Felipe Harboe, senador del PPD: “El Senado no es un buzón de las acusaciones constitucionales que se impulsan en la Cámara”

A tres días de que el Senado comience a revisar la acusación constitucional contra el ahora suspendido intendente Felipe Guevara (RN), el senador PPD Felipe Harboe recuerda que cuando él ejerció como subsecretario del Interior les decía a las autoridades regionales que las medidas de seguridad "se aplican y no se anuncian".

En ese sentido, el parlamentario señala que en el caso del exalcalde -a quien se le imputa haber impedido el derecho a reunión con la estrategia de "copamiento" en Plaza Italia- su error fue justamente hacer un anuncio. Además, el senador defiende el rol de las autoridades para "garantizar niveles de seguridad".

"Este no es un tema de una autoridad, esto tiene que ver con una legislación inadecuada", dice.

La semana pasada usted declinó ser el candidato de la oposición a la presidencia del Senado. ¿Por qué?

A la política hoy le hace falta que los liderazgos tengan gestos concretos de desprendimiento de poder. En general, no hay acciones así, y además tenemos que saber leer los momentos en que estamos. Hoy la sociedad está aclamando por mayor paridad y participación de las mujeres en espacios de decisión, y así lo entendí yo. Por tanto, tomé la decisión de declinar mi postulación a la presidencia del Senado en favor de una compañera con quien hemos trabajado muchos años juntos, una amiga, que es Adriana Muñoz.

Se dijo que todo se trató de un conflicto entre usted y el senador Guido Girardi (PPD). ¿Fue así?

Nosotros tenemos un conflicto con el senador Girardi o, más bien, muchas diferencias. Tenemos prácticas distintas de hacer las cosas, pero hoy no tengo tiempo para pelear ni para discutir cuotas de poder.

Parte del PPD decía que el cupo era suyo y también se transmitió que usted intentó que eso fuera así. ¿Hubo apoyo del partido?

Aquí hubo un acuerdo tomado al principio de la legislatura, que la propia senadora Muñoz lo dijo públicamente. Pero, insisto, los acuerdos pueden revisarse cuando hay momentos que ameritan. Y analicé, junto a mi familia, que era un tema importante. He estado desde el 18 de octubre muy fuera de mi región, porque he estado dedicado a tratar de aportar gobernabilidad a este país, y esto va a permitir también que retome mis funciones con mayor fuerza allá.

En la oposición hay preocupación por grupos "extremos" que con sus declaraciones "ayudarían a la campaña por el rechazo" en el plebiscito de abril. ¿Comparte esa opinión?

No me cabe ninguna duda que las palabras del señor Luis Mesina de No+AFP o las acciones del diputado Hugo Gutiérrez (PC) van a ser utilizadas por la franja del rechazo, pero lo que hay que tener claro es que una gran mayoría de los que creemos en la democracia y en la necesidad de tener una nueva Constitución no avalamos ningún tipo de violencia ni tampoco pretendemos que la instalación de una convención constitucional signifique el término de las autoridades establecidas. La ciudadanía eligió a un Presidente, a parlamentarios, a alcaldes, y no hay condiciones para cuestionar sus mandatos.

¿Y cree que esos grupos están "empañando" la opción del apruebo con violencia?

Evidentemente, no ayudan en nada, pero hay que entender que el señor Gutiérrez pertenece a un partido que no quería el acuerdo constitucional. Aquí hay varias oposiciones y hay mucha estridencia de parte de esos grupos, pero tienen poca influencia y poca gente que los siga. Gritan más, pero no tienen más seguidores. Estas son acciones bien irresponsables, y a la gran mayoría de la centroizquierda no la representan.

El Frente Amplio amenazó al ministro Blumel que lo acusarían constitucionalmente si no saca al general director de Carabineros. La próxima semana ustedes revisarán el libelo contra Guevara. ¿Se debe seguir impulsando estas acciones?

Uno puede tener críticas políticas sin la necesidad de usar la acusación constitucional como la forma de expresar un rechazo. Los diputados están en su derecho a ejercer las acciones constitucionales, pero deben entender que los senadores estamos en nuestro derecho a aprobarlas o rechazarlas en su mérito y, por tanto, el Senado no es un buzón de las acusaciones que se impulsan en la Cámara.

¿A qué se refiere con un "buzón"?

Cuando alguien dice "le damos un ultimátum porque o si no, lo vamos a acusar", usted podrá hacerlo, pero distinto es que tenga la respuesta en el Senado que quiere. Las acusaciones constitucionales presentadas en la Cámara no están garantizadas en el Senado.

Se ha planteado que los senadores que fueron intendentes deberían inhabilitarse. ¿Qué le parece?

En absoluto, no tiene lógica.

Usted fue subsecretario del Interior y de Carabineros. ¿Se hablaba de la estrategia de "copamiento" en ese tiempo?

Cuando ejercí el cargo de subsecretario del Interior tenía una norma que se la expresaba a todos los intendentes y gobernadores: las medidas de seguridad, para que sean eficaces, se aplican y no se anuncian. Aquí el anuncio generó toda una expectativa y un enfrentamiento. En consecuencia, se cometió un error desde ese punto de vista, pero evidentemente las autoridades tienen que garantizar los niveles de seguridad. Lo que se ve hoy en Plaza Italia es la no vigencia del Estado de derecho. Vaya a ver lo que hay en las veredas, que están completamente rotas, ahí hay organización, hay gente que alimenta a los que causan violencia, hay gente que está dotando de pedazos de material, hay gente que va a saquear y hoy, más encima, han llegado okupas a los inmuebles que han sido saqueados y quemados. ¿Quién les responde a esos vecinos, a los de la Torre San Borja? ¿Quién les responde a ellos? Perdóneme, pero las personas que andan saqueando y quemando locales, esa gente le da lo mismo la reforma previsional, el salario mínimo. Eso es otra cosa, eso es afectar propiedad privada de pequeños locatarios, ahí no hay grandes empresarios. Ahí el gobierno también ha actuado de manera muy negligente.

¿Es válido el "copamiento"?

No voy a responder eso, lo que digo es que las estrategias que se requieren para poder restablecer el orden público hasta el momento no han dado resultado.

¿Y cómo se restablece?

No podemos hacer sinónimo a seguridad y orden público con violación a los DD.HH. La seguridad y el orden público son plenamente compatibles con el respeto a los DD.HH. cuando las cosas se hacen bien. Aquí las cosas se han hecho mal y el gobierno tiene que entender que de una vez por todas tiene que gobernar. Y gobernar significa identificar quiénes son y quiénes están detrás de la organización que se dedica a saquear y destruir. Ha habido una falta de capacidad de inteligencia, enfrentamientos completamente inútiles y otros que se han dejado hacer. El gobierno lo ha hecho muy mal en materia de orden público.

¿Y cree que la oposición ha exagerado respecto a este tema?

Por supuesto. Hay un conjunto de gente también que busca inhibir las medidas de seguridad, planteando que el derecho a quemar algo está casi en el derecho a la manifestación.

El gobierno afirmó que si se aprueba la acusación podría quedar el precedente de que ninguna autoridad puede hacerse cargo de la seguridad pública. ¿Lo ve así?

No me voy a referir a la acusación constitucional en particular.

Va más allá del particular. ¿Quedaría el precedente?

Podría ser, pero vuelvo a insistir, aquí lo que se requiere es de una vez por todas hacer una profunda reforma también a la legislación. Por eso, con el senador Jaime Quintana presentamos un proyecto para que se garantice la libertad de reunión, pero que compatibilice con la tranquilidad y la paz social. Este no es un tema de una autoridad, esto tiene que ver con una legislación inadecuada.

¿Cómo ha visto a la oposición frente al proceso constituyente?

El 2020 es clave que tengamos la capacidad de buscar puntos de encuentro y de elegir a los mejores para la convención constitucional. Ahí tenemos que tener la capacidad de encontrar acuerdos para tener una Constitución con vocación de estabilidad, que sea democrática y no pretender pasar la aplanadora. Y espero que en marzo el mundo político tenga la convicción que se requiere enfrentar la violencia y no legitimarla como una forma para las transformaciones.

¿Eso se lo plantea a la oposición o a Chile Vamos?

A la oposición. Y en el caso de la derecha, tienen que entender que de esta crisis no vamos a salir con más policías y con más penas, de esta crisis vamos a salir con una agenda social, de recuperación económica y con capacidad de gobernar, que es lo que les ha faltado. La derecha perdió el atributo de la gobernabilidad y hoy no la garantiza. Es por eso que la centroizquierda democrática tiene que organizarse en función de pensar el país que viene. Nosotros somos los llamados a recuperar la gobernabilidad que perdió la derecha.

Usted presentó una reforma a Carabineros y el gobierno también. ¿Están en conversaciones?

Le entregamos al Presidente de la República, al de la Corte Suprema y del Senado una propuesta que tiene una virtud muy importante, que más de 30 especialistas de diferentes colores políticos se juntaron a pensar la estructura policial del siglo XXI. Esto implicará tomar definiciones importantes, basadas en ciertos principios, como el respeto a los DD.HH. Adicionalmente, creemos que tiene que hacerse un Ministerio de Seguridad Pública, con una persona que se dedique 24/7 a esto, y separarlo de la jefatura de gabinete, que en la práctica se ha demostrado que son prácticamente incompatibles.