Las razones de La Moneda para decretar estado de emergencia en la Macrozona Sur

No querían tener que decretar estado de emergencia en la Macrozona Sur, por lo mismo, La Moneda había intentado hacer que las Fuerzas Armadas colaboraran en ese lugar mediante el fallido decreto que enviaron -hace dos semanas- a la Contraloría General de la República.

En ese documento, que fue declarado como ilegal por el organismo, el Ejecutivo pedía que las Fuerzas Armadas pudiesen realizar funciones de prevención de delitos en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Esto, tras el fin del estado de excepción constitucional de catástrofe, bajo el cual el Ejército realizó labores de capacitación y colaboración con las policías en tales zonas.

En tres artículos, el decreto -firmado por el Presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro (S) de Defensa, Cristián de la Maza- autorizaba la colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en las citadas zonas de la Macrozona Sur.

Desde el día del rechazo de la Contraloría, Palacio comenzó a analizar en forma seria la posibilidad de decretar estado de emergencia -una idea que, en todo caso, venía rondando desde el fin del estado de excepción decretado por la pandemia-, lo que finalmente anunció ayer en una declaración a la prensa el Presidente Sebastián Piñera.

En la antesala del anuncio de Piñera, hubo varios encuentros entre autoridades de gobierno, principalmente entre Delgado, su par de Defensa, Baldo Prokurica; Carabineros y Fuerzas Armadas, donde se zanjaron los detalles.

“Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la Región de La Araucanía”, partió diciendo Piñera, agregando que “de acuerdo a este decreto, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones. También podrán prestar apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en estado de emergencia. De acuerdo al decreto que establece este estado de excepción, las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”.

El tema, según comentan en el gobierno, fue analizado por Piñera, el titular del Interior, Rodrigo Delgado, y asesores del Segundo Piso. Ahí, de acuerdo a las mismas fuentes, se estudiaron varios factores, entre ellos, contribuir a contener los episodios de violencia en la zona; también la medida servía para contener el descontento de los camioneros, quienes recrudecieron sus críticas y anunciaron movilizaciones (algunos depusieron ayer las manifestaciones tras el anuncio). También se analizó el impacto electoral que podría tener la medida para los candidatos del sector, el que -según las mismas fuentes- no sería negativo. La solicitud de aplicar un estado de excepción -aunque solicitaba estado de sitio- venía siendo pedido por el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y parlamentarios de la Región de La Araucanía.

De hecho, según afirman en el comando del exministro de Desarrollo Social, había conversaciones entre personeros del equipo de Sichel y ministros del comité político sobre la materia. Sichel, incluso, previo al anuncio de Piñera realizó un punto de prensa especialmente para pedir que se concretara la medida.

Como sea, en Palacio reconocen que optaron por el estado de emergencia y no por el estado de sitio debido a que si hubiesen elegido lo segundo, se podría haber recrudecido más el ambiente en la región. De hecho, las mismas fuentes indican que hubiesen preferido que las Fuerzas Armadas colaboren mediante el decreto enviado a la Contraloría, porque recalcan es “más flexible” y, posteriormente, no se requeriría el acuerdo del Congreso para aplazarse. Esto, porque la Constitución en su Artículo 42 establece que los estados de emergencia “no podrán extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período”. Y en caso de que se quiera extender por más tiempo, la Carta Magna establece que se requerirá de acuerdo del Congreso.

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien se autodenomina como uno de los gestores de la medida, cuenta que esta fue una petición que le hizo directamente al Presidente Piñera el sábado y también al ministro Delgado, a nombre del partido, y que se concretó en la reunión del comité político del lunes de esta semana.

De acuerdo a Chahuán, esto fue parte de las gestiones de RN de hace varias semanas, las cuales contemplan que el partido “pase a la acción”, con la querella a la CAM. Todo esto antecedido de reuniones de la bancada de senadores del partido con el fiscal nacional, y autoridades de los ministerios del Interior y de Justicia, además de víctimas de la violencia.

En ese sentido, ahora el partido espera como otra medida que el fiscal nacional, Jorge Abbott, se instale en la zona.

Con todo, algunos parlamentarios representantes de la región dicen que se enteraron por la prensa de la medida, pero reconocen que el gobierno sí sondeó anteriormente con ellos la opinión sobre decretar el estado de emergencia. Incluso, el propio gobernador de la zona, Luciano Rivas, indicó ayer en la tarde, en entrevista con T13 radio, que se enteró por la prensa y que “creo que no corresponde. Hay un error del gobierno de no informarnos”.

Con todo, el jefe de gabinete tiene previsto trasladarse este jueves a la Macrozona Sur y presenciar en terreno la puesta en marcha de la medida. Al cierre de esta edición, la Contraloría aún no había recibido el decreto para el estado de excepción del Ejecutivo.