La huella del gobierno en la contraofensiva por designación de Pablo Piñera

El miércoles, la Segpres recibió la confirmación de Contraloría de que debía emitir un informe por la presentación que realizaron diputados socialistas y comunistas contra la nominación de Pablo Piñera como embajador.

Desde ese minuto comenzó a correr el plazo de diez días en que el gobierno debe justificar por qué la designación no representa, como se acusa, un caso de nepotismo. El Presidente Piñera, tras defender su determinación, decidió dejar en pausa el nombramiento y esperar, precisamente, el dictamen del contralor. De hecho, hasta hoy solo había ingresado la presentación, pero no así el acto administrativo.

Una nueva etapa en esta historia se abrió este viernes cuando los parlamentarios de Chile Vamos Javier Macaya, Leopoldo Pérez y Luciano Cruz-Coke anunciaron una falta de probidad en el escrito que habían presentado los parlamentarios de oposición. Señalaron que tanto en esta presentación como en la de Alejandro Guillier cuestionando la instauración de los grupos de trabajo por los acuerdos nacionales, existía inhabilidad de los abogados patrocinantes, William García Machmar, quien fuera jefe de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, y Gabriel Osorio Vargas, asesor de esta división entre 2015 y 2018. En concreto, apelaron al inciso segundo del artículo 62 de la ley orgánica del CDE, que contiene una prohibición de carácter general a los abogados que hubieren prestado servicios en el Estado para actuar en juicio contra el Fisco u otro servicio público, por el plazo de un año. En respuesta, Osorio aseveró a La Tercera PM que "los diputados están malinterpretando la norma porque tal inhabilidad rige solamente para litigios de carácter patrimonial, como lo han demostrado distintas resoluciones de la Contraloría. Hay un desconocimiento de los parlamentarios del derecho administrativo y sus alcances".

Pero otro flanco surgió para el Ejecutivo, porque en las propiedades de los documentos presentados por los legisladores de Chile Vamos figuraba como autor del texto Raimundo Monge, ingeniero que es jefe de la División de Coordinación Interministerial, que trabaja en la actual Segpres y que, por defecto, aparece en todos los archivos elaborados en esta repartición. Es decir, la planilla original para elaborar esta presentación, que busca frenar el requerimiento presentado a la Contraloría por el nombramiento de Pablo Piñera, se elaboró en La Moneda. Y los metadatos del documento muestran que la última modificación al texto la realizó José Tomás Ruiz-Tagle, quien es asesor en políticas públicas del gabinete presidencial.

La Tercera PM consultó al subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, quien aseveró que el organismo que dirige "permanentemente realiza minutas y estudios en diversas materias. En consideración a que eventualmente la participación de exfuncionarios de la Segpres como patrocinantes de dos requerimientos ante Contraloría podría dar origen a perseguir responsabilidades administrativas, en ese contexto se realizó un trabajo sobre el particular". Y agregó que la "Segpres, en el cumplimiento de su rol, comparte permanentemente información con autoridades y parlamentarios. Y como ya se conoce, un grupo de parlamentarios encontró mérito suficiente para recurrir a la Contraloría (…); evaluar eventuales responsabilidades administrativas forma parte de las obligaciones propias de esta subsecretaría".

Macaya destacó que "los parlamentarios de gobierno recibimos todos los días minutas de Segpres. En este caso recibimos una sobre la inhabilidad de los abogados que presentaron los requerimientos contra el gobierno. Sobre ese documento trabajamos anoche (jueves) en casa de Luciano Cruz-Coke, junto con él y Leopoldo Pérez, y debe ser la razón por la que aparecen datos de funcionarios de la Segpres".