El fantasma del caso convenios vuelve a acechar al gobierno a un mes del plebiscito

El término de los juegos Panamericanos Santiago 2023 -evento deportivo que de acuerdo a la encuesta Cadem del domingo pasado habría facilitado un aumento de 4 puntos en la aprobación ciudadana del Presidente Boric- dio paso a una semana compleja para el gobierno, en que la popularidad del Mandatario volvió a retroceder en la misma magnitud.

A la comentada comparecencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, ante la comisión investigadora de la Cámara, y posterior exposición del contralor Jorge Bermúdez, dando cuenta de que las irregularidades detectadas en las transferencias a la fundación ligada a RD Democracia Viva se replicaron como un patrón en todo el país y que se podía adicionar una nueva arista penal en la Región Metropolitana, se sumó la decisión de la diputada Catalina Pérez (RD) de romper su silencio y contar en entrevista con La Tercera Domingo, entre otras cosas, que se enteró del caso y puso en alerta al gobierno (a través de la entonces subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas) una semana antes de que estallara el escándalo el 16 de junio.

Los episodios han vuelto a poner en una incómoda situación no solo a Crispi, sino que también al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ayer, de hecho, la oposición intensificó sus emplazamientos a que el ministro socialista dé un paso al costado y en la bancada republicana dijeron que volverán a evaluar una posible acusación constitucional en su contra.

“El ministro debería haber renunciado hace rato. Es impresentable la falta de control en una cartera con un presupuesto tan grande. Nosotros mencionamos en su oportunidad que íbamos a estudiar una acusación constitucional. Eso quedó en standby y la verdad es que ahora, enterándonos de más detalles, es impresentable que Montes siga a cargo del ministerio. Por eso, reabrimos el estudio de esa acusación y la estamos analizando”, dijo el diputado independiente del comité republicano, Stephan Schubert.

El diputado republicano Agustín Romero confirmó que están analizando un eventual libelo y que de haber argumentos “lo apoyaría”.

“Si el Presidente no quiso sacar a Montes y el propio ministro se niega a dar un paso al costado, creo que las fuerzas democráticas representadas en el Congreso deben tomar cartas en el asunto a través de una acusación constitucional, acción que contaría con todo mi apoyo”, dijo por su parte la diputada (ex PDG), Yovana Ahumada.

Ante la nueva ofensiva contra Montes, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, salió en defensa del ministro de sus filas.

“Todos quienes participamos en política sabemos que hay responsabilidades, pero también hay que hacer justos, porque el ministro, tal como lo demostró en su momento, tomó las medidas adecuadas en cuanto tuvo conocimiento de los hechos”, dijo la máxima dirigente socialista.

En La Moneda, durante la semana también salieron a defender la actuación de Montes, apuntando a que la responsabilidad del caso ya fue asumida con la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas a fines de junio. En este contexto, el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, afirmó que “los ministros no son jefes de servicios” y que esta labor recae en los subsecretarios.

“Una lástima que su carrera pueda terminar así”

Desde la centroizquierda, el exdiputado Pepe Auth también abordó la compleja situación de Montes. “Creo que él debió haber culminado su impecable carrera política, renunciando en el momento en que se dio cuenta (del caso), diciendo con claridad ‘me decepcionaron’”, dijo en Mesa Central de T13.

“Es una lástima que su carrera pueda terminar en una acusación constitucional exitosa”, agregó Auth.

En Amarillos también respaldaron a Montes. El presidente y diputado de la tienda, Andrés Jouannet, dijo según lo que uno ha podido observar del caso es que el ministro “tomó las decisiones correctas” y que quienes no llevaron adelante las medidas que les correspondían de manera oportuna fueron Crispi y Rojas. “Y si no le informaron, el ministro Montes termina siendo el engañado”, argumentó.

Efecto en plebiscito 17-D

Más allá del curso que tome la ofensiva contra Montes y otros personeros del gobierno -en la oposición no todos están convencidos de una acusación constitucional contra el titular de Vivienda- el analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso, alertó que el caso convenios podría tener algún impacto en el plebiscito de diciembre y afectar la postura del oficialismo.

“Es un tema pendiente que probablemente se va a tomar la campaña del plebiscito de salida. Porque si la derecha quiere transformar esto en un plebiscito al gobierno, este es un tema que genera mucha rabia”, argumentó Valdivieso.