Ley Antiterrorista: PC y Frente Amplio aún no tienen firmas para ir al Tribunal Constitucional y tratar de derribar norma de “IMSI catcher”

Todavía está en suspenso la arremetida ante el Tribunal Constitucional (TC), anunciada por el Partido Comunista para tratar revertir especialmente un artículo de la nueva reforma a la Ley Antiterrorista, que fue despachada esta semana por el Congreso.

El reparo de los legisladores del PC, que es compartido por sus pares del Frente Amplio, dice relación con la autorización para usar dispositivos electrónicos, denominados IMSI catcher, que permiten rastrear metadatos de los teléfonos celulares en un radio de kilómetros con el fin de detectar individuos sospechosos y neutralizar amenazas.

Incluso, la norma aprobada en la comisión mixta de diputados y senadores -que resolvió los últimos nudos del proyecto y que fue ratificada en ambas ramas del Congreso- considera una aplicación mucho más amplia, no solo para enfrentar amenazas terroristas, sino que también para delitos de narcotráfico, crimen organizado y control de armas y explosivos.

Sin embargo, este jueves, el diputado Luis Cuello (PC) sinceró que están sopesando cuál es la mejor estrategia para recurrir al TC.

Las recientes votaciones en las salas del Senado y la Cámara revelaron un apoyo mayoritario para la medida y los comunistas requieren reunir 38 firmas de diputados o bien 13 rúbricas de senadores. Adicionalmente, tienen otro problema: el tiempo corre en contra. Tienen plazo hasta el lunes para presentar el requerimiento.

“Estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer, pero desde el punto de vista del fondo, la herramienta del IMSI catcher es inconstitucional, vulnera el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones”, sostuvo el exjefe de bancada del PC.

“Estamos evaluando el fondo, los argumentos y cuál es la mejor estrategia o táctica para obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, añadió Cuello.

Consultado por La Tercera, el diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, confirmó que apoyarán mayoritariamente la acción. “Nosotros anhelamos y estamos trabajando por una ley antiterrorista que garantice la seguridad nacional de nuestro país, y que al mismo tiempo, sea moderna, democrática y respetuosa de la libertad de las personas”, aseguró.

En el caso del Senado, la recopilación de firmas está prácticamente descartada, ya que el uso del dispositivo electrónico en cuestión fue apoyado por 41 de 50 senadores. Solo hubo tres votos en contra y cuatro abstenciones.

En la Cámara, en tanto, la búsqueda de apoyos al requerimiento no está perdida, pero tampoco está fácil. De los 152 diputados en ejercicio, el informe de la mixta -con la autorización para usar el polémico dispositivo de interceptación de comunicaciones y metadatos- fue visado por 102 votos a favor. En contra se manifestaron 17 diputados, en su mayoría del PC, dos socialistas (Emilia Nuyado y Juan Santana), tres frenteamplistas (Camila Rojas, Emilia Schneider y Claudia Mix) y dos independientes (René Alinco y Hernán Palma). También hubo trece abstenciones básicamente del Frente Amplio y un socialista (Daniel Melo). Esos votos disidentes no son suficientes.

El comité mixto del PC, Acción Humanista, FRVS e independiente, tiene 14 integrantes, de los cuales uno de ellos, Jaime Mulet, aprobó la medida. Por lo tanto, en teoría parte con una base de 13 votos, incluyendo a Palma que integra esa bancada.

El Frente Amplio si bien tiene una bancada de 23 miembros, hay cuatro de ellos que votaron a favor del uso del IMSI catcher (Félix Bugueño, Félix González, Patricio Rosas y la exmilitante Catalina Pérez).

Si a ellos se le suman Nuyado, Santana, Melo y Alinco, en la Cámara solo habría hipotéticamente 36 firmas y se necesitarían al menos otras dos más de diputados que incluso aprobaron el informe de la mixta.

Uno de los que estarían dispuestos a dar su apoyo, a pesar de su voto en la sala, es el diputado Leonardo Soto (PS). Consultado por La Tercera, el parlamentario aseguró que si bien está de acuerdo con la herramienta del IMSI catcher, “me preocupa que puede ser mal utilizada en perjuicio de ciudadanos inocentes. Inexplicablemente en este proyecto de ley sobre terrorismo se extendió su utilización a decenas de delitos, algunos, muy menores”.

Con ello, a juicio de Soto, “se aumentan los riesgos de daño a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones a civiles inocentes y esa amenaza no se compensa al usarlo por delitos menores que pueden ser investigados con otras herramientas judiciales”.

Si no se reúnen las firmas, el PC y Frente Amplio podrían recurrir a un plan B. Dado que el Tribunal Constitucional igualmente revisará del texto legal, pueden presentar un “téngase presente”, un oficio para prevenir al organismo de asuntos que pueden vulnerar disposiciones constitucionales.

El problema de esa otra alternativa es que su alcance es mucho más limitado. La mayoría aplastante que obtuvo el informe, de más de dos tercios, en ambas salas del Congreso, superando incluso el quórum de una reforma constitucional, también reduce el margen de maniobra del TC, de acuerdo al criterio de “deferencia con el legislador”.

En el mismo gobierno y en el oficialismo estiman que probablemente el tribunal se limitará a depurar la aplicación del IMSI catcher a conductas y amenazas terroristas, pero no para otros delitos.

La idea de recurrir al TC fue levantada por la diputada Alejandra Placencia (PC). Fue ella quien hizo la reserva de constitucionalidad, invocando el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales”.

“Lo que se abre es algo muy peligroso, es un espionaje masivo a la ciudadanía, eso es lo que se ha abierto con esta herramienta”, cuestionó Placencia antes de que el proyecto fuera votado por ambas salas del Congreso en su último trámite.