Las conclusiones del informe final de la Comisión de Venecia sobre el trabajo de la Convención Constitucional

Un documento de 29 páginas que responde 10 preguntas, así es el informe final que fue elaborado por la Comisión de Venecia y en el que entrega conclusiones respecto del trabajo de la Convención Constitucional.

El 5 de enero, mediante una carta dirigida al órgano consultivo del Consejo de Europa, un grupo de senadores manifestaron sus preocupaciones e inquietudes sobre algunas normas que han sido analizadas en el debate constitucional, como la opción de un Congreso unicameral y el quórum de los dos tercios.

Tras recibir el oficio, la comisión europea arribó a Chile el 28 de febrero con el fin de concretar una ronda de reuniones y así preparar -y finalizar- un informe en respuesta al documento de los senadores. La delegación estuvo conformada por la secretaria general de la Comisión de Venecia, Simona Granata-Menghini; el expresidente del organismo, Gianni Buquicchio; los relatores del informe, Josep Castellá y Paolo Carozza; y el coordinador Serguei Kouznetsov. Permanecieron en el país hasta el 2 de marzo.

Quince días después, el miércoles recién pasado, el órgano consultivo europeo dio a conocer la primera versión del texto de recomendaciones, tanto para la Convención como para la Cámara Alta. Pero este viernes entregó su versión final en un documento titulado “Sobre la elaboración y adopción de una nueva Constitución”.

En él, previo a presentar las respuestas a cada una de las preguntas planteadas, los integrantes precisaron en que “en el momento de la elaboración de esta opinión todavía no existe un texto finalizado o consolidado de la nueva Constitución de Chile. En estas circunstancias, las respuestas de la Comisión a las preguntas del Senado no pueden sino ser más bien abstractas y generales”.

Tras clarificar ese punto, una de las preguntas que miembros del Senado le formularon a la Comisión de Venecia fue si la opción “binaria” que contempla el referéndum -o plebiscito de salida- era compatible con la necesidad de lograr “amplios acuerdos” y si, en caso de que el proyecto de la nueva Constitución no sea aprobado, se debían ofrecer opciones adicionales a los electores.

En el documento, los redactores reconocieron que tal como está pensado el referéndum constitucional, este representa una opción binaria: si se aprueba una nueva Constitución o si se rechaza y sigue vigente la actual. Pero si bien es una elección binaria, plantean que “no se excluye una votación con dos o más alternativas”, lo que sería, en este caso, un referéndum con opciones múltiples.

Eso sí, señalan que como comisión “observan que las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras y se han dado a conocer a los ciudadanos y los actores políticos”, por lo que plantean que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.

Sin embargo, advierten que si se consideran necesarios ajusten en algunos temas que serán sometidos a la ratificación, “estos deberían hacerse mediante reformas constitucionales, debiendo ser debida y oportunamente discutidos con todos los interesados”.

“En esta etapa tan avanzada del proceso de redacción de la Constitución, parece poco probable que tal cambio en las reglas pueda evitar perturbar las expectativas y la estabilidad”, explican, pero agregan que, al mismo tiempo, la comisión “reconoce que casi todas las personas con las que ha consultado -en una amplia gama del espectro político chileno- reconocen que debe haber algún tipo de cambio constitucional serio en Chile, basado en el consenso más amplio posible entre los chilenos”.

En ese marco, detallan que la opinión de la Comisión de Venecia es que “si se ofrece la posibilidad de una tercera opción, esta debería ser a través de los compromisos políticos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una genuina reforma después del plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa”.

Otra de las respuestas que entrega la comisión ante las preguntas de los senadores, es que -a juicio del órgano consultivo- la nueva Constitución “deberá ser un documento unificador capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos” y que para lograr ese objetivo es necesario que satisfaga “en la mayor medida posible, las expectativas de numerosas y muy diversas categorías de personas y grupos políticos”.

También, abordaron su opinión respecto a la posibilidad de transformar el Congreso Nacional en unicameral. En ese marco, plantean que “no existe una regla general a favor o en contra del bicameralismo”. Sin embargo, “el bicameralismo instituye el principio de pesos y contrapesos dentro del Poder Legislativo” y muchos países “con estructuras federales, o incluso regionales y descentralizadas, han adoptado este sistema”.

En tanto, señalan que el unicameralismo “ha estado a menudo ligado a momentos revolucionarios o de democracia radical”, por lo que sugieren que habría cierta correlación entre la eliminación de la segunda cámara y los regímenes autoritarios o populistas.

Así, respecto a ambas opciones -y abordando el tema de la descentralización-, afirman que “todo Estado muy descentralizado necesita una segunda cámara que garantice el diálogo entre el centro y la periferia”, y que el bicameralismo “es a menudo una respuesta a las diferencias regionales, a la multietnicidad y al multiculturalismo. En una sociedad en la que estos aspectos adquieren una mayor importancia, el bicameralismo es recomendable”.

Respecto al Poder Judicial, el órgano consultivo europeo expresa que este debe ser “independiente” y precisan en que “la introducción de una ‘perspectiva de género’ en la adjudicación es ciertamente una opción política y social legítima, y puede ser útil para garantizar los derechos humanos”. Eso sí, advierten que en ningún caso “esta perspectiva debe suponer una posición privilegiada o predeterminar el resultado de un caso”.

Otro de los puntos claves que abordó la comisión fue el Pluralismo Jurídico. Sobre esto, señalaron que “debe entenderse como una estrategia constitucional legítima destinada a garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas”. También, sostienen que “un sistema de justicia indígena debe tener un grado significativo de autonomía si quiere ser un medio para realizar la autodeterminación”, y que debe haber “un sistema cuidadoso y sustancial de coordinación entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario”.

En ese marco, señalan que contemplar a nivel constitucional la reserva de escaños reservados en el Parlamento para los pueblos originarios “es una medida consistente con la realización del principio de igualdad dentro del derecho a la participación política”.

En cuanto al Tribunal Constitucional (TC), los integrantes de la Comisión de Venecia aseguran que siempre se han mostrado a favor de un TC “separado y especializado, especialmente en las nuevas democracias”. Y sobre el quórum de los dos tercios, apuntan al artículo 133 de la reforma de 2019, donde se determina que “la Constitución establece un quórum de 2/3 para la aprobación de las normas (y reglas de procedimiento), y este quórum no puede ser modificado por la Convención”.