La Moneda descarta “modus operandi” en lío de platas y apunta al gobierno anterior para defender al ministro Montes

El martes el Ministerio de Vivienda, que lidera Carlos Montes (PS), fue notificado de los informes de las auditorías que realizó Contraloría General de la República y que presentó este jueves Jorge Bermúdez en la comisión investigadora del Congreso por el lío de platas entre el Estado y fundaciones, que estalló luego del escándalo que involucraba a Democracia Viva con militantes del partido Revolución Democrática.

Apenas llegaron los 15 informes -que suman alrededor de mil páginas- los equipos del Minvu se pusieron en contacto con los de La Moneda -incluido Segundo Piso y Secretaría de Comunicaciones-, más algunos ministros -como los integrantes del comité político y el ministro de Justicia, Luis Cordero-, para realizar el control de daños y ver qué tan fuerte iba a ser la arremetida de la oposición contra Montes el jueves.

Pero en el gobierno -luego de analizar los factores- optaron por bajarle el perfil a la información que entregaría Bermúdez y respaldar, nuevamente, a Montes. Las conclusiones que sacaron son que Contraloría valoraba las medidas que ha tomado el ministerio luego de que saliera el caso, que ya estaban al tanto de la mayor parte de los antecedentes expuestos y que tenían con qué defenderse, ya que en los informes, que incluyen auditorías desde 2021 a 2023, también se apunta a la gestión del gobierno anterior, incluido el jefe de gabinete del exministro Felipe Ward (UDI).

Así, de hecho, lo expresó durante la tarde de este jueves la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. “La oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están solamente circunscritos en un sector político y en segundo lugar la responsabilidad de actuar”, dijo la secretaria de Estado al ser consultada por la situación del ministro Montes, quien se encuentra con licencia médica por Covid, por lo que tuvo que seguir la comisión investigadora desde su casa, y en La Moneda esperan que este viernes pueda referirse a los nuevos antecedentes.

Vallejo además valoró el informe de Contraloría, aseguró que tanto el problema de fondo como las soluciones van en la línea con lo que ha propuesto el gobierno y descartó las acusaciones de que exista un “mecanismo”, como ha planteado la oposición a propósito de los antecedentes que expuso el contralor.

“Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que es una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Y por lo tanto, para evitar que se dé, hay que cerrar las brechas institucionales y eso es lo que estamos haciendo tanto en la Ley de Presupuesto, en las modificaciones que ya se han hecho en el Ministerio de Vivienda y también en lo que estamos haciendo en la agenda legislativa, que se ha nutrido de los resultados y sugerencias de la comisión Jaraquemada”, comentó la vocera.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, coincidió: “Vemos el informe de la Contraloría como una confirmación de esta manera mirar el problema que hemos planteado, que es un problema estructural de cómo el Estado de Chile se relaciona, que no se ocasionó solo en este caso, sino que en varios casos, y que viene además de un tiempo anterior a nuestro gobierno. Nos sentimos en ese sentido respaldados en la manera que hemos evaluado el problema y su amplitud”.

La salida comunicacional de La Moneda generó críticas inmediatas en la oposición. “El gobierno permanentemente victimizándose. Nunca asumen las responsabilidades y por eso los problemas le explotan en la cara. Hoy día tiene a (Miguel) Crispi todavía en el Segundo Piso involucrando al gobierno y al Presidente en los temas de corrupción”, dijo el diputado Frank Sauerbaum (RN).

Pese a que el contralor Bermúdez anunció que enviaría los nuevos antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado -ya que hay hechos que podrían constituir delitos y hay serias falencias en en las Seremis de Vivienda de todo el país, no solo en Antofagasta-, en el gobierno esperaban que la arremetida de la oposición fuera más “medida”, ya que la investigación también apunta a la gestión anterior, como dijo la vocera. De todas formas, en la oposición no descartan interpelar al secretario de Estado, impulsar una acusación constitucional o empezar a pedir su salida con más fuerza.

En los equipos de estudios de La Moneda creen que entre la contingencia, el éxito de los Juegos Panamericanos, la Teletón y la campaña para el plebiscito constitucional, el foco mediático está puesto en otras agendas, por lo que las críticas han sido menos agresivas.

El presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), dijo que “me parece sumamente grave lo que se ha expuesto hoy día por el contralor. No solo era Democracia Viva, sino que todas las falencias que se detectaron bajo la nariz del ministro Montes. Independiente de la calidad que tiene para entregar la firma un subsecretario, él no se puede dejar de hacer responsable de las acciones cometidas prácticamente por todas las seremías del país”.

Y agregó: “Por eso vamos a tomar como RN algún tipo de acción frente al ministro”.

En esa línea, añadió que “es impresentable que a un ministro de Estado se le pase en 15 regiones. Eso quiere decir que ha tenido un mal manejo de su personal y por supuesto que hay una responsabilidad política. No puede ser solo responsabilidad de la subsecretaria”.

El diputado RN Andrés Longton sostuvo que el ministro “tenía una obligación de control que al parecer no ejerció de forma adecuada”, mientras que el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) criticó los hechos ocurridos en el Maule, la región que representa, y sostuvo que “estamos en presencia del rol que no jugó el ministro Montes. Que debía ser el rol de fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos públicos. El informe detalla y deja explícito que no hubo adecuaciones o toma de decisiones que permitieran resguardar de buena forma el uso de los recursos públicos. Eso es responsabilidad del ministro Montes”.

Durante la tarde, desde la bancada de los diputados UDI pidieron remover a Montes; a la directora de presupuestos, Javiera Martínez; al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), y a todos los seremis del Minvu. “Esperamos que en las próximas horas el Presidente Boric demuestre su verdadero interés por investigar caiga quien caiga y le exija la salida a todos sus colaboradores que tengan algún grado de responsabilidad en este caso”, dijo el jefe de bancada y el subjefe del comité, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, respectivamente.

En todo caso, en el oficialismo también hay voces críticas. En el sector algunos aseguran que por la gravedad de los antecedentes -donde se expuso la escasa experiencia de fundaciones para recibir recursos públicos y la falta de exigencia en los planes de trabajo, entre otros factores- faltó una mayor fiscalización de parte del Ministerio de Vivienda y que fueron demasiadas las irregularidades que se pasaron ante los ojos de Montes.

De hecho, en conversaciones privadas, militantes de su propio partido cuestionan la reacción del ministro, ya que apuntan a que debió pedir la renuncia de todos los seremis y también a que pudo ver los antecedentes con anterioridad.

No es primera vez que el secretario de Estado ha estado en el foco de las críticas. Desde que estalló la polémica de los cuestionados convenios han existido reparos por el manejo que ha tenido el titular de Vivienda: por sus salidas comunicacionales y por todos los antecedentes que han ido surgiendo estando él a cargo de la cartera.

El ministro no ha sido blindado solo por La Moneda, sino que también por su partido, el PS, el que siempre ha exigido que no se le responsabilice a él de una crisis cuyo origen, dicen, provino de militantes del Frente Amplio.

Montes, de hecho, fue el gran sobreviviente del último cambio de gabinete que realizó el Presidente Boric, en agosto pasado, instancia en la que removió a militantes de Revolución Democrática.

Uno de los primeros del gabinete en salir a defender a Montes fue el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. “Los ministros no son jefes de servicios. Esa es labor de los subsecretarios. Las decisiones administrativas están radicadas ahí”, dijo el secretario de Estado en Radio Concierto.

Durante la mañana de este jueves -antes de la exposición de Bermúdez- en la cartera ya habían difundido un comunicado -que habían preparado durante los días anteriores-, porque luego del adelanto de La Tercera la noche anterior, figuras de la oposición, como el excandidato presidencial José Antonio Kast, ya estaban exigiendo la salida de Montes.

”Las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”, dice el comunicado, que además indica que desde que estalló el escándalo han sido “serios y proactivos” y que han establecido responsabilidades políticas, lo que incluye la renuncia de seremis en el Maule y Antofagasta.

Además, asegura que el problema es el modelo de transferencias del “Programa de Asentamientos Precarios” que inició su relación con organizaciones en 2019 y que permitió las irregularidades que hoy están siendo condenadas.

El texto finaliza con una condena al tipo de actos: “No vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas”.