Grupo de diputados y senadores que han renunciado a partidos critican propuesta de Comisión Experta sobre cesación de cargos parlamentarios

Tres carillas tiene la carta que un grupo de senadores y diputados esperan comenzar a difundir para expresar su rechazo a la propuesta de la Comisión Experta -encargada de redactar el anteproyecto constitucional- sobre cambios en el estatuto parlamentario, específicamente respecto de la cesación del cargo de los congresistas. El pasado 30 de marzo la comisión introdujo algunas normativas para disminuir el discolaje y fortalecer la disciplina partidaria.

Entre ellas se encuentran que “cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura” y que “cesará, asimismo, en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido político”.

En la misiva, firmada por los senadores Juan Castro (Ind-RN), Carmen Gloria Aravena (Ind-Partido Republicano), Rojo Edwards (Partido Republicano) y los diputados Gloria Naveillán (Ind) y los exPDG Víctor Pino y Yovana Ahumada, plantean que la propuesta “condiciona gravemente la potestad y el ejercicio de las atribuciones parlamentarias al control arbitrario e indebido de los partidos políticos”.

Entre los firmantes, casi todos tienen la particularidad de haber dejado de pertenecer a partidos políticos durante su carrera parlamentaria. En el caso de Aravena, si bien siempre fue independiente, primero fue electa con cupo de Evópoli, luego se cambió al comité de senadores de RN y ahora está en el comité de Republicanos.

Naveillán se fue del Partido Republicano y renunció a su militancia tras diferencias internas con la plana mayor del partido. “Funciona como una secta y no estoy para eso”, dijo cuando dimitió. Ahumada y Pino se fueron del PDG por problemas con el manejo de la directiva tras los insultos que profirió en su contra el diputado Gaspar Rivas, mientras que Edwards tuvo problemas en RN durante su periodo como diputado y renunció a esa tienda para ser candidato a senador por La Araucanía.

En la carta -a la cual La Tercera tuvo acceso- plantean que “tales normas, además de ser profundamente antidemocráticas, constituyen la consolidación de un vínculo de vasallaje entre un parlamentario y su partido político, desplazando en este proceso el compromiso que tienne todo diputado y senador para con la ciudadanía que lo eligió para ser representada, poniendo los intereses del partido antes que las necesidades y expectativas de esa ciudadanía”.

Como argumento, los firmantes afirman que el hecho de que deban dejar el cargo cuando renuncien a sus partidos “es un acto de coacción” y que pone “en segundo plano las demandas ciudadanas y la responsabilidad parlamentaria, en favor del cálculo partidista jerárquico”. También argumentan que la facultad de las colectividades de expulsar a un parlamentario y así dejarlo impedido de ocupar el cargo “aumenta el poder de coacción del partido sobre el candidato, desoye la voluntad de los votantes y por lo tanto fortalece la relación de vasallaje”.

Por ello es que en el documento concluyen que “con estos condicionamientos se pretende poner a los partidos por sobre las personas, y se intenta someter la libertad de pensamiento y el albedrío de los parlamentarios, así como también se pretende erradicar el sano disentimiento en las discusiones que preocupan a todos los chilenos y chilenas. De aprobarse estas normas, estaríamos siendo gobernados, en la práctica, por los presidentes de los partidos políticos”.

De todas maneras, lo propuesto por la Comisión Experta en el anteproyecto debe ser ratificado por los consejeros.

Anteriormente, la Corte Suprema también había planteado preocupaciones respecto de algunas medidas propuestas para el capítulo del Poder judicial.