “informarle al Presidente que la justicia militar existe en la actualidad en muchos países del primer mundo y que no están en retirada. Es una justicia especializada para situaciones y casos especiales”.

En la tramitación en el Senado está pendiente el tema, pues lo que esperan los diputados opositores es que los senadores repongan esa indicación en la Cámara Alta. Para ello, algunos autores de la enmienda, como el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton, tenían contemplado hablar con algunos senadores sobre este tema.

De hecho, algunos senadores adelantaron que tenían intenciones de volver a promover la enmienda, con la intención de marcar el punto político. El senador de la Comisión de Seguridad Pública José Durana afirmó que “tenemos que generar las condiciones de que frente a cualquier hecho sean juzgados a través de tribunales militares”.

Y añadió: “No podemos utilizar a personas que van a cumplir un objetivo de dar seguridad y tranquilidad a personas si es que los van a someter a tribunales civiles en donde claramente hemos visto situaciones políticas que se entrecruzan cuando son juzgados por tribunales civiles, que ha ocurrido en los últimos años en Chile. Vamos a insistir en la indicación, es una señal que tenemos que dar para dar tranquilidad”.

El diagnóstico en la oposición es que la indicación inquieta a los tribunales civiles, ya que durante el último tiempo distintos referentes de la derecha -como José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (UDI)- han cuestionado el rol que juegan fiscales como Ximena Chong en la investigación de abusos policiales contra carabineros.

En ese sentido, los han acusado de ser imparciales y, por lo mismo, han promovido los tribunales militares. Sin embargo, en algunos sectores de las fuerzas del orden tampoco les acomodan la justicia marcial, pues la consideran más “dura”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), por su parte, planteó que se analice “cuáles son las medidas que se van a tomar para que la fiscalía tenga estamentos especializados en materia de asuntos militares”.

Otros senadores -en privado- recalcaban que no insistirían en reponer la indicación, siempre y cuando el gobierno se abra a negociar una fórmula intermedia.

En contraste, en el Ejecutivo se oponen a la medida, pues recalcan que es mala la señal de que operen tribunales militares en un contexto de democracia.