“Evidente incapacidad”: la dura carta de diputados UDI a Boric en la que dan recomendaciones para enfrentar la “crisis migratoria”

Los diputados Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira, en representación de la bancada de la UDI, entregaron la mañana de este viernes una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric con recomendaciones “para enfrentar la actual crisis migratoria”. Esto porque, a juicio de los parlamentarios de la colectividad de oposición, el gobierno a demostrado una “evidente incapacidad” en esta materia.

De acuerdo al diagnóstico de la bancada gremialista, el país vive “uno de los escenarios en materia delictual más complejos del último tiempo, con hechos de violencia absolutamente inusuales, como los secuestros y homicidios cometidos a plena luz del día”.

Para argumentar el punto, en la misiva hacen eco la última Encuesta Nacional de Opinión Pública (CEP) dada a conocer esta semana: “Donde los chilenos no sólo manifestaron que la delincuencia, los asaltos y robos siguen siendo el principal problema que el gobierno debería enfrentar, sino que un 70% también coincidió en que la migración irregular “eleva los índices de criminalidad” en Chile. Asimismo, un 74% reconoció que su percepción de los extranjeros que han ingresado desde 2018 a la fecha es “peor” que la que tenían hace cinco años, mientras que un 42% sostuvo que se debería “prohibir toda inmigración” en el país”.

“Vemos con total preocupación e inquietud que las acciones anunciadas por su administración, en torno a controlar la grave situación que vivimos en nuestra sociedad, han resultado ser completamente insuficientes e ineficaces. Prueba de ello es la negativa que recibieron por parte de la narcodictadura de Venezuela para recibir un vuelo con la expulsión de 60 extranjeros de dicha nacionalidad y, peor aún, la defensa corporativa que realizó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Sr. Luis Thayer, quien en vez de cuestionar la determinación prefirió exculpar al régimen de lo acontecido”, dice la carta.

Y luego añade: “En virtud de la evidente incapacidad demostrada por su gobierno para enfrentar como corresponde la actual crisis migratoria y de seguridad que vivimos en Chile, es que como Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) venimos en proponer las siguientes medidas legislativas y administrativas, de manera que puedan ser adoptadas a la brevedad posible para así combatir de forma oportuna esta grave situación”.

En primer lugar, proponen establecer un centro de retención transitorio de extranjeros: “Frente al riesgo inminente de que los procesos de expulsión continúen fracasando, tal como ocurrió este jueves con el vuelo programado hacia Venezuela, es que nos parece absolutamente necesario la creación de un Centro de Retención Transitorio, ubicado en la zona norte del país, destinado a todos los extranjeros con órdenes de expulsión pendientes y los que han sido sorprendidos ingresando de forma irregular a Chile, con el fin de que permanezcan allí hasta que sus países de origen acepten su regreso”.

Como segundo punto, plantean disponer un mayor plazo para la detención de migrantes irregulares: “Considerando que la actual legislación establece que el plazo máximo de detención de un extranjero con orden de expulsión es de cinco días, lo que podría derivar, por ejemplo, en que los 60 venezolanos que debían ser deportados durante esta jornada sean puestos en libertad si es que, al cumplirse dicho período, no se ha concretado el respectivo proceso, presentaremos una reforma constitucional para ampliar el plazo de detención a diez días -con la posibilidad de extenderse por cinco más-, disponiendo así un tiempo suficiente para que las autoridades puedan concretar las expulsiones.

Por último, piden que se otorgue urgencia al proyecto de ley que obliga el Presidente de la República a expulsar a extranjeros condenados por robo, hurto y delitos relacionados con drogas: “Solicitamos al Ejecutivo patrocinar y otorgar máxima urgencia legislativa al proyecto de ley Boletín 15.203-07, presentado en julio de 2022, que obliga al Presidente de la República a expulsar, en un plazo máximo de 60 días, a todos los extranjeros condenados por robo, hurto o algunos de los delitos contenidos en la Ley 20.000, permitiendo no sólo descongestionar los recintos penitenciarios en el país, sino que también evitar que los extranjeros continúen delinquiendo al interior de las cárceles”.