Ley de Usurpaciones: Monsalve cuestiona el proyecto y no descarta recurrir al TC en caso de que avance

La mañana de este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), cuestionó el proyecto de ley que endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas), iniciativa que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Este miércoles el proyecto fue aprobado en general por 89 votos a favor y volvió a la comisión de Seguridad de la Cámara para discutir sus indicaciones. La iniciativa no cuenta con el respaldo del gobierno, posición que quedó clara en la votación de su idea de legislar: de los 43 diputados que votaron en contra, 40 de ellos eran parte de las bancadas de la alianza gubernamental.

En concreto, el texto -una moción del Senado, cuyos autores son Felipe Kast y las exparlamentarias Marcela Sabat y Ena Von Baer- busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades, para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

La iniciativa contó inicialmente con el visto bueno de La Moneda, pero las modificaciones que sufrió en el trámite legislativo, especialmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara, cambiaron la disposición del oficialismo.

“La ley tiene dos componentes, uno que el Gobierno acogió y presentó indicaciones para mejorar la seguridad de las personas cuando se usurpa su propiedad. Pero hay otro componente que fue incorporado en el Congreso, la legítima defensa privilegiada, que lo que hace es promover el enfrentamiento entre civiles. Por tanto, no tiene nada de seguridad para las personas”, cuestionó el subsecretario Monsalve en conversación con ADN Radio.

En esa misma línea, el exdiputado PS aseguró que el Ejecutivo no descartaba ninguna herramienta para impedir que el proyecto tal y como está se convierta en ley de la República, ya sea a través de un veto presidencial o recurriendo al Tribunal Constitucional (TC).

“A lo que se opone el Gobierno es a la indicación que implica que cuando haya una usurpación, los dueños pueden ir a desalojar a las personas que lo ocuparon. Eso es legalizar el enfrentamiento entre civiles. No descartamos ninguna herramienta. Lo que decimos es que no vamos a tolerar que se legisle para promover el enfrentamiento entre civiles”, remarcó el segundo al mando en el Ministerio del Interior.

Y complementó: “Eso puede ser al Tribunal Constitucional o un veto presidencial, pero ojalá sea un acuerdo en el parlamento para legislar en favor de la seguridad de las personas “.

En ese sentido, el Ejecutivo retiró -según confirmó en la Sala la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD)- la urgencia a la tramitación del proyecto, para así posibilitar los acuerdos y mejoras que el gobierno pretende incorporar a la iniciativa.

En su habitual vocería de los lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), calificó las indicaciones de legítima defensa privilegiada y la de autotutelaje como una “aberración jurídica, nos va a llevar a un escenario de mayor violencia, porque es básicamente que cada uno tome la justicia por sus manos”.