Diputados cuestionan veto del Ejecutivo a la ley de Usurpaciones

Ya lo habían adelantado desde el gobierno y este jueves el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, lo confirmó. El Ejecutivo presentará sus observaciones - o “veto” en la jerga legislativa-, a la ley de Usurpaciones que fue despachada el 30 de agosto pasado por el Congreso Nacional. El objetivo, según indicó el secretario de Estado, sería “perfeccionar” el proyecto.

En definitiva, el gobierno tiene plazo hasta el próximo 29 de septiembre para presentar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, proyecto que forma parte del fast track legislativo acordado entre el Ejecutivo y el Parlamento.

En este caso, el gobierno presentaría un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

La decisión del Ejecutivo no cayó bien en algunos partidos de centro y de derecha. La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) emitió una declaración en la que plantean que la situación “se trata seguramente del veto más arbitrario y antidemocrático que hemos visto desde el retorno a la democracia”.

Los diputados destacan que la aprobación del proyecto en el Congreso “habla del alto nivel de acuerdo que existió en el Parlamento en la aprobación de esta ley”. Por ello, cuestionan el uso de la herramienta democrática por parte del Presidente Gabriel Boric.

“En efecto, la decisión del Presidente de la República encierra un camino destinado a dejar sin efecto la voluntad del Congreso Nacional, máximo depositario de la voluntad soberana”, dicta la misiva.

En esa línea, los parlamentarios cuestionan que el Mandatario “decide vetar el proyecto en su totalidad y lo hace en base a consideraciones de mérito o ideológicas, no por cuestionamientos constitucionales o referidos a la sistematicidad de la legislación objeto de modificación. Se trata seguramente del veto más arbitrario y antidemocrático que hemos visto desde el retorno a la democracia y se formula precisamente por quién dice enarbolar las banderas de la democracia”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), también fustigó al gobierno por no coordinar una acción legislativa de tal envergadura, de la que -dijo- se enteró por la prensa. “Ahora supimos que sería un veto sustitutivo y global. Lo lógico hubiera sido que el gobierno se reuniera con el titular del Senado y de la Cámara, ya que llevamos meses coordinando la agenda legislativa de seguridad”.

En ese escenario, el timonel de la Cámara Baja llamó al gobierno a “actuar con el mayor rigor, algo que ha estado por completo ausente en este episodio. La agenda de seguridad está saliendo adelante por el trabajo coordinado y conjunto de la presidencia de ambas cámaras con el Ejecutivo”.

Además, Cifuentes afirmó que “el gobierno no tiene de qué quejarse, porque ha tenido el mayor respaldo del Parlamento cuando ha actuado por la vía institucional”.

Desde Amarillos por Chile, en tanto, su presidente, el diputado Andrés Jouannet, se refirió a la decisión del Ejecutivo y planteó que, de aprobarse la medida, “no vamos a tener la ley”.

“El gobierno pretende presentar un veto sustitutivo al proyecto de ley que hemos aprobado recientemente en el Congreso, al proyecto de Usurpaciones. Lo que va a ocurrir es que ese veto no se va aprobar, pero finalmente se va a caer la ley”, señaló el parlamentario.

En ese sentido, el diputado indicó que, “en La Araucanía hay más de mil predios tomados, en todo Chile hay miles de terrenos y casas tomadas. ¿Estamos o no estamos por la propiedad privada? ¿Por la gente que se ha esforzado y sacrificado para tener terreno o su casa? Yo le quiero preguntar al Presidente de la República ¿De qué lado está?”, se cuestionó el diputado.