Ejecutivo presentará este lunes primeras ideas en torno a proyecto que facilita cobro de pensiones alimenticias

A las 11 horas de este lunes se concretará una reunión en La Moneda que sostendrá la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto con parlamentarias de distintas bancadas, instancia en la que se presentará una serie de iniciativas respecto al proyecto que contempla el cumplimiento de las deudas de pensiones alimenticias, y que apunta a facilitar este proceso para quienes están a cargo del o los hijos, que en su mayoría son las madres.

El anuncio lo entregó la secretaria de Estado en el programa Tolerancia Cero, de CHV, donde aseguró que el acceso a los fondos de los deudores por parte de los niños y niñas afectados por la falta de recursos no solamente estaría acotado a lo previsional, “sino que por ejemplo a los excedentes de Salud”.

“Mañana (lunes) tenemos una reunión a las 11 de la mañana en La Moneda, con parlamentarias de distintas bancadas, donde vamos a presentarles lo que hemos estado trabajando desde los ministerios de la Mujer, de Justicia y la Segpres, que son ideas que nos parecen que establecen tres criterios muy importantes. Primero, que sea un mecanismo permanente, es decir, que no esté asociado a eventos extraordinarios. En segundo lugar, que sea un mecanismo que simplifique, porque cualquiera que conozca a una mujer que ha tenido que tramitar una deuda de pensión alimenticia sabe que es un proceso humillante, en el que hay que peregrinar en Tribunales de Familia, en notarios, etc. Y que además simplifique el acceso a la información financiera”, aseveró.

En torno a las diferencias con el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, que fue creado en noviembre de 2021, precisó que “es importante como ministerio no generar puntos o nudos ciegos entre distintas políticas. Estamos trabajando para poder tener ya publicado en la web el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia en noviembre, pero hay medidas de esa ley que ya se están aplicando. Necesitamos ahora montar toda la informática que implica mezclar información financiera, información de Tesorería General de la República e información judicial”.

Por otra parte, tras ser consultada ante la posibilidad de que el Estado asuma la deuda, teniendo también las facultades para cobrarle a los adeudados, la ministra advirtió que primero se debe dimensionar el volumen de aquello, identificar el patrimonio de los deudores y ejecutar mecanismos de subrogación para que los niños y niñas puedan acceder a él.

“Hay propuestas que van en ese sentido, pero creo que primero tenemos que dimensionar el volumen. Solamente la retención del primer retiro alcanzó los 800 millones de dólares, y esas son solamente las causas que están judicializadas y liquidadas por el Tribunal de Familia, porque antes de esta retención no había ningún incentivo verdadero para que esto se judicializara y se formalizara. Hay estimaciones que van de que una de cada cuatro deudas de pensión alimenticia están formalizadas. Que el Estado pague es algo que tenemos que abordar también de acuerdo con las reglas que nos hemos puesto como meta respecto de la sostenibilidad fiscal”, remarcó.

Además, agregó que “lo que vamos a proponerle mañana (lunes) a las parlamentarias, es que avanzamos con esa capacidad del Estado de poder integrar datos para poder dar mejores respuestas a esas familias. Porque, por ejemplo, hay deudores que son muy pertinaces y les piden a amigos que boleteen por ellos para que no se les declaren los ingresos, pero eso se puede fácilmente subsanar si tenemos acceso a la información financiera (…) No hay que confundir entre a quiénes se les podría subsidiar, porque en el fondo se estaría subsidiando al deudor para poder cumplir con la obligación que tienen con niños y niñas. Hay muchos deudores que efectivamente no tienen patrimonio, y eso va a quedar muy plasmado en la diferencia de clase que se expresará en el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, pero hay quienes sí tienen patrimonio, y el primer deber que tenemos es identificar ese patrimonio y ejecutar mecanismos de subrogación para que los niños y niñas puedan acceder a él”.

En otro tema, ante la propuesta de poder equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, la titular del ramo indicó que existe esta posibilidad, siempre y cuando vaya asociada a mecanismos redistributivos por género.

“Equiparar la edad es un muy buen ejemplo de que hay cosas en las que pensamos que tratar a todos por igual es no discriminar. Desde la perspectiva de la igualdad de género, no sirve tratar a todos por igual cuando tienes situaciones profundamente desiguales”, acotó.

Entre estas situaciones desiguales, ahondó en las lagunas cotizacionales que son víctimas algunas mujeres, en torno a los años de trabajo no remunerado, de crianza o de cuidado de los hijos.

“A veces por costumbre cultural, la que deja de trabajar es la mujer, o porque tiene el sueldo más bajo. Por otro lado, los años de crianza, ya que está bien documentado que cuesta mucho reinsertarse en el mercado laboral después de un pre y postnatal, o de haber parado un par de años por motivos de crianza. Las mujeres tienen una edad de jubilación más baja porque fue el primer reconocimiento que les hizo el Estado chileno a este trabajo no remunerado (…) Esa baja en la edad de jubilación busca en cierta forma, ya que no es a través de la vía del monto de la pensión, sí reconocer que hubo una doble jornada laboral, probablemente durante toda la vida”, argumentó.

Una de las promesas de campaña en el programa de gobierno de Gabriel Boric planteaba la inclusión de un postnatal masculino de 30 días, intransferible e irrenunciable, que debe tomarse desde el nacimiento del hijo.

En ese contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género reveló que “hay varias iniciativas de corresponsabilidad, pero en esa en específico la determinación ha sido no presentarla este año, al igual que la de aborto, a la espera de lo que resulte del debate constituyente porque hay varias expresiones de garantías de derecho que pueden verse involucradas, por ejemplo, el derecho al cuidado. En la medida en que se constitucionaliza se debe tener un libre acceso a él por igual, para hombres y mujeres, cuando eso actualmente no está garantizado”.

Por su parte, y referida al proyecto de despenalización del aborto, Orellana cuestionó la objeción de conciencia institucional asegurando que si “las instituciones tuvieran conciencia para objetar respecto a un procedimiento médico ¿tienen conciencia para que se les pueda imputar responsabilidad en acciones?”

Al ser abordada por si era partidaria de otorgarle fondos públicos a las instituciones que objeten realizar abortos como institución, la secretaria de Estado aclaró que “me parece que lo prioritario es garantizar el acceso al aborto en tres causales que son dramáticas, que a mí no me parecen que sean un mínimo ético. Si a alguien le parece que el mínimo ético para las mujeres es el estar al borde de la muerte, el haber sido violada o el tener un embarazo inviable, es que tenemos una consideración súper baja de lo que es la vida de las mujeres. Lo que me preocupa mucho es que hay instituciones públicas que son objetoras institucionales de facto, porque no tienen profesionales disponibles para poder efectuar los procedimientos. Ahí hay que trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y con el Ministerio de Salud para asegurar la provisión”.