Gobierno y Congreso reimpulsan agenda de seguridad y acuerdan trato especial a proyecto que penaliza migración irregular

Una nueva lista de 32 iniciativas en materia de seguridad pública acordó empujar la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y los presidentes del Senado, José García (RN), y de la Cámara, Karol Cariola (PC).

Los representantes del Ejecutivo y el Poder Legislativo sostuvieron este lunes una reunión de coordinación en La Moneda para acotar una agenda que se tramitará durante un año, pero con metas intermedias para acelerar su discusión.

En el encuentro participaron, además, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS); la subsecretaria Macarena Lobos; y los vicepresidentes de ambas ramas del Congreso, el senador Matías Walker (Demócratas) y los diputados Gaspar Rivas (independiente) y Eric Aedo (DC).

Si bien la nómina de proyectos no tenía muchas sorpresas (de hecho, se acordó continuar con varias iniciativas pendientes desde el año pasado), uno de los problemas fue seleccionar algunas mociones y dejar afuera otras medidas solicitadas por las bancadas del Congreso. Dada la crisis de criminalidad que vive el país, había una creciente presión de legisladores para incorporar las mociones de su autoría dentro de estas prioridades.

No obstante, hubo un tema que generó una especial tensión entre La Moneda y la mesa del Senado: el proyecto que penaliza el ingreso clandestino al país.

Esta iniciativa, surgida de una moción del diputado Andrés Longton (RN), ya había sido aprobada por la Cámara con una aplastante mayoría (88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones), el 24 de enero de este año, a pesar de que no contaba con la venia del gobierno ni de la mayoría de las fuerzas oficialistas.

En lo central, esta moción plantea que la persona que haga ingreso clandestino al territorio nacional, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, sería sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales (aproximadamente entre 323 mil y 646 mil pesos).

Este proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno del Senado, sin ningún tipo de urgencia, por lo que los senadores García y Walker pidieron incluirlo dentro de un nuevo fast track (vía rápida) legislativo.

Sin embargo, en vista de la resistencia de La Moneda para incorporar este proyecto en la agenda de seguridad, se acordó darle un tratamiento especial. El gobierno se comprometió a presentar una indicación para sancionar los ingresos clandestinos, ya que -según la lectura del Ejecutivo- tal como está redactada la iniciativa judicializaría y entorpecería las expulsiones administrativas.

“No está en esta lista (la penalización de la migración irregular), pero hay un compromiso que el Ejecutivo tomó. Vamos a presentar una indicación para intentar construir una solución... un acuerdo más amplio para enfrentar este problema”, explicó la ministra Tohá.

La nómina de 32 prioridades es encabezada por las siete iniciativas que quedaron pendientes del fast track legislativo del año pasado, que acordó Tohá con el anterior presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI). Entre ellas, figuran algunas reformas complejas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo Sistema de Inteligencia, la Reglas de Uso de la Fuerza, la Defensoría de las Víctimas y el subsistema de Inteligencia Financiera, además del proyecto que regula las reincidencias y el reforzamiento de la seguridad municipal.

Adicionalmente, se incorporan otras iniciativas que ya llevan un tiempo de discusión, pero no estaban en la anterior agenda, como la ley antiterrorista y la ley que detalla el despliegue militar en resguardo de infraestructura crítica.

“¿Esto significa que estamos de acuerdo en todos los proyectos? No. ¿Significa que estamos de acuerdo en el detalle de cada uno de los proyectos? No. Significa que lo que la ciudadanía hoy nos pide, sobre todo en materia de seguridad, es acuerdos”, dijo el presidente del Senado.

Por su parte, la presidenta de la Cámara recalcó que simplemente se ha establecido una ruta de trabajo y un plazo determinado para que los proyectos se pongan en tramitación y se voten.

Sin embargo, al igual que su par del Senado, Cariola agregó que este acuerdo “no garantiza ni podemos comprometer la votación de cada una de las bancadas. Cada parlamentario tiene el derecho de expresar su posición en cada uno de los proyectos”.

Además, mencionó que las iniciativas que no fueron incorporadas no es que no se vayan a tramitar: solo tendrán su normal discusión en la Cámara.

Pese a ello, los diputados de RN no quedaron conformes con la agenda acordada por Interior y ambas mesas del Congreso.

Para Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, lo acordado “no representa a la bancada de Renovación Nacional”. “Lo que el gobierno hizo es algo muy simple. Con el veto del Partido Comunista y el Frente Amplio incorporaron los proyectos que a ellos les parecía convenientes y que no le producían ninguna dificultad al gobierno, dejando de lado los proyectos que son esenciales”, dijo y mencionó el que tipifica como delito el ingreso ilegal de migrantes; el que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente y el que endurece las sanciones para los homicidios.

El diputado José Miguel Castro (RN) comentó que esta agenda carece de “condiciones básicas que nosotros consideramos que deben estar”.

Su par Diego Schalper (RN), advirtió que “al momento de legislar en el Parlamento, vamos a hacer sentir la voz de las víctimas”.