Gobierno y Servel despejan las dudas sobre realización del plebiscito
Frente a la inquietud que se ha instalado respecto de la situación sanitaria, el Servicio Electoral aseguró que para ellos “el plebiscito va sí o sí”, mientras que desde La Moneda aclararon que, pese a las cuarentenas, la autoridad sanitaria no puede suspenderlo.
“Desde nuestro punto de vista, el plebiscito va sí o sí”. Con esas palabras, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, despejó ayer la postura del organismo ante las dudas que se han venido instalando en torno a una nueva postergación del referéndum fijado para el próximo 25 de octubre.
“Estamos preparados y, eso sí, va a ser muy importante cómo nos comportamos”, agregó el líder del organismo, servicio que tiene a cargo la organización del evento electoral y al que el Congreso entregó una serie de nuevas facultades para que dicte las medidas sanitarias necesarias de cara a esa jornada.
A sus declaraciones se sumaron ayer las del ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, quien realizó una actividad especialmente para abordar las condiciones de la consulta, cita en la que también despejó dudas en torno a su realización.
“El plebiscito tiene fecha, tiene fecha cierta”, recalcó el el secretario de Estado, quien agregó que el Ejecutivo está trabajando para que éste se desarrolle con todas las medidas correspondientes.
Asimismo, aclaró que “bajo ningún aspecto la autoridad sanitaria puede suspender el plebiscito que se va realizar en octubre próximo”, y explicó que “el que exista una cuarentena no faculta a la autoridad sanitaria ni al Servel para suspenderlo, eso se hace por ley”.
Así, destacó que en esas zonas “el Servel y la autoridad sanitaria van a tener que buscar la fórmula para que las personas puedan participar de la manera más segura posible desde el punto de vista sanitario”.
Las palabras de ambas autoridades se dan justamente luego de que en los últimos días sectores, principalmente de la derecha, pusieran en duda que estén dadas las condiciones adecuadas para que se materialice el plebiscito. Así, algunos han advertido bajos niveles de participación por el temor al contagio e, incluso, han planteado la posibilidad de fijar un mínimo para darle validez.
En ese escenario, ayer el propio Presidente Sebastián Piñera volvió a referirse al referéndum. En ese sentido, entregó un mensaje:
Aprender a convivir con la diferencia y entender que la diferencia, cuando sabemos orientarla, es una fuerza de progreso (...), pero cuando no tienen un sentido, pueden transformarse en fuerzas destructivas. Digo esto porque ahora que estamos ad portas de enfrentar un plebiscito, más que nunca tenemos que recordar que las diferencias son legítimas y hay que saber respetarlas (...), pero sin recurrir, bajo ninguna circunstancia, a la violencia para imponer nuestras ideas.
Sebastián Piñera, Presidente de Chile
La visión de La Moneda es que, de mantenerse las condiciones actuales, el referéndum podría realizarse sin dificultades y las opciones de que se aplace serían “muy bajas, casi nulas”. Sin embargo, en Palacio también reconocen que los efectos que puedan tener los planes de desconfinamiento, donde ya se proyectan rebrotes para octubre, podrían obligar a repensar la fecha. Otro hito que preocupa al Ejecutivo son las Fiestas Patrias, festividades en que podrían aumentar los contagios. Con todo, en el gobierno destacan que cualquier modificación en los plazos debe provenir de un acuerdo amplio entre los partidos que firmaron el pacto constitucional del 15 de noviembre.
Senado posterga debate por financiamiento
En tanto, para hoy quedó fijada la votación en la sala del Senado del proyecto que busca regular el financiamiento y los gastos en torno a la campaña del plebiscito.
La iniciativa había logrado ser despachada la noche del miércoles por la Comisión de Constitución, luego de que los senadores de oposición intentaran alcanzar un acuerdo sobre el texto con Chile Vamos. Si bien finalmente hubo consenso sobre distintos puntos, la discusión en la instancia se trabó tras la negativa del oficialismo de disminuir sustancialmente los guarismos, tanto del límite de aportes que podrían recibir los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil, como del gasto.
En ese sentido, la instancia terminó despachando un texto sin el respaldo de la UDI y RN en materias clave. En concreto, la iniciativa hoy fija un máximo de 500 UF de aportes individuales a los partidos -en el caso de los militantes- y 300 en el de los no militantes, mientras que deja en 200 UF el máximo en cuanto a las organizaciones sociales. Asimismo, también pone un techo de cerca de dos mil millones de pesos para el gasto electoral de las colectividades.
Así, y a cinco días del plazo para que se pueda regular esta materia -debido a que el 26 de agosto comienza la campaña-, el comité de RN solicitó ayer que se aplazara el debate para alcanzar un acuerdo, conversaciones que se seguían durante la noche.
Según conocedores de las negociaciones, la fórmula que estaría tomando fuerza sería limitar el gasto según la opción defendida ante el plebiscito y no por partido, como establece actualmente el proyecto. De esta manera, explicaban, se pondría un techo por separado para el “apruebo” y el “rechazo”, donde se le entregaría al Servel la facultad para definir cuánto puede gastar cada colectividad. Esos montos se calcularían según los resultados de la última elección parlamentaria.
Desde el oficialismo abogaban por impulsar un acuerdo bajo estas características. Esto, debido a que, según ellos, existe una mayor cantidad de partidos por el “apruebo”, lo que dejaría a esa opción con un margen de gasto más amplio.
En ese sentido, en Chile Vamos sostenían que, con la redacción actual, se le permitiría al “rechazo” un gasto máximo de seis mil millones de pesos, mientras que sus adversarios podrían utilizar cerca de 44 mil millones.
Pese a la postergación de la votación, los parlamentarios de todas formas entraron a un debate que terminó por crispar el ambiente en torno a las negociaciones. “No nos veamos la suerte entre gitanos. Aquí hay un sector de la derecha que no quiere fiscalizar (...) y quiere dejar una zona oscura”, sostuvo Alfonso de Urresti (PS).
Sus palabras provocaron el enojo de sus pares del oficialismo. “Presumen mala fe, cosas oscuras y nefastas. No resulta del todo agradable escucharlas, cuando esta discusión debe darse en otro tono”, le respondió Luz Ebensperger (UDI). Mientras que su par Juan Antonio Coloma fue más duro y sostuvo que “esa grandilocuencia para tratar de descalificar me parece una verdadera mala señal”.
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