Diputados piden comisión investigadora y evalúan acusación por irregularidades en Corte de Rancagua

Conversaciones informales derivaron en las últimas 48 horas en reuniones y hasta en la creación de un grupo de WhatsApp para coordinar acciones. Los diputados UDI Issa Kort y Javier Macaya, y sus pares Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Juan Luis Castro (PS), todos representantes de la Región de O'Higgins, decidieron iniciar una ofensiva fiscalizadora para indagar las irregularidades detectadas en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que tienen a los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz suspendidos de sus funciones por la eventual comisión de diversos delitos.

El primer paso de la estrategia comprometida entre los parlamentarios se dio este jueves, cuando ingresaron, con 86 firmas de respaldo, una solicitud para crear una comisión investigadora en torno al caso, instancia que deberá ser ratificada por la sala de la Cámara el próximo martes. Y, de concretarse, funcionaría por 90 días.

Adicionalmente, los cuatro diputados solicitaron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, con quien abordarán la problemática la próxima semana.

En opinión de los diputados, la situación por la que atraviesa el Poder Judicial en la región "es muy grave" y debe ser abordada con urgencia. "La gente tiene la sensación de que, efectivamente, los tribunales no ejercen como corresponde y no hay quién imparta justicia por las irregularidades que hoy existen", explicó Sepúlveda. En este sentido, Kort aseguró que "no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos actuar. No podemos quedarnos solo en el ámbito de la justicia, sino que también asumir la responsabilidad que le cabe al Congreso, y ejercerla".

"La ciudadanía en la Sexta Región está desolada, porque se ha perdido la confianza en un poder del Estado de manera devastadora. Eso implica tomar medidas que complementen la acción de la justicia, que tiene que ser eficaz y hasta el final, caiga quien caiga", agregó Castro.

Macaya, en tanto, sostuvo que "no podemos renunciar a ninguna acción, dentro de lo que está en el ámbito de la fiscalización de los diputados, para llegar a toda la verdad". Y ello podría significar, como tercer paso de esta estrategia, la presentación de una acusación constitucional.

Respecto de este mecanismo, sin embargo, Kort, Macaya y Sepúlveda expresaron mayor convencimiento, no así su par PS, quien sostuvo que debe consultar de ello a las instancias de su partido. Adicionalmente, expresó que "sería aventurado precipitar una acción que todavía no tiene delimitados los bordes de las personas que, eventualmente, puedan ser meritorias" de esta acción.

Para definir una eventual acusación -que podría ir dirigida solo contra Elgueta o también contra los demás involucrados-, los diputados de la UDI entregaron a Sepúlveda y Castro un informe redactado por el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, Carlos Oyarzún, quien afirma que "en atención a los hechos y a la causal establecida en la Constitución para los magistrados de los tribunales superiores de justicia, una acusación constitucional efectivamente tendría mérito". Para ello, se apelaría al artículo 52 N°2 de la Carta Fundamental, en torno a la causal de notable abandono de deberes.