Fin del “fair play” de la Comisión Experta: comisionados se entrampan en discusión por Estado social ad portas de ingreso de normas

Justo antes de que el pleno de la Comisión Experta se reuniera para recibir al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -integrada por Alejandra Krauss (DC), Alexis Cortés (PC), Flavio Quezada (PS), Jaime Arancibia (Ind.-RN), Teodoro Ribera (RN) y Bettina Horst (Ind.-UDI)- se reunió a primera hora para seguir acercando sus posiciones con miras a ingresar sus primeras normas este jueves antes de las 23.59 horas.

La cita fue igual de tensa que los encuentros que ya había tenido la instancia que preside Krauss durante la semana pasada. La subcomisión se ha reunido al menos otras tres veces antes -todas de manera privada- para que los comisionados transparenten sus posiciones y empiecen a negociar sus normas. En cada una de esas citas, a pesar de que siempre prima el buen ambiente y el diálogo, los expertos han tomado duras posturas a favor de sus ideas.

Mientras el oficialismo exige un “Estado social robusto” con una buena regulación en el derecho a la salud, educación, seguridad social, vivienda, trabajo decente y la libertad sindical, la oposición está firme en defender un Estado social que garantice la libertad de elección y sea compatible con el principio de subsidiariedad.

En la cita de este lunes volvieron a comparar las normas que cada sector ya ha redactado y, tal como ha sido la tónica de la última semana, hubo pocos avances. Además, nuevamente los comisionados se entramparon en la discusión que los mismos expertos han catalogado como la más ideológica de todas.

Fuentes de la subcomisión comentan que la principal piedra de tope está en la exigencia de la derecha de elevar a rango constitucional la libertad de elección de los cotizantes en materia de salud y previsión social. Esto ha recibido el rechazo por parte del oficialismo, sector que ha dicho que esa pretensión es incoherente con un Estado social y con el principio de solidaridad.

Sin embargo, desde la oposición argumentan que sí sería compatible, ya que en el fondo lo que se estaría diciendo es que cualquier componente de solidaridad deberá ser con cargo a los impuestos generales del Estado, sin tener que echar mano de la contribución personal que hace cada persona.

El oficialismo, que no pretende ceder el punto, ha propuesto no dejar esto amarrado en la nueva Constitución y que quede en manos del legislador, es decir, de la ley. Esa alternativa tampoco satisface a la derecha, ya que los comisionados de este sector quieren asegurarse de que el Estado no pueda echar mano de las cotizaciones para generar solidaridad.

La discusión este lunes fue de tal intensidad que, según más de tres fuentes de la Comisión Experta, la comisionada Horst se molestó al punto de que se paró y se retiró de la reunión debido a un encontrón que habría tenido con Krauss.

Pese a que el altercado fue superado -ambas comisionadas estuvieron conversando después de almuerzo en el patio de la Cámara en Santiago-, en el oficialismo hay preocupación por los escasos avances que ha tenido esta subcomisión.

Fuentes de ese sector comentan que la posición de la derecha es muy rígida y que las ideas que ha defendido Horst “son incluso peores que las de la Constitución vigente”. Otro experto oficialista comenta que esta discusión es el corazón mismo del nuevo texto constitucional y que “es normal y previsible” que en un contexto de especialistas el debate sea arduo. “Estas disputas son propias de cualquier cambio constitucional”, añade otro comisionado.

Otro experto del oficialismo, que no ve con tanto positivismo la discusión, asegura que la derecha “pretende constitucionalizar lo que ha sido el derrotero de la Constitución de 1980″ y que en esos términos ve muy complejo llegar a normas de acuerdo entre esos seis comisionados. Más aún cuando no han llegado a discutir otros temas que también serán complejos como, por ejemplo, la titularidad sindical en la negociación colectiva.

El objetivo es que de aquí al jueves los seis subcomisionados puedan acordar normas para ingresarlas. Ante el adverso escenario los expertos barajan tres opciones. La primera y menos probable, es que en estos días despejen sus diferencias e ingresen un solo pack de normas y todas en acuerdo. La segunda opción, y más probable, es que envíen el mínimo de normas y las diferencias queden para las indicaciones. Finalmente la tercera opción, y que será reflejo del fracaso de este momento previo de discusión, es que no ingresen ninguna norma en común y cada sector envíe sus propias propuestas de artículos.

Una discusión similar, pero más filosófica, es la que se está dando en la subcomisión de principios, derechos civiles y políticos que integran Máximo Pavez (UDI), Carlos Frontaura (Ind.-Republicano), Marcela Peredo (Ind.-RN), Verónica Undurraga (Ind.-PPD), Catalina Lagos (PS) y Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS).

Aquí, en términos más generales, también se está viviendo una disputa importante entre el oficialismo y la oposición que gira en torno al Estado social y el principio de subsidiariedad. El oficialismo reconoce cierta frustración en el grado de avance, ya que, comentan en privado, no han logrado destrabar los nudos principales.

Una fuente del sector afirma que hoy hicieron entrega de una cuarta propuesta en materia de principios, derechos y libertades, pero ven poco probable que vaya a tener buena recepción por parte de la oposición, ya que esa ha sido la tónica de todas las reuniones. Las discusiones más duras de la subcomisión, al igual que la instancia que preside Krauss, han sido todas en privado.

En el oficialismo resienten que se quiere explicitar la subsidiariedad, que no se esté aceptando el principio de la democracia paritaria, que la derecha no quiera hablar de familias en plural, que la oposición insista en libertad de elección y el principio de Estado servicial.

En la oposición además comentan que la gran disputa está en la primacía de la persona, es decir, que se deje en claro que en primer lugar está la persona y luego viene el Estado. Esto, comentan las mismas fuentes, para que no haya dudas de que es el Estado el que está al servicio de las personas y no las personas al servicio de éste.

Otro comisionado de la oposición agrega que una de sus grandes batallas es que quede bien regulada la sociedad civil para evitar que se produzca un “estatismo constitucional”. Cada sector tiene escritas sus normas. Incluso hay algunos artículos que tienen redacciones alternativas, pero hasta el momento nada satisface a ninguno de los dos lados que integran la subcomisión.

El debate que se está dando en ambas instancias, según todos los expertos consultados para esta nota, es un reflejo de que la verdadera batalla política no va a estar en los “asuntos orgánicos” -como el sistema político o los órganos autónomos-, sino que en lo que será el corazón del modelo que se está trazando para el anteproyecto constitucional.

Aún quedan días para lograr separar las diferencias, centrarse en los puntos de acuerdo y dejar ingresadas las primeras normas. Si los expertos logran hacer eso con éxito, la verdadera negociación política vendrá al momento de armar las indicaciones.