Ejecutivo califica informe de Amnistía Internacional sobre DD.HH. como "una campaña contra el gobierno de Sebastián Piñera"

Una lata respuesta realizó esta tarde el gobierno en relación al informe de Amnistía Internacional  (AI) que critica el rol del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.

Un  escrito, elaborado en el Ministerio de Justicia, señala que leyeron  "con detención" el informe y que les sorprende su "forma de presentación" tildándola -al igual como lo hizo más temprano el ministro del Interior, Andrés Chadwick-, de "carente de objetividad" y con un "marcado sesgo ideológico" y acusan a AI de realizar una "campaña" contra la administración de Piñera.

"Como gobierno, esperamos un tono franco, pero constructivo, tal como han sido los informes anuales tradicionalmente publicados por Amnistía. Desde esta perspectiva, este documento sorprende también por su propósito, señalado por Amnistía en su página web, como una campaña en contra del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, bajo las expresiones 'Piñera nos debe' y 'Pásale la cuenta'", sostiene la respuesta.

Además, afirman que lo descrito en el informe es "inaceptable" y que "no se condice con la lógica del diálogo constructivo al cual el sistema internacional de los derechos humanos ha convocado, y que debe existir entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil", por lo que invita a la ONG  a llevar adelante "un diálogo respetuoso y propositivo".

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Justicia afirma que es "difícil de comprender" la postura de AI, "tratándose de un gobierno que ha manifestado su irrestricto compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos", y que el informe  "omite deliberadamente los esfuerzos institucionales realizados por el Gobierno de Chile para investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, indicados por el mismo documento".

Según el gobierno, el informe "incurre en una confusión conceptual entre estándares de derechos humanos y el mérito de las políticas públicas", y pone en el tapete lo mencionado sobre  la decisión de no continuar el proceso constituyente, que según AI significa "en lo inmediato, un aumento en la deuda en materia de derechos". El Ejecutivo manifiesta que la organización realiza afirmaciones "genéricas carentes de evidencia"  en este punto y que "esta afirmación confunde el mérito de una política pública, con la eventual infracción de un estándar de derechos humanos, lo que es metodológicamente equivocado".

"Desde esta perspectiva, es perfectamente posible estar en desacuerdo con el mérito o la oportunidad de una política pública, sin que ello signifique afirmar que la misma infringe estándares de derechos humanos. Sin embargo, esta distinción no es considerada adecuadamente por el informe", replica el documento emanado desde Justicia.

El gobierno también cuestiona lo detallado en el informe sobre la situación de los migrantes en el país. El documento dice que existen "situaciones de discriminación y violencia en contra de personas migrantes y refugiadas", y apunta  la "preadmisibilidad de refugio" y el "proceso de regulación extraordinaria",  y que esto podría desencadenar "expulsiones colectivas".

"Es imprescindible aclarar que en Chile no existen expulsiones colectivas, pues tal como lo ha señalado el Ministerio del Interior, estas han sido de carácter individual, con análisis previo de cada uno de los antecedentes y ponderación de los mismos", sostiene.

El gobierno apunta a que AI en su informe aluda al cuestionamiento sobre las políticas migratorias que hizo la representante de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. en América del Sur en una presentación ante el CIDH, e indica que la representante para la región del organismo encabezado por Michelle Bachelet reconoció a autoridades del Ministerio del Interior que las afirmaciones efectuadas en la audiencia no contaban con antecedentes suficientes para concluir que en Chile expulsiones colectivas y que se habían cometido "errores de protocolo en su intervención".

Por último, el gobierno  dice que se trata de un documento "mezquino" al momento de reconocer los "avances" en materia de DD.HH. Alude que en muchos casos en la administración Piñera se ha concretado o dado continuidad a iniciativas impulsadas por la administración de Bachelet, y dicen asumir que esta omisión "fue adoptada debido al propósito del informe".

Además, creen que el informe "permanece silencioso" ante deudas en materia de derechos humanos que permanecían con anterioridad y los avances que –afirma La Moneda- se han logrado: "Resulta difícil de comprender que el informe ni siquiera de forma tangencial refiera los avances en resguardar los derechos de personas mayores; niños, niñas y adolescentes, y personas privadas de libertad".