Gobierno presenta reformas de nuevo Plan de Búsqueda y abre expectativas en el oficialismo para reactivar agenda de derechos humanos

Entre cuatro a cinco iniciativas legales presentará este martes en la mañana un grupo de ministros que concurrirá a la ex Cárcel Pública de Valparaíso, que fue el principal centro de detención e interrogatorio de presos políticos de la región tras el Golpe Militar de 1973.

En este recinto, hoy convertido en el Parque Cultural de Valparaíso, los titulares de Justicia, Luis Cordero; de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y de Culturas, Carolina Arredondo, informarán la batería de propuestas legislativas que complementará el reciente Plan Nacional de Búsqueda, anunciado la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric, destinado a lograr más verdad y justicia respecto de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura.

En el gobierno comentan que el paquete de iniciativas tendría proyectos nuevos y también incluirá indicaciones que se incorporarán en mociones o mensajes presidenciales que ya llevan años de tramitación en el Congreso.

El punto central de esta agenda será la posibilidad de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech. La idea es lograr congeniar la reserva con la que víctimas dieron su testimonio personal con el interés judicial de lograr más información. La alternativa sería una fórmula en la que los antecedentes sean liberados como antecedentes para los tribunales siempre que exista consentimiento de la víctima o bien cuando se trate de personas fallecidas.

El domingo, el Presidente dijo que “lo que nosotros estamos planeando es que se ponga a disposición Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia toda la información que permita conocer la verdad y la trayectoria de los detenidos desaparecidos”. “A nadie que haya prestado testimonio que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad se le va a obligar o presionar para levantar ese secreto”, aseguró Boric.

En Radio Duna, el ministro Cordero comentó que “hay una norma de secreto absoluto que luego, cuando se constituye el Instituto de Derechos Humanos (INDH), se permite a los funcionarios del instituto acceder a su contenido para efectos de sistematización de información y otras cosas similares”.

En este sentido, el secretario de estado afirmó: “Es posible encontrar información que permita construir trayectorias de personas detenidas desaparecidas. Entonces, cuando el Presidente dice previo consentimiento y para el fin de Plan de Búsqueda, es poder tener en la indagación, en ese expediente, con reglas similares en el caso del personal de Plan de Búsqueda al que tiene el INDH y en el evento que existan antecedentes, que estos puedan ser utilizados previo consentimiento de las personas”.

En La Moneda adelantan que las reformas tendrán como eje el Plan de Búsqueda y el objetivo es lograr más verdad y justicia en los casos de detenidos desaparecidos.

Sin embargo, el sigilo con el que el Ejecutivo está preparando este paquete de medidas legislativas abrió una expectativa en las fuerzas oficialistas que demandan que sea el puntapié inicial de la reactivación de una agenda mayor en materia de derechos humanos.

De partida, este lunes en la mañana, un grupo de diputados oficialistas se reunió con el ministro de Justicia para solicitarle que el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco sea utilizado para condenados de mayores necesidades, como mujeres embarazadas o que tengan hijos.

Si bien esta medida no requiere reforma legal, la respuesta del ministro fue cautelosa, lo que fue interpretado por algunos legisladores de que difícilmente el gobierno tenga en mente cerrar o cambiar las condiciones de Punta Peuco con motivo de los 50 años del Golpe Militar.

“Lo cierto es que hoy día las personas que son condenadas, que están ingresando condenadas por delito de violación de derechos humanos, hace un rato ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina, porque Punta Peuco tiene capacidad para 130, hoy día está sobrepasada”, agregó Luis Cordero.

La diputada Lorena Fries (Convergencia Social), quien fue subsecretaria de DD.HH. y exdirectora del INDH, comentó “que tenemos altas expectativas con esta agenda que está estancada hace mucho tiempo en el Parlamento”. “Desde la derogación o nulidad del Decreto Ley de Amnistía, pasado por el levantamiento del secreto por 50 años (de la Comisión Valech), la degradación militar cuando una persona es condenada por delitos de lesa humanidad, anular las condenas por Consejos de Guerra (de 1973), el delito de desaparición forzada... entonces la batería es larga. Esperamos que todos estos proyectos reciban un patrocinio”, dijo Fries, quien integra la Comisión de DD.HH. de la Cámara.

Desde el PC también sostienen que tienen expectativas de apoyo gubernamental para apurar el proyecto que sanciona el negacionismo y otro que establece como obligación la educación escolar en materia de derechos humanos.

No obstante, el diputado Jaime Naranjo (PS), quien preside la Comisión de Derechos Humanos, dijo que esperaba que “las propuestas que haga el gobierno sean realistas y que puedan generar un debate serio y responsable y que se puedan aprobar. Si no, se generan falsas expectativas y que no se traducen en leyes”.

En tanto, el jefe de bancada socialista, Daniel Manouchehri, planteó centrar el debate en el Plan de Búsqueda. “El Estado de Chile tiene una deuda con los familiares de detenidos desaparecidos por la dictadura. Esperamos que el gobierno anuncie una agenda legislativa que permita avanzar en el plan nacional de búsqueda, y confiamos que contará con el apoyo de todos los parlamentarios democráticos y con conciencia”, indicó.

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