El amargo cierre del año legislativo de la alianza de gobierno

Con una suerte de reto en público al Poder Ejecutivo terminó la sesión especial de la Comisión de Educación del Senado, realizada este miércoles en la sede de Santiago.

Fue la última actividad del Congreso, antes del receso del mes de febrero, que marca el fin del año legislativo.

La sesión -convocada para evaluar el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación (SLEP)-, culminó con un reproche al gobierno por entregar “puras generalidades” -dijo la senadora Yasna Provoste (DC)- y no dar cuenta de avances concretos.

“Me voy muy preocupada”, dijo Provoste al término de la sesión a la que asistieron la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña.

Este episodio se sumaba a una seguidilla de noticias ingratas para La Moneda y el oficialismo, que se fueron acumulando en los últimos días, como por ejemplo la aprobación del crítico informe de la comisión investigadora del caso fundaciones y la mayoría que logró la derecha en el Senado con Demócratas para imponer un mecanismo de mutualización de la deuda de las isapres.

Si bien las fuerzas de la alianza gubernamental han tenido semanas peores (por ejemplo, cuando se rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria, a inicios de marzo del año pasado), había expectativas de que el cierre del año legislativo iba a ser más promisorio para el Ejecutivo, sobre todo después del rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), el pasado 4 de enero.

No obstante, el despacho de la reforma previsional por parte de la Cámara, la semana pasada, ya había dejado un sabor amargo. Aunque esta iniciativa no corrió la misma suerte de la tributaria y logró pasar la valla de la idea de legislar (también llamada votación en general), el corazón del proyecto, el artículo que proponía una cotización adicional, a cargo del empleador, fue rechazada de cuajo debido a la decisión de los diputados de Demócratas de no apoyar al Ejecutivo en ese punto.

Al gobierno solo le faltaron dos votos. De hecho, en el Ejecutivo creían que las críticas del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, contra la senadora Ximena Rincón (Demócratas) terminaron por ahuyentar los sufragios que faltaban.

Esta semana, las noticias con sabor agraz continuaron. El lunes, el debate político se encendió con la revelación de que el diputado socialista Nelson Venegas, quien además era presidente de la Comisión de Ética, había dado positivo en el test de drogas que realiza aleatoriamente la Cámara. Se trataba del primer caso confirmado de un parlamentario en la historia del Congreso.

El legislador -quien renunció a la presidencia en Ética, ya que esta instancia resolverá las eventuales sanciones- justificó su positivo por haber consumido fentermina, un fármaco de la familia de las anfetaminas, pues estaba en tratamiento médico para bajar de peso. No obstante, él no declaró oficialmente esa situación y, en vista de que el resultado del examen es reservado, por ahora no hay confirmación de cuál fue la sustancia por la que dio positivo.

Adicionalmente, la diputada Emilia Schneider (Convergencia Social) se declaró en rebeldía y no se sometió al test por razones “políticas”, según dijo, a pesar de ser obligatorio. Por ello, la legisladora se arriesga a una multa de parte de la Comisión de Ética.

Ese mismo lunes en la tarde, el Ejecutivo sufrió un revés en el Senado en el debate de la llamada “ley corta de isapres”, luego de que esta nueva mayoría entre legisladores de derecha y de Demócratas incluyera una indicación para distribuir el peso de la deuda de las prestadoras entre sus afiliados (mutualización).

Aunque desde el gobierno y el oficialismo alegaron que la propuesta era inconstitucional, al inmiscuirse en un tema de seguridad social que es facultad exclusiva del Presidente de la República, este grupo de senadores opositores y no alineados “pasaron máquina”, según la jerga política, y aprobaron la cuestionada disposición. En esa jornada también se rechazaron dos medidas defendidas por La Moneda.

Si bien la ley corta fue despachada a la Cámara, obligará al Ejecutivo a tratar de corregir el texto y apostar a una tramitación más larga.

El martes, en tanto, la principal noticia ingrata estuvo en la sala de la Cámara con el mencionado informe de la comisión que investigó los traspasos irregulares de dineros fiscales a fundaciones ligadas a grupos políticos. Por este mismo tema, el ministro Montes ya había sorteado airosamente la acusación, por lo tanto, el resultado de esta nueva votación había perdido relevancia.

Aun así, el informe le asignaba al titular de Vivienda una “reprochable inobservancia”, por lo que para la oposición servía como premio de consuelo después del fracaso del libelo constitucional. Este documento finalmente fue aprobado por una amplia mayoría de 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones.

Lo sorpresivo del resultado fue un notorio desmarque de diputados oficialistas que se abstuvieron o derechamente no estuvieron para la votación, a pesar de que el martes sí estaban en el Congreso. Entre quienes no votaron figuraban, por ejemplo, Catalina Pérez (militancia RD suspendida), Luis Cuello (PC), Gael Yeomans (CS), Karol Cariola (PC), Alejandro Bernales (liberal) y Jaime Araya (Independiente-PPD). Maite Orsini (RD), por su parte, se abstuvo.

Adicionalmente, esta semana tampoco logró desatarse el nudo en el que se encuentra la bancada de senadores PPD, que está profundamente tensionada y dividida por quién debe ser el próximo presidente de la Cámara Alta. Al ser el segundo comité oficialista con más integrantes (6 senadores) le corresponde encabezar este año la corporación. Sin embargo, ni siquiera pudieron reunirse por estos días y la decisión quedó para marzo. Este es un tema que preocupa al Ejecutivo, ya que el perfil de quien asuma será clave para manejar los tiempos y los consensos que se necesitan para sacar adelante las reformas de pensiones, de Salud y las relacionadas con el pacto fiscal.

Una de las esperanzas del gobierno en estas semanas de enero era dejar avanzada la agenda de seguridad, que lidera la ministra del Interior, Carolina Tohá. Sin embargo, se logró despachar a ley solo una iniciativa más en lo que va de 2024.

Incluso, la reforma a la Ley Antiterrorista, que pudo haber vestido un poco más el avance de esta agenda, no alcanzó a votarse ni ser despachada a la Cámara. Este proyecto estaba en tabla para este martes en la sala del Senado y venía avalado por un acuerdo técnico entre el gobierno y los senadores de la Comisión de Seguridad. No obstante, no pudo discutirse.

Por el contrario, la agenda de la ministra Tohá quedó salpicada por otra iniciativa, empujada por la derecha para regular la revocación de las pensiones de gracia, que ya está en condiciones de ser votada por la sala de la Cámara, a pesar de que La Moneda prefiere tratar este tema por la vía administrativa y con un proyecto de ley propio.