Desconfianza en el Estado: Tres miradas sobre un actor

María Jaraquemada es abogada y directora de Incidencia del Centro de Estudios Espacio Público. La profesional -que fue asesora parlamentaria y trabajó en la implementación de la Ley de Transparencia- asegura que los niveles de corrupción percibidos en el Parlamento (20%) no son una casualidad: "El Congreso se percibe como un lugar donde se está apelando más por los intereses propios que por el beneficio de los electores. Es un lugar donde muchas cosas son poco transparentes, hay sanciones bajas y no hay alguien externo como la Contraloría que los esté fiscalizando y sancionando", puntualiza Jaraquemada.

A juicio de la directiva de Espacio Público, la corrupción se confunde con la desconfianza producto de las ineficiencias de los organismos públicos. "A veces la gente desconfía de las instituciones y dan cuenta de que el Estado no responde a sus necesidades, y por eso a veces lo asocia con la corrupción, pero no es algo que necesariamente haya vivido", señala la abogada.

Una de las explicaciones que habría detrás de la mala percepción del Poder Legislativo se encontraría detrás del financiamiento irregular de la política: "El tema del financiamiento a la política los desprestigió mucho. El Congreso se percibe como un lugar donde solo están interesados por ellos mismos y los intereses políticos, que son pocos transparentes y que cuando cometen un error hay pocas consecuencias. Además se percibe que no ha habido cambios al respecto, lo que genera mayor descrédito". Una segunda tesis que plantea Jaraquemada es que a veces se "confunde la desconfianza general con las instituciones, que muchas veces no tiene que ver con corrupción, sino que es ineficiencia".

El abogado Ramiro Mendoza fue contralor general de la República entre 2007 y 2015. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su paso por el servicio público le permite reflexionar respecto a cómo la ciudadanía percibe al Estado, donde solo dos de cada 10 personas confían en él.

"Lo que está más perjudicado en Chile es la virtud de la confianza. Esto es una cuestión que está transversalmente dañada y hace que la fe esté perdida respecto a quienes tienen atribuciones de poder", asegura Mendoza. Además, según el sondeo, siete de cada diez encuestados tiene una evaluación negativa del Estado.

Sobre este punto, la exautoridad afirma que "hace bastante tiempo el mundo de las encuestas viene alineándose con esta desconfianza, con esta percepción de maltrato, de debilidades institucionales del ejercicio del poder político y de abuso en lo económico". Sin embargo, reconoce que se han "demorado" en reconocer esta situación, "y en usar la institucionalidad para mejorar la virtud de la confianza (...). Si no logramos mejorar esto, lo que hagamos desde el punto de vista de la oferta no lo van a creer los ciudadanos que se sienten agredidos".

Frente a las posibilidades que tiene el Estado para mejorar esta evaluación, el excontralor enfatiza que "tienen que ser muy cuidadosos con las ofertas de prestaciones de servicios públicos o de mejoras que se anuncian, porque si yo tengo ofertas que siguen siendo incumplidas, lo que voy a seguir teniendo, y cada vez con más profundidad, es una tremenda desconfianza respecto de quien tiene el poder".

Jeanette Von Wolffersdorff es ingeniera y exdirectora de la Bolsa de Comercio de Santiago. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal, institución que vela por la transparencia del gasto público. La especialista analiza el escenario chileno respecto a cómo la ciudadanía aborda las denuncias cuando se detectan casos de corrupción.

Según las cifras entregadas por el Consejo de la Transparencia, siete de cada diez personas denunciarían un hecho de corrupción si lo vieran o presenciaran. En cuanto a quiénes realizarían esta denuncia la cifra disminuye según el nivel socioeconómico. "Es preocupante que la disposición a denunciar casos de corrupción disminuya en estos casos. Esto se da porque probablemente se ven resignados y no ven ningún aporte en hacer una denuncia y que esto sea una aporte al sistema", sostiene Von Wolffersdorff.

"En servicios sumamente jerárquicos es difícil que la gente denuncie. La mayoría de las personas que podrían saber de irregularidades son principalmente los funcionarios públicos que están dentro del aparato estatal", explica la directora del Observatorio Fiscal. La experta, además, asegura que podría haber una relación entre el lugar donde ocurren los casos de corrupción y el 22% de las personas que afirma saber dónde denunciar.

Según Jeanette Von Wolffersdorff, un paso importante sería hacer "un llamado al Congreso para que cooperen al máximo, para que no solo se avance en la agenda social, sino que también cedan poder. Para recuperar la confianza del ciudadano no podemos seguir con la resistencia frente al cambio en materia política anticorrupción".