Desde críticas del Servel a amenazas de poner “en riesgo” la elección en dos días: Los reparos a la jugada legislativa para permitir la repostulación del alcalde de Renca

Pasadas las 23 horas del martes terminó de sesionar la Comisión Mixta que se encargó de resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al proyecto que busca que las elecciones del 11 de abril se realicen en 2 días.

En la instancia parlamentaria se repuso la propuesta del gobierno de que los comicios de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes se lleven a cabo el sábado 10 y 11 domingo 11 de abril de 2021. Esto, con el fin de fomentar la participación y evitar aglomeraciones -en medio de la pandemia- ante el gran número de candidatos que se postularon a dichos procesos electorales.

El proyecto para dividir las elecciones en dos jornadas había sido ingresado por el Ejecutivo la semana pasada, y si bien fue visado por los senadores, no corrió la misma suerte en la Cámara Baja, lo que gatilló su envío a la comisión mixta.

Ahora el informe de ésta última comisión deberá ser votado por senadores y diputados para poder convertirse en ley. En caso de que alguna de las Cámaras rechace el texto, la iniciativa se cae por completo.

Pero hay una normativa aprobada ayer en la mixta que podría generar complicaciones posteriores al proyecto de voto en dos días.

Se trata de una indicación que busca beneficiar a candidatos cuyas postulaciones fueron rechazadas por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) argumentando el incumplimiento de la Ley Antidíscolos, como es el caso del actual alcalde de Renca, Claudio Castro, quien se vio impedido de ir a la reelección por esta normativa.

Castro había renunciado a la Democracia DC el 26 de octubre de 2019, un día después de lo exigido por la ley, según la interpretación del Tricel, por lo que su postulación fue rechazada. El organismo rechazó también luego un recurso de apelación del alcalde. Así, en Renca quedó un solo candidato al municipio, el PRI César Monsalve, quien necesita solo un voto para ser electo.

La disposición para “salvar” a Castro había sido presentada inicialmente por sectores de la oposición durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, donde fue aprobada, pasando luego a sala, donde finalmente fue rechazada por los diputados.

En la mixta se volvió a instalar, ésta vez mediante una indicación que presentó el diputado Luis Rocafull (PS). Además de Castro, la iniciativa podría beneficiar a otras figuras políticas, como la candidata a alcaldesa por San Bernardo de la UDI, Amparo García.

“Las declaraciones de candidaturas independientes, hayan o no sido declarados por un partido político, al cargo de alcalde o gobernador regional, que hayan sido rechazadas por sentencia judicial del Tribunal Calificador de Elecciones, fundada en el incumplimiento del requisito establecido en la disposición trigésimo sexta transitoria de esta constitución (Ley antidíscolos), deberán ser inscritas por el director regional del Servicio Electoral que corresponda (...). Dicha inscripción deberá realizarse dentro de los dos días siguientes a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional. Contra esta inscripción no procederá acción, recurso o reclamación judicial alguna”, estable la indicación del diputado.

Rápidamente en la sesión del martes se produjo el reparo del nuevo presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, quien advirtió a los legisladores que cómo estaba escrita esa normativa, se podría producir una “injusticia”.

“Como está esta indicación deja entrar otras cosas que no tienen nada qué ver. Aquí podría suceder, por ejemplo, supongamos una persona que renunció a su partido, no el 26 de octubre de 2019, sino que el 26 de octubre de 2020, se le rechazó. El Servel rechazó muchas candidaturas de este tipo y muchos apelaron al Ter (Tribunal Electoral Regional) y otros llegaron al Tricel y otros no apelaron. Pero esos casos también podrían entrar, donde no estamos hablando del error de un día, estamos hablando que prácticamente anula la Ley Antidíscolos. O sea cualquier persona que haya sido rechazada su candidatura por esa ley siempre que haya llegado al Tricel quedaría a la larga adentro, mucho más allá de los dos casos que acá se han comentado (...). Aquí se produce una injusticia feroz. Los que pasaron por el Tribunal Calificador en su rechazo pueden entrar, los que no fueron al Tribunal Calificador no van a poder acogerse a esta disposición”, sostuvo Tagle.

Agregó, además, que “esto es una revisión de candidaturas muy, muy grande. No sabría dimensionar la cantidad de casos que pueden estar involucrados en esto”.

Por otra parte, en la sesión se produjo un largo debate de más de 40 minutos entre quienes apoyaban la indicación y quienes estaban en contra, antes de ser aprobada. Y se acordó, además, que esta disposición sea votada por separado respecto al informe de la mixta en el proyecto de voto en dos días que verá ahora el Senado.

La diputada RN, Karin Luck, aseguró que “no me gustan las indicaciones con nombre y apellido. Nosotros no podemos ir en contra de un tribunal electoral. Yo creo que el Tricel es como si fuera la (Corte) Suprema, que es el órgano máximo. Y nosotros no podemos ir en contra de los fallos, nos gusten o no”.

Una postura similar tuvo el diputado PS, Leonardo Soto, quien advirtió que de aprobarse dicha normativa, se ponía en riesgo el voto en dos días.

“Qué relación tiene esto, revivir candidaturas rechazadas por el Tricel, con las ideas matrices y fundamentales de este proyecto de ley. No tienen ninguna (...). Se está aquí alterando o se quiere alterar, las reglas del juego en la elección de la alcaldía de San Bernardo”, dijo.

“La competencia partió hace tres meses, prácticamente. Y hoy estamos a 31 días de la elección y se quiere sorprender a los cerca de 200 mil electores de San Bernardo avisándoles que la candidatura a alcaldesa de la UDI por San Bernardo, reviviría por esta ley. Usted se dará cuenta la sorpresa que va a causar cuando se den cuenta que no es un tribunal el que lo resuelve, sino una comisión mixta de parlamentarios de distintos partidos políticos”, complementó.

Y agregó que “también se produce un grave riesgo de que el proceso electoral completo no se desarrolle el 10 y 11 de abril (...) probablemente, van a haber recursos de naturaleza constitucional, porque aquí se pasan a llevar varias normas. La primera, aquí se está pasando a llevar una sentencia del Tricel. La Constitución prohíbe al Presidente y al Congreso inmiscuirse en procesos judiciales pendientes, pero también le prohíbe inmiscuirse en procesos judiciales terminados, afinados. Hoy se quiere cambiar una decisión judicial”.

Justamente, si la norma en cuestión llega a ser aprobada por ambas Cámaras, formaría parte de la Ley de voto en dos días. Y si alguien está en contra de dicha indicación, podría llevarla al Tribunal Constitucional, lo que demoraría, según temen algunos parlamentarios, la promulgación de la misma y por ende podrían no cumplirse los plazos necesarios para su implementación, pensando que falta menos de un mes para los comicios.

Esta semana, previo a que sesionara la mixta, el diputado y jefe de bancada RN, Sebastián Torrealba, había adelantado a La Tercera que, en caso de que la indicación se repusiera, su colectividad haría reserva de constitucionalidad.

“Si eso se lleva a la mixta vamos a hacer cuestión de constitucionalidad, porque esto escapa de la idea matriz del proyecto. La UDI y los que quieren salvar a Castro no pueden ser contumaces porque habría que llevar todo al TC y se estaría poniendo en riesgo una cuestión más importante que es la elección en dos días”, sostuvo el legislador en la oportunidad.

Los defensores de la norma, en tanto, argumentan que lo que se busca es solucionar un “problema” que el propio Congreso creó.

“Creo que esta indicación está completamente en regla, es específicamente restrictiva a casos que tienen que ver con esta Ley Antidíscolos y su espíritu y que hace justicia con lo que esperamos que sea el proceso electoral, un proceso participativo y que la gente decida”, sostuvo el diputado de Nuevo Trato, Pablo Vidal.

El legislador añadió que “en el caso del alcalde Castro, él renunció oportunamente al partido en el que militaba y luego, fueron cinco meses después que este Congreso cambió las reglas del juego”.

La senadora DC, Carolina Goic, complementó: “Quiero rescatar que aquí nos hagamos cargo de un error que cometimos. Y eso es súper importante. Aquí nadie busca vulnerar un tribunal. Lo que buscamos es en función del principio de participación y sobre todo, para cautelar la posibilidad de elegir de los ciudadanos de determinadas comunas, eso es así. Pero subsanar un error que es nuestro”.

En su intervención, y también en un hilo de Twitter publicado días antes, Vidal explicó por qué el caso del alcalde Castro se habría generado por un error del Parlamento, asegurando que en un minuto se acordó modificar la fecha de las elecciones por la pandemia.

En esa oportunidad, se decidió, según explicó, establecer como límite de la Ley Antidíscolos el 26 de octubre de 2019, cuando el plazo original era el 27 de dicho mes, redactando, además, la norma de forma confusa.

Esto, planteó, habría desencadenado en todo el problema y provocado el avance de esta norma en el Congreso.