La explosiva alza de oficios de la Cámara y los ministros que cayeron en una falta constitucional

Un récord histórico se anotó la Cámara de Diputadas y Diputados en los últimos meses.

Los oficios de fiscalización, también llamadas solicitudes de antecedentes que son dirigidas esencialmente a reparticiones del gobierno central, superan con creces los promedios de los años precedentes.

Entre junio 2022 y junio 2023 (período de corte que se usa para las cuentas anuales del Congreso), los oficios de Cámara llegaban a la estratosférica cifra de 34.465 solicitudes. De estos oficios, según las estadísticas de la Cámara, 23.339 oficios no habían sido respondidos (un 67,7%).

Desde 2014, el promedio anual de estos requerimientos, medidos de junio a junio, era de 15.838. En todo caso, el promedio de no respuesta o contestaciones pendientes era igual de alto (68,9%).

El problema es que las cifras del último tiempo superan, incluso, los números que había en períodos de fuertes tensiones políticas, como, por ejemplo, en la etapa previa y posterior al estallido social. Entre 2018 y 2019, los oficios llegaban a 24.572 y entre 2019 y 2020 a 23.851. Sin embargo, en un período normal, las solicitudes rara vez superaban las 15 mil por año.

Los oficios de fiscalización de la Cámara por lo general se sustentan en facultades de los diputados, reguladas por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso y en otras atribuciones del reglamento de la corporación, que no tienen plazo de respuesta, por lo que históricamente han sido un foco de tensión entre el Ejecutivo de turno y su oposición representada en el Poder Legislativo.

Ahora, si se miden con otros parámetros de fechas, los números siguen siendo comparativamente altos. Contados desde el 11 de marzo de 2022 a la fecha, es decir en el actual período parlamentario, suman 48.712. En un intervalo semejante de fechas, a inicios (2018-2019) del segundo gobierno de Sebastián Piñera estas solicitudes llegaban a 37.027, mientras que en la primera etapa (2014-2015) de la segunda administración de Michelle Bachelet, ascendían a 13.129.

En el actual periodo legislativo, el Ministerio del Interior es el que ha recibido más solicitudes, 1.926 oficios. Pese a ello, la cartera que dirige la ministra Carolina Tohá tiene alto nivel de respuestas, más de un 78% de peticiones contestadas.

No obstante, especialmente en 2023, la oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric comenzó a usar una nueva estrategia para presionar a La Moneda: solicitar antecedentes amparándose en el artículo 52 de la Constitución, que pone un plazo de 30 días para que el Mandatario responda, a través de su ministro responsable, el requerimiento de los diputados.

Estas solicitudes, sin embargo, deben contar con el apoyo de un tercio de los diputados presentes en la Sala (52 legisladores si es que están todos presentes, pero incluso pueden ser hasta 17 parlamentarios si es que ese día la corporación está sesionando con el mínimo de asistencia).

“El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado (30 días)”, dice la disposición constitucional.

Según las estadísticas de la Cámara, en 2023, se han enviado nueve solicitudes mediante esta facultad constitucional que pone plazos.

De acuerdo a esos antecedentes, hasta ahora hay tres secretarías de Estado (Deportes, Transportes y Desarrollo Social) que están incurriendo en una infracción constitucional. Esta situación deja en un pie incómodo a sus actuales ministros o a quienes ejercieron esas carteras recientemente.

El caso de Jaime Pizarro, titular de Deportes, es por antecedentes sobre los Juegos Panamericanos, solicitados el 14 de junio por el diputado José Carlos Meza (republicano).

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, también figura en mora por la situación financiera de la locomoción pública, requerida el 26 de julio por el diputado Juan Irarrázaval (republicano).

“Entendemos perfectamente la labor fiscalizadora del Congreso y los parlamentarios. Siempre hemos colaborado proactivamente para aclarar cada una de sus inquietudes o responder a sus solicitudes. Durante todo este tiempo hemos respondido oportunamente cerca de 300 oficios. Estamos viendo qué ocurrió en particular con este único caso, que responderemos como ha sido la tónica de nuestro trabajo”, fue la explicación, por escrito, que envió el Ministerio de Transportes.

La situación de Desarrollo Social (cartera a la que se le pidió información sobre el robo ocurrido en julio pasado), es más compleja, ya que en el período hubo una responsabilidad compartida. Giorgio Jackson era el titular hasta 11 de agosto y, tras su renuncia, asumió Javiera Toro, a partir del 16 de ese mes. El oficio, en tanto, fue acordado por la Sala de la Cámara a solicitud del diputado Johannes Kaiser (republicano) el pasado 26 de julio.

“Valoramos la labor fiscalizadora del Congreso y es interés de este Ministerio (de Desarrollo Social) responder y aclarar cada una de las solicitudes... En este caso particular, las nuevas autoridades del ministerio y sus equipos -que asumieron el pasado 16 de agosto- estamos realizando una revisión de este tipo de acciones, incluyendo la respuesta al citado oficio, en la que se está trabajando para entregar a la brevedad”, informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

La no respuesta oportuna de estos oficios genera una nebulosa jurídica respecto de si el plazo de 30 días, estipulado en la Carta Fundamental, genera automáticamente una causal de acusación constitucional.

Actualmente, los diputados pueden deducir libelos contra “los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.

No obstante, la misma Constitución agrega en su artículo 52 que “en ningún caso, los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado”. Por lo tanto, aunque no responder a tiempo sea una falta constitucional, no implicaría que sea motivo de acusación.

El diputado Meza, uno de los legisladores que ha recurrido a esta fórmula para solicitar información, dice el hecho sí constituye una causal acusatoria, porque -a su juicio- la responsabilidad política es algo distinto a una infracción constitucional. “Nosotros usamos la norma del artículo 52 de la Constitución, precisamente para ponerles un plazo. El gobierno se escuda en que no responder no genera responsabilidad política. Pero si Ud. revisa las argumentaciones de los ministros que han sido acusados, ellos mismos señalan que las acusaciones no son por responsabilidad políticas, sino por responsabilidades jurídicas”, agregó.

“Es evidente que, si los ministros fiscalizados no entregan la información, solicitada en el plazo que establece la Constitución, hay una infracción constitucional que es distinta a la responsabilidad política”, comenta el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien personalmente ha enviado más de dos mil oficios en el actual período legislativo.