Luego de un debate en CNN Chile con partidarios del “En contra”, el senador Matías Walker (Demócratas) publicó al día siguiente un video en sus redes sociales en el que reafirmó un punto que fue materia de discusión en dicho espacio televisivo.

La norma a la que hace referencia el parlamentario es sobre el derecho a la vivienda, que establece, entre otras cosas, que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.

A continuación del artículo se agrega la siguiente cláusula: “Las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse, en forma conjunta, en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia”.

Posterior al encuentro que tuvo el senador junto a la excomisionada Antonia Rivas (CS) y el exministro Francisco Vidal (PPD), donde ambos indicaron que aquellas personas de altos ingresos estarán exentas del pago de dicho impuesto, Walker afirmó lo contrario, cuestión que reforzó al día siguiente en su cuenta de X (antes Twitter).

El académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Bernardo Lara explicó que lo dicho por el senador es “impreciso”. A juicio del ingeniero, la cláusula que aborda la excepciones legales a esta norma “abre la puerta a que podría no haber tal exención para los más ricos”, agregando que “el problema es que eso requiere una ley aprobada”. Su respuesta apunta a una disposición transitoria en la cual se mandata al Congreso a tramitar “un proyecto de ley que contemplará mecanismos que permitan compensar la disminución de los ingresos municipales que eventualmente se generen” por la exención de este impuesto territorial. Es decir, solo cuando esta ley quede despachada, los recursos que dejen de recibir las municipalidades serán reemplazados por un nuevo fondo.

Consultado al respecto, Walker refrendó lo que dijo en su publicación, argumentando que “las constituciones establecen el principio y lo que establece la regulación queda al ámbito de la ley”.

Respecto a la aprobación del proyecto de ley que deberá aprobar el Congreso, el senador manifestó que esa es la razón de que la rebaja sea gradual -de un 20% por año- “precisamente para darle un tiempo a la ley de establecer esas compensaciones y es el legislador quien determina un corte de qué se entiende por altos patrimonios y altos ingresos”.

En un debate sobre el derecho a la educación realizado en TVN entre los exconsejeros Aldo Valle (Ind.-PS) y Sebastián Figueroa (republicano), el exrepresentante del Partido Republicano se refirió a la norma que constitucionaliza el financiamiento por estudiante en la educación escolar. Dicho modelo de financiamiento se conoce como voucher. En dicho canal de televisión, Figueroa aseguró que “el financiamiento por estudiante garantiza que el alumno esté en la sala de clases”.

Para la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, la frase no es correcta. “No es cierto y la evidencia más patente es que hoy día tenemos un financiamiento por estudiante y tenemos una tasa de deserción y de ausentismo gravísima”, dijo.

Eyzaguirre, además, agregó que “lo que se eleva a nivel constitucional hoy día rige a nivel legal y esta ley no garantiza que los estudiantes estén sentados en la sala de clases, porque estamos enfrentando un tremendo problema que es el ausentismo escolar y la deserción escolar”.

El académico de la Universidad Católica Ernesto Treviño, reforzó el punto de Eyzaguirre, añadiendo que “las escuelas no tienen mecanismos para reforzar la asistencia, y en la propuesta de nueva Constitución disminuye la injerencia de las escuelas al dar la primacía sobre el interés superior de los niños a los apoderados”.

Consultado por su frase, Figueroa reconoció que “quizás la palabra más precisa (para su frase) es promueve, incentiva o favorece. Garantizar no es la palabra más precisa”.

“En educación uno nunca puede simplificar los análisis a una sola variable. Todo hay que verlo en un conjunto, la deserción escolar es un problema que tenemos en el sistema educativo y que no responde solamente al financiamiento, tiene múltiples variables”, añadió el exconsejero.

En el marco de una conversación con un medio de comunicación ligado al Partido de la Gente (PDG) -colectividad que se inclinó por el “A favor”-, el diputado Luis Fernando Sánchez (republicano) aseguró que el texto redactado por el Consejo sería el primero que “reconoce derechos penales y derechos procesales básicos para la víctima y para el investigado”.

Esta afirmación, sin embargo, es falsa al comparar la propuesta del Consejo con la Constitución vigente, pues este último texto sí contiene normas sobre garantías procesales penales, en su extenso artículo 19 sobre derechos.

“Es categóricamente falso respecto de los derechos procesal penales y parcialmente falso respeto de los derechos procesales de la víctima”, dijo el académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Javier Couso.

Citando uno de los numerales del artículo 19, el abogado explicó que “en países desarrollados típicamente se declaran esos derechos, pero luego se dejan a los códigos procesales penales el detallarlos. En la Constitución chilena vigente, sin embargo, existe mucho mayor ‘detallamiento’ constitucional en esta materia”.

El también académico de la UDP Mauricio Duce, opinó lo mismo y agregó que “la Constitución vigente tiene derechos penales y garantías reconocidas para el investigado (la de 1925 también), e incluye desde 2011 también algún derecho de las víctimas”.

El diputado Sánchez, consultado por este medio, reculó en sus dichos y sostuvo que “no me refería a que no hay ninguna referencia a los derechos de una persona investigada en el marco de un juicio, lo que yo estoy diciendo es que aquí hay un nivel de desarrollo de los derechos penales dentro del marco de investigaciones penales que no se había visto antes en la historia constitucional en Chile”.

En ese sentido, añadió que hizo referencia a la Defensoría de las Víctimas, la fiscalía supraterritorial y la policía fronteriza.

En un debate radial, el exconsejero Antonio Barchiesi y el exconsejero Alejandro Köhler (Ind.-PS) debatieron sobre cómo quedó la Defensoría de las Víctimas, una de las innovaciones en materia de seguridad que quedaron reguladas en la propuesta. En ese contexto, el exdelegado socialista aseguró que si bien valora la creación de dicho organismo, “más bien complica la aplicación de la defensa de las víctimas, porque categoriza erróneamente y prioriza más bien a víctimas de graves delitos y deja afuera, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, el abuso a los niños”.

Lo indicado por Köhler resulta falso respecto de lo que se señala en el artículo 16 del texto del Consejo: “La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas”.

La abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad Finis Terrae, Militza Glasinovic, afirmó que la frase del exconsejero “se debe a una mala interpretación del artículo 16 n° 6 letra c) del proyecto constitucional”. Dicha norma lo que hace es señalar que “la ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas”.

Glasinovic agregó, además, que el capítulo especial que crea la Defensoría de las Víctimas, “establece la representación jurídica a las personas que así lo requieran sin hacer distinción del tipo de delito del cual sean víctimas”. En consecuencia, añadió la abogada, “las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y el abuso de los niños no quedán excluidas de su derecho a defensa y representación.”

A través de su cuenta de X, la excomsionada Antonia Rivas (CS) se pronunció sobre el diseño del sistema político comparando los dos textos que se redactaron en el proceso constitucional, el de la Comisión Experta y el del Consejo. En ese contexto, la abogada y antropóloga aseguró que “todas las mejoras para el sistema político que hizo la Comisión de Experta desaparecen en el texto que se plebiscita en diciembre”.

Sin embargo, al comparar dichos textos, la afirmación de Rivas omite que las normas que se encontraban en el anteproyecto sobre el umbral electoral del 5% y la pérdida de escaño para quienes renuncian a su partido político -ambas herramientas pensadas para combatir problemas del sistema político- el Consejo no las eliminó y optó por mantenerlas.

Pese a que no fueron eliminadas, el umbral quedó lleno de excepciones, entre ellas, la barrera se puede conseguir con el 5% o sumando al menos ocho parlamentarios. Además, la regla se aplica gradualmente, en la primera elección el umbral será de 4% y la excepción de parlamentarios baja a cuatro.

Pese a que el órgano redactor mantuvo dichas herramientas, sí eliminó otras normas que venían en el anteproyecto, como, por ejemplo, las órdenes de partido, la pérdida de escaño en caso de expulsión o la concurrencia de la segunda vuelta presidencial con la elección parlamentaria.

Consultada al respecto, la excomisionada señaló que “desaparecen las órdenes de partido, y pérdidas del escaño por expulsión, sobreviviendo sólo la renuncia, que en nada incentiva evitar el transfuguismo político, y desdibuja el objetivo común que se había establecido la Comisión Experta”.

Sin embargo para Rivas, pese a que las normas no desaparecen en su totalidad, sí quedan debilitadas: “En términos prácticos, la excepción hace desaparecer la regla. Eso es común en derecho. Hay que juzgar las normas sobre el diagnóstico de la hiperfragmentación y transfugismo político. Ni la renuncia, ni la fusión de partidos poselecciones ayudan a evitar la hiperfragmentación o el discolaje o transfuguismo. Tampoco las excepciones”.

En entrevista con La Tercera, el senador Rojo Edwards (republicano) afirmó que el texto del Consejo “crea un Estado Socialista”. Dicha frase además ha sido repetida por el militante del Partido Republicano en sus redes sociales.

Sin embargo, dicha aseveración es falsa, pues corresponde a una interpretación incorrecta que hace el parlamentario de la cláusula que establece que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho”.

El término “social”, alojado en dicha cláusula, genera ruido en un sector de la derecha y Edwards ha aprovechado de explotar este punto.

Sin embargo, la frase del senador no sería correcta. “La idea contemporánea de Estado social buscó precisamente diferenciarse del concepto de Estado socialista. Es cierto que en su origen en el siglo XIX el Estado social fue asociado por muchos a la visión socialista, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se consolidó una interpretación del concepto que ya no guarda ninguna relación con un Estado socialista”, explicó el académico de la Universidad Católica, Felipe Bravo.

Consultado por La Tercera, el senador Edwards abordó sus dichos.