Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible llama a votar Apruebo: “Las demandas ciudadanas están ampliamente recogidas en el borrador”

Nueva Constitución borrador

La organización, que agrupa a un centenar de profesionales de centroizquierda, destacó que "no existe una tercera opción" en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, e indicó que “un hipotético triunfo de la opción rechazo llevaría a mantener vigente una Constitución ya muerta, a clausurar el camino aprobado por la mayoría de la ciudadanía para resolver la aguda crisis política por la vía institucional".


Este martes, el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible declaró su apoyo a la opción Apruebo de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, al afirmar que “las demandas ciudadanas orientadas a iniciar profundas transformaciones en la sociedad y la economía están ampliamente recogidas en el borrador del texto” aprobado por la Convención Constitucional.

La agrupación, nacida en 2019, previo al estallido social de octubre y que aúna a un centenar de profesionales de centroizquierda -entre otros a los exministros de Mideplan y de Trabajo, Alejandra Krauss; de Mideplan Andrés Palma; de Economía, Carlos Ominami, de Educación y Obras Públicas, Sergio Bitar; de Economía, Jorge Leiva; de Vivienda, Paulina Saball; de Energía, Andrés Rebolledo; y de Salud, Álvaro Erazo-, recordó además que de imponerse el Rechazo en el referendo de septiembre, se mantendrá la Constitución vigente y que, en este sentido, “no hay una tercera opción como se ha pretendido instalar mañosamente en la opinión pública”.

Mediante un comunicado, desde el foro indicaron que para definir la opción que mejor sirve al interés nacional se deben responder tres interrogantes: “Si el sistema político propuesto satisface los estándares democráticos propios de las mejores tradiciones constitucionales chilenas y de las democracias más avanzadas del mundo; si el texto propuesto recoge las demandas de profundas transformaciones que se han expresadas con fuerza en las últimas dos décadas (...), y si la nueva Constitución propuesta es mejor que la actual”.

Sobre el primer punto, destacan que las normas aprobadas por el pleno de la Convención “salvaguardan la soberanía popular, contemplan una completa enunciación de derechos políticas fundamentales, recogen la noción de que las potestades se encuentran limitadas por éstos, consagran el principio de supremacía constitucional, se fortalece el Gobierno representativo inspirado en el principio de separación de poderes, se reconoce el principio de responsabilidad de los agentes públicos, se asegura la independencia de los tribunales de justicia, y un conjunto relevante de principios democráticos universales”.

Asimismo, destacan que “la vigencia y el respeto a los Derechos Humanos constituyen un principio esencial de la nueva Constitución” y que en el texto aprobado “se amplia y perfecciona la democracia representativa, al establecerse diversas instituciones de democracia directa y comunitaria”.

Respecto de la segunda interrogante, el comunicado del foro destaca que “las demandas ciudadanas orientadas a iniciar profundas transformaciones en la sociedad y la economía están ampliamente recogidas en el borrador del texto aprobado”. En este punto, destacan la definición de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, la definición de la democracia chilena como paritaria, la caracterización del Estado como plurinacional e intercultural, la definición del Estado como regional. Además, valoran que se sostenga que el Estado es ecológico, así como la inclusión a nivel constitucional del principio de responsabilidad fiscal.

“Este conjunto de principios constitucionales que han logrado ser aprobados por una amplia mayoría señalan un rumbo, un camino, que pueden llevar a la configuración de una sociedad integrada, justa y sustentable”, sostiene el texto.

Sin embargo, desde el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible reconocen que la “implementación de la Constitución requerirá de un intenso trabajo legislativo para convertir los principios y nuevas instituciones en leyes operativas que les den sustancia y carne, así como eventualmente corrijan omisiones o errores. La realización práctica de los nuevos derechos consagrados, a su vez, exigirán múltiples políticas públicas eficientes, que estarán a cargo del actual y los futuros gobiernos”.

Finalmente, destacan que “las proposiciones de la Convención son muy superiores a las de la Constitución vigente”. En este sentido, aunque reconocen que la Carta Magna actual ha sufrido modificaciones tras el retorno a la democracia, “el texto vigente mantiene íntegro uno de los tres pilares básicos de la original: el Estado mínimo o subsidiario, que no pudo ser sustituido en los treinta últimos años de ejercicio democrático y que ha sido un pilar fundamental de la subsistencia del modelo neoliberal dominante”.

Al respecto, sostienen que “un hipotético triunfo de la opción rechazo llevaría a mantener vigente una Constitución ya muerta, a clausurar el camino aprobado por la mayoría de la ciudadanía para resolver la aguda crisis política por la vía institucional y abriría un periodo de gran incertidumbre política, desviando la atención del sistema político de los agudos problemas económicos, sociales, sanitarios y de seguridad que nos agobian como país”.

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