La otra formalización que sobrevuela a ME-O

La semana de Marco Enríquez-Ominami partió con información pública de que Patricio Contesse lo había apuntado con el dedo en el caso SQM. Y que por ese testimonio del exgerente de la minera, el Servicio de Impuestos Internos se había querellado en su contra. Inmediatamente la fiscalía solicitó fecha para reformalizarlo por más delitos tributarios. Y ME-O, sorteando un pésimo momento judicial, se defendió con un extenso hilo de mensajes por Twitter en los que acusa que todo es falso.

Sin embargo, esta historia no termina todavía para el excandidato presidencial del PRO. Porque en otra causa, la del avión privado, que llevan otros fiscales comandados por Ximena Chong y donde se le imputan otros delitos que poseen penas de crimen, ME-O también sería formalizado.

Hace algunos días el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo una conversación clave con el recién nombrado jefe regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz. Según testigos, en esa reunión la máxima autoridad de la fiscalía solicitó al regional revisar todas aquellas causas que se encuentren sin formalización en la Fiscalía de Alta Complejidad que lidera Chong. Esto, para que sea Armendáriz quien decida qué hacer con ellas: si activar persecución penal y formalizarlas en tribunales de garantía, o derechamente darles término.

Entre las investigaciones se encuentra aquella que indaga el uso de un avión privado en la campaña del exlíder del PRO, que según la tesis de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado -querellante por fraude al Fisco en esta investigación- fue financiado por la empresa brasileña OAS.

Según fuentes ligadas al caso, el propio fiscal nacional consideraría que existen antecedentes para perseguir penalmente a ME-O por estos hechos, y en las próximas semanas el fiscal Armendáriz deberá tomar la decisión.

El Ministerio Público persigue en esta trama el delito de fraude que el Código Penal tipifica en su artículo 470 número 8: "Los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco prestaciones improcedentes tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas".

Chong construye el delito en virtud de la justificación que dio el propio ME-O en 2016, tras detectarse que el avión usado no estaba declarado ante el Servel. Según la versión del excandidato, el jet sí había sido declarado ante el organismo, pero indirectamente, porque era parte de una asesoría prestada por la empresa del publicista brasileño Eduardo Cavalcanti de Mendoca, más conocido como "Duda Mendoca". Se señaló esa vez que estos servicios, que incluían el uso de un jet privado, habían sido pagados mediante la factura n° 27 emitida por la empresa chilena Cono Sur Research.

Esa factura consta en las rendiciones de la campaña de ME-O por un monto de $ 170.800.000.

Sin embargo, el CDE planteó en su querella interpuesta en octubre de 2016 que los argumentos de Enríquez-Ominami no son creíbles. El organismo señaló en el libelo que "existen suficientes antecedentes en la carpeta investigativa que permiten sostener que la asesoría prestada por Duda Mendoca al candidato Enríquez-Ominami fue financiada directamente por una empresa extranjera, esta es OAS S.A. Brasil, y que en realidad Cono Sur Research -de propiedad de un exadministrador del PRO- no hizo los pagos cuyos reembolsos solicitó".

Así, son esos reembolsos, por los mismos $ 170 millones, que se habrían obtenido en forma fraudulenta.

La situación de ME-O en esta causa es tan o más complicada que la vinculada a delitos tributarios en Soquimich. Esto, porque este delito de fraude aplica las penas consagradas en el artículo 467 del Código Penal. Y en función del monto que imputa la fiscalía, la pena partiría desde 3 años y un día.

La fiscal Chong, además, tiene entre sus causas una última denuncia realizada por el Servel en contra de la campaña de Enríquez-Ominami. Mediante un oficio, el Servicio denunció ante la Fiscalía Nacional el 9 de marzo que una de las facturas rendidas en los gastos de la reciente campaña presidencial pertenecía a una empresa creada posterior al día de la elección. Se trata de la Sociedad de Publicidad y Comunicaciones y Carlos Amauri Venegas, de RUT 76.803.886-4, que facturó cerca de $ 30 millones por conceptos de servicios de comunicaciones, estrategia, manejo y coordinación de equipos. Esto, respecto de septiembre, octubre y noviembre de 2017. Sin embargo, constataron que la empresa había sido creada el 20 de noviembre.

Fuentes ligadas al caso señalan que estos hechos también podrían ser constitutivos de fraude al Fisco, pero que hasta ahora se investigan en forma paralela al caso OAS.