Informe del gobierno ante el TC por decreto migratorio recuerda apoyo de ex canciller Muñoz a la creación de una visa a haitianos

La revisión del decreto migratorio que firmó el Ministerio del Interior, que establece la exigencia de un visado para los ciudadanos haitianos, sigue en revisión en el Tribunal Constitucional luego de que un grupo de parlamentarios opositores -representados por el abogado Patricio Zapata- presentara un requerimiento acusando una serie de vicios legales.

El viernes pasado, la Contraloría evacuó un informe sobre la materia, el que resultó favorable para el Gobierno, que defiende la dictación del decreto (ver aquí). Y ayer el TC recibió el documento con las observaciones del Ejecutivo al requerimiento, el cual es firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick; de la Segpres, Gonzalo Blumel; y de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

En el escrito de 97 páginas, el Ejecutivo presentó la defensa jurídica al decreto 776, y repasó punto por punto los argumentos esgrimidos por la oposición en su requerimiento. Según plantea en el documento, los requirentes, "a falta de vicios constitucionales, han fundado su reproche exclusivamente en consideraciones de mérito y legalidad" y establece que, en atención a ello, a las facultades del TC y al principio de deferencia, "este requerimiento debería ser desestimado en todas sus partes".

El escrito de La Moneda se refiere a todos los argumentos planteados por los parlamentarios opositores, pero se detiene especialmente en dos de ellos. El primero, se refiere al que acusa que el decreto no se ajusta a derecho internacional. El documento revisa los tres instrumentos que constituyen el marco jurídico del decreto: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre DD.HH. y la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

"Este conjunto de reglas no garantiza un derecho a inmigrar, esto es, un derecho a entrar en el territorio extranjero, quedando en manos del Estado, de acuerdo al derecho interno, establecer las reglas de admisión de extranjeros", sostiene. Se trata -agrega- de una cuestión que ha sido afirmada por la ONU.

El segundo, el planteamiento de una eventual vulneración al artículo 19 número 2 de la Constitución, que establece el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Para contestar, el escrito del Gobierno no sólo acude a jurisprudencia del propio TC, sino también a las gestiones e intervenciones que el ex canciller Heraldo Muñoz realizó en 2017 sobre la materia.

"Llama la atención que el decreto sea cuestionado cuando han sido los propios legisladores quienes han solicitado al titular de la potestad, en este caso el Presidente de la República, 'exigir algún tipo de visado a los migrantes de nacionalidad haitiana'", señala, citando la petición que la Comisión de RREE de la Cámara Baja realizó a través de un oficio firmado por su titular, Guillermo Teillier (PC), el 7 de marzo de 2017. "Tanto es así, que el ministro de RREE de la época, don Heraldo Muñoz, contestó a la misiva de la Comisión de la Cámara de Diputados, señalando que 'sobre el particular, se aprecia el incremento de los flujos migratorios de origen haitiano y el desafío para la gestión migratoria que ello ha generado, debido principalmente al ingreso masivo en calidad de turistas y a su permanencia en el territorio nacional, ha derivado en situaciones de vulneración de derechos a los mismos migrantes, problemáticas de convivencia local así como delicadas situaciones de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes'".

"Frente a esta situación, el ministro de RREE del gobierno de la ex Presidenta Bachelet, a base del principio de 'gradualidad, co-responsabilidad y el enfoque transversal de los derechos humanos de las personas migrantes', propone 'el establecimiento del requisito de visa para los ciudadanos haitianos que deseen visitar Chile'. Se trata de la proposición del ministro de RREE del anterior gobierno, lo que refleja, más allá de la contradicción, que se trata de una política migratoria de Estado, debidamente fundada y aceptada por amplios sectores políticos".

Luego acude a la respuesta del ex canciller Muñoz al oficio de la comisión de la Cámara Baja. "La diferencia de trato es razonable, tanto en función del interés nacional, como del bienestar de los migrantes haitianos".

Concluye el documento señalando que "el requerimiento se refiere casi exclusivamente a reproches de mérito (...) por lo que debe ser rechazado".