Fiscalía ofició a Segpres ante denuncia de diputado del Partido Republicano por impresiones de propuesta constitucional

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ofició al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para solicitar a la cartera encabezada por Giorgio Jackson antecedentes en el marco de la indagatoria de un presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.

Esto, ante una querella acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, que cuestiona el uso de fondos que superan los $ 400 millones.

“En relación a los hechos denunciados mediante querella que se adjunta, se solicita informar a esta fiscalía vuestras apreciaciones sobre éstos y las justificaciones legales que pudiere aducir vuestro organismo ante ellos”, dice el oficio al que tuvo acceso La Tercera.

Se informa también que “la información requerida deberá ser remitida dentro del plazo de 30 días, contados desde la recepción del presente oficio”

Al respecto, desde la Segpres señalaron que el Ministerio Público les hizo llegar el documento “solicitando las apreciaciones sobre la investigación que lleva adelante, iniciada por la querella presentada por el diputado” y que van a “prestar toda la colaboración y antecedentes disponibles para esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas sobre este punto, cumpliendo además con los plazos requeridos”.

En el Ministerio Público, en tanto, habían transmitido que se requirió la información para conocer si realmente se hizo la compra de ejemplares del texto constitucional, cómo se concretó y en base a qué criterio se adoptó esa decisión.

Durante la tarde, el fiscal nacional, Jorge Abbott, fue consultado al respecto, frente a lo cual manifestó: “He conversado con el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien me ha indicado que lo que le han solicitado a la Segpres es información respecto a la veracidad de la existencia de la adquisición de los textos legales en cuestión y cuál es la justificación legal. Ese es el sentido de la información que se ha solicitado”.

Añadió que “la investigación está en etapa inicial” y que “lo que se ha pedido es información inicial en términos de que si es efectivo el hecho de la adquisición, y luego cuál es la justificación legal para luego ver si se encuadra dentro del marco legal y si eventualmente aquello puede ser constitutivo de algún delito en particular como señalan los querellantes (...) En este caso el Ministerio Público tiene que reunir todos los antecedentes necesarios para poder luego tomar alguna decisión respecto de la querella que ha sido presentada y aceptada a tramitación por los tribunales de Justicia”.

Consultado por los tiempos de investigación, considerando que restan pocas semanas para el plebiscito, respondió que “la sanción de un eventual delito cometido por un funcionario público no tiene ninguna relación con un plebiscito. En consecuencia, la investigación tendrá el tiempo necesario para poder tomar una decisión fundada”.