“Grave retroceso civilizatorio”: Comisión Nacional de DD.HH. reprocha texto constitucional aprobado por Comisión Mixta

Luego de que la Comisión Mixta terminara el pasado sábado de votar las propuestas de redacción y enmiendas que inicialmente no tuvieron acuerdo entre los expertos y los consejeros constitucionales, emanando un borrador que deberá ser visado esta semana por el Consejo Constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió este lunes que el resultado de dicho trabajo constituye un “grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social”.

Cabe indicar que, en la instancia del fin de semana, se aprobó la redacción propuesta por la derecha sobre la eliminación de contribuciones de la vivienda principal, además de la expulsión de extranjeros “en el menor tiempo posible” que hayan ingresado en forma clandestina o que hayan cumplido una pena; la objeción de conciencia y la redacción que establece que una “grave amenaza terrorista” será una causal para que se declare estado de sitio, entre otras indicaciones.

Ante aquel contexto, y por medio de una declaración pública, el organismo manifestó este lunes que la eventual aprobación plebiscitaria del texto no sólo atentaría “contra los intereses y anhelos de las grandes mayorías, sino sería nula ante la comunidad internacional”.

“Pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta legitimidad democrática de origen como en su contenido”, se añade.

En este sentido, reprochan que la propuesta haría retroceder los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de “consolidar la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de las AFP y las lsapres, condenando a millones de jubilados a recibir pensiones miserables e indignas”.

Además, acusan de limitar el acceso al derecho a la salud y a la educación, “haciendo depender su ejercicio a la capacidad económica de la población”. En cuanto al derecho a la vivienda digna, se critica que “seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de personas allegadas”.

Otras recriminación de la comisión apuntan a la privatización del derecho humano al agua a miles chilenos; la perpetuación de la injusticia con los pueblos indígenas; la restricción del derecho a huelga de los trabajadores del país, entre otros tópicos.

“El militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura civil-militar, promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de justicia militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares, por delitos comunes”, se sostiene.

En este sentido, la Comisión Nacional de DD.HH. advierte que, de mantenerse el contenido del texto, podría generar un descontento que traería consigo nuevos y justificados estallidos sociales, además de “la mantención de las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión, aumentarán potencialmente la inseguridad y la delincuencia”.

La declaración concluye señalando que “ningún sector político tiene el derecho de amenazar a la ciudadanía con la clausura del debate constitucional si el texto propuesto no se aprueba en diciembre próximo”.