“Hemos tenido una buena tarde”, comentó la ministra del Interior, Izkia Siches, tras la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados que aprobó prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia para La Araucanía y el Biobío.

Por 119 de votos a favor -el mayor apoyo que ha logrado el Ejecutivo a sus solicitudes de prorrogar esta medida-, la sala había visado mantener a las FF.AA. en tareas de orden público y seguridad interna en estas regiones.

Sin embargo, durante la jornada, se dieron señales contradictorias por parte del oficialismo.

Una de ellas provino de la bancada de diputados comunistas, que se reunió el lunes, en medio de la sesión de ese día, y acordó pedirle al gobierno que esta fuera la última prórroga del estado de emergencia.

“Esperamos que no haya más estados de excepción... La militarización no puede ser la única forma, sino que también es una medida que debe ir acompañada intensamente de otras medidas de carácter social, para atender las demandas de la comunidades”, dijo la diputada PC Alejandra Placencia, quien fue designada como vocera de su comité.

La postura dio cuenta del cansancio que evidencian ciertas bancadas oficialistas, en especial del Frente Amplio y del PC, dado que cada 15 días están siendo sometidos a una fuerte tensión interna para votar estos estados de excepción (que tienen una vigencia quincenal), que mayoritariamente son resistidos por las fuerzas de izquierda.

Además, los debates ya se repiten por lado y lado. Incluso, desde la derecha ya han comenzado a dar muestras de hastío frente a la reiteración de discursos por este tema.

Sin embargo, el mismo Congreso entregó una nueva alternativa al gobierno este lunes y despachó a ley una reforma constitucional que faculta al Presidente Gabriel Boric disponer, sin demasiados trámites, de las fuerzas militares para custodiar “infraestructura crítica”, es decir, espacios y servicios públicos o lugares estratégicos como acopios de alimentos, centrales energéticas y establecimientos industriales y comerciales.

Consultada la ministra Siches respecto de la advertencia del PC, comentó que el gobierno está en conversaciones con las bancadas y señaló que están barajando la reforma sobre “infraestructura crítica” como alternativa al estado de excepción. “Esperamos en los próximos días evaluar su eventual utilización”, dijo.

Esta última medida tiene una ventaja, pues solo requiere prorrogarse cada 60 días ante el Congreso. Sin embargo, para su implementación hay dos problemas: 1) aún falta afinar algunos reglamentos asociados y 2) el Frente Amplio y el PC se resistieron a darle su apoyo el lunes pasado, lo que dejó al gobierno en un pie incómodo.

No obstante, en los sondeos realizados por los ministros que se desplegaron este miércoles en el Congreso, el gobierno recibió mensajes de que al menos colectivamente el PC y el Frente Amplio no pondrían reparos al uso de esta nueva facultad del Mandatario.

Un parlamentario frenteamplista, que prefirió el anonimato, señaló que el Presidente está en su derecho de recurrir a la medida. Ello no implica que igualmente desde el PC, el Frente Amplio y el PS surjan voces críticas, especialmente de parlamentarias de origen mapuche, de víctimas de violaciones a los DD.HH. en dictadura o de representantes de La Araucanía, que siempre han votado en contra de los estados de excepción.

Pese a ello, en la sesión de ayer en la Cámara, el gobierno cosechó un gesto positivo de la diputada PC Lorena Pizarro, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien por acuerdo de su bancada habló por primera vez de este tema en la sala.

“Durante mucho tiempo no supe si debía intervenir en este espacio, porque mi posición, en votación, no coincide con la propuesta del gobierno, pero sí coincide con el fondo de lo que busca este gobierno. No votaré a favor, pero sí entiendo y veo que hay propuestas para buscar soluciones”, agregó Pizarro.

La señal de la legisladora ayudó a descomprimir la votación registrada horas más tarde. De hecho, salvo por legisladoras como Pizarro, que por razones éticas siempre han rechazado, el gobierno logró acotar el número de disidentes entre sus filas. Así, en la ocasión, se contabilizaron solo ocho abstenciones (seis de ellas oficialistas) y ocho votos en contra (seis de ellos del PC y el Frente Amplio).

Además, otra curiosidad de la sesión fue el llamado explícito de diputados oficialistas de la Región de Los Ríos para que el gobierno extendiera la presencia militar a esa zona, en vista de los atentados registrados en La Unión y Máfil.

Incluso, Patricio Rosas, diputado independiente del Frente Amplio, se sumó al llamado. “Vamos a votar a favor una, dos, tres o las veces que han sido necesarias el estado de emergencia y esperamos que abarque a la Región de Los Ríos, si es que es necesario”, dijo.

“Es necesario enfrentar con mano firme los ataques delincuenciales”, comentó, a su turno, el socialista Marcos Ilabaca, quien fue el primero en plantear la necesidad de aplicar un estado de excepción en su región.

En su discurso en la sala de la Cámara Alta, el senador socialista Alfonso de Urresti, si bien no abogó directamente por extender el estado emergencia a Los Ríos, región a la que representa, pidió al menos reforzar la presencia policial. “No quiero señalar cómo ustedes disponen del estado de excepción”, dijo.

Frente a estas peticiones, la ministra Siches informó que en la reunión de evaluación que se realiza todos los jueves en La Moneda con la titular de Defensa, Maya Fernández, evaluarán los antecedentes.

En el Senado, la prórroga se aprobó por 36 a favor y dos abstenciones (José Durana y Francisco Huenchumilla).