INDH pide investigar denuncia de corrupción en el TC que habría favorecido a violadores de DD.HH.

Los dichos de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, sobre eventuales irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos (DD.HH.) activaron a los organismos que fiscalizan estas materias y también a los abogados que litigan estas causas en los tribunales.

Brahm, en entrevista con La Tercera Domingo, aseguró que antes de que asumiera la presidencia “había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción”. Para respaldar esta apreciación, la ministra comentó que una vez le tocó “leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC”.

Las palabras de la ministra hacen referencia a las dilaciones que ocurrían en el periodo en que Iván Aróstica presidía el tribunal. “Muchos litigantes vinieron en búsqueda de tiempo, a detener sus causas, a dilatar, y lo encontraron”, agregó.

El Instituto Nacional de Derechos (INDH) fue uno de los primeros en reaccionar y, a través de su director, Sergio Micco, hizo un llamado a la fiscalía para que indague el asunto. “El INDH valora la valentía de la presidenta del TC, quien reconoce que antes de que ella llegara a ese organismo había causas detenidas por mucho tiempo, al límite de la corrupción. Ello es sumamente grave. Por lo mismo, como INDH oficiaremos para que se nos informe cuáles son las causas de DD.HH. en las que se habría dilatado su tramitación a fin de favorecer a responsables de violaciones a los DD.HH. Instamos, además, al Ministerio Público a que investigue estos hechos, pues podrían revestir carácter de delito”, dice Micco a La Tercera.

Francisco Bustos, abogado de DD.HH., comenta que le llamaron la atención “para bien” las palabras de Brahm: "Transparentó una de las críticas que se venían haciendo hace tiempo, sobre todo durante la presidencia del ministro Aróstica”.

Bustos ejemplifica con un caso concreto lo que podía ocurrir con las “dilaciones” en el TC: "Uno de los casos más graves es la causa sobre tres ejecuciones en Cerro Moreno. El asunto llegó al TC cuando ya había una sentencia de la Corte Suprema. Ahí el TC se excedió en sus facultades, no se puede suspender un fallo que ya estaba sentenciado por la Corte Suprema”.

El académico y coordinador de la Cátedra de DD.HH. de la Universidad de Chile, Claudio Nash, considera que “las declaraciones de la presidenta del TC son extraordinariamente graves, ya que dan cuenta no solo de una utilización de mecanismos jurisdiccionales para dilatar los procesos, sino que posiblemente de hechos ilícitos en el marco de ese recurso ilegítimo de los recursos constitucionales”.

Otro abogado que litiga causas de DD.HH., y que además es conocido por ser el defensor de varios exfrentistas, Alberto Espinoza, lanza duras críticas a los tres ministros que han sido indicados como los eventuales autores de estas dilaciones, es decir, los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez. “Es inaceptable la presencia de sujetos de esta calaña que, al amparo de la investidura jurisdiccional, se ponen al servicio de los intereses de los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dice Espinoza, quien agrega que los dichos de Brahm, a su juicio, “justifican discutir en este proceso constituyente la existencia, la integración y la competencia del TC”.

Otra abogada que conoce de cerca los problemas que han existido en la tramitación de causas de DD.HH. es Marta de la Fuente. La abogada fue secretaria del TC entre 2007 y 2015. “Respecto de los casos de DD.HH. no puedo aventurarme a señalar actos de corrupción, pero el dilatar y suspender indefinidamente los procesos constituye para las víctimas de delitos de genocidio denegación de justicia”.

Concluye señalando que “hay antecedentes públicos vinculados a causas de grandes empresas a las que les interesaba paralizar los juicios, y para ello sus abogados cobraban por las suspensiones que lograban en el TC”.