Informe acusa a Trump de impulsar una "retórica del odio"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los "líderes prominentes" que en 2017 impulsó una llamada "retórica del odio" que se propagó por otras naciones del globo. Esa es una de las principales conclusiones que entrega el informe anual de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en 159 países.

"El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo", afirma en el reporte el secretario general de AI, Salil Shetty, quien señala al mandatario estadounidense como uno de los principales responsables de esta situación.

"La clara medida de odio que adoptó el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando prohibió la entrada de las personas procedentes de varios países de mayoría musulmana preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron a la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias", asegura.

El informe dice que "son pocos" los gobiernos que salen en defensa de los derechos humanos "en estos tiempos de inquietud" y tilda de "líderes que menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas" a Abdul Fatah Al Sisi (Egipto), Rodrigo Duterte (Filipinas), Nicolás Maduro (Venezuela), Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) y Donald Trump (EE.UU.).

"Los retrocesos del Presidente Trump en materia de derechos humanos están sentando un peligroso precedente para otros gobiernos", señala.

Sin embargo, la organización destaca el auge de movimientos e iniciativas que han salido a responder a algunas de las medidas del mandatario estadounidense, como la Marcha de las Mujeres, que se llevó a cabo el 21 de enero de 2017 en Washington y que tuvo "ramificaciones" en todo el mundo.

Parte de las principales críticas que realiza el informe a la administración de Trump están referidas a sus medidas migratorias. AI destaca las órdenes ejecutivas que suspendieron los viajes a Estados Unidos desde varios países de mayoría musulmana y que desencadenaron distintos recursos judiciales durante todo el año.

El informe se refiere a la orden promulgada el 27 de enero del año pasado que prohibía durante 90 días la entrada de personas originarias de Irán, Irak, Libia, Somalía, Sudan, Siria y Yemen.

También critica la orden anunciada ese mismo mes, que pedía la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y el aumento de la detención de personas solicitantes de asilo y sus familias, algo que según destaca Amnistía, formaba parte de sus promesas de campaña.

"(Trump) hizo comentarios y prometió políticas que eran discriminatorias o contradecían de alguna otra forma los principios internacionales de los derechos humanos", dice el informe.

La organización también pone como ejemplo la medida que tomó Trump en septiembre, cuando anunció el eventual fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y que tenía como objetivo proteger a los jóvenes migrantes que habían llegado al país durante su infancia y que cumplían conciertos requisitos. El anuncio puso en peligro de expulsión a más de 800.000 personas.

El informe de Amnistía Internacional también menciona la medida que tomó el Departamento de Seguridad Interior de EE.UU., que en agosto del año pasado puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos. Una iniciativa que había permitido a personas menores de 21 años que escapaban de violencia en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, solicitar entrevistas para su reasentamiento como refugiados, siempre que sus padres residieran en EE.UU. de manera regular.

Por otro lado, la organización destaca la creciente violencia con armas de fuego en ese país y recuerda el ataque contra una multitud de asistentes a un concierto en Las Vegas, en el que murieron 58 personas. El atacante utilizó en esa ocasión un accesorio que modifica las armas para permitir disparos rápidos como los rifles automáticos.

"En respuesta a la masacre, el Congreso estudió una legislación que prohibiera esos dispositivos, pero las medidas no llegaron a promulgarse", señala el informe de 470 páginas.