Comisión investigadora por líos de plata aprueba reprochar a ministro Montes, pero lo liberan de una “negligencia inexcusable”

La tarde de este lunes la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso de platas políticas de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió y votó el informe de conclusión respecto de las presuntas irregularidades de las transferencias de dinero desde entidades públicas mediante convenios a fundaciones.

La sesión, correspondiente a la última de la instancia y que se inició pasadas las 17:00 horas, tenía por objetivo votar todas las conclusiones que han propuesto los 13 integrantes de la comisión. Como adelantaron desde la oposición, uno de los principales nudos era sobre la conclusión de la comisión respecto del rol del ministro de Vivienda Carlos Montes (PS).

En ese contexto, y pasadas las 20 horas, los parlamentarios resolvieron aprobar, por ocho votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, el informe de conclusión propuesto por la oposición, agrupada en Chile Vamos.

Acerca de las presuntas responsabilidades del ministro Montes se estableció que eventualmente podía desconocer la situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios. No obstante, se precisó que “como Comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera”.

Pese a ello, el texto señala que “si bien los secretarios regionales ministeriales realizaron transferencias de manera delegada, lo cierto es que el jefe ministerial debía fiscalizar que dicha delegación se realizare de manera ajustada a la ley”.

“De ahí que el ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión constitutiva de reprochable inobservancia, lo que derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos, razón única y final de la existencia de la Administración del Estado”, sostiene el informe.

Cabe indicar que la comisión se estableció para fiscalizar los traspasos directos de recursos ligados al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu. Esto luego de que saliera a la luz la firma de tres millonarios convenios entre la fundación Democracia Viva -ligada a RD- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que derivó en una investigación del Ministerio Público por posibles delitos de corrupción, como también una serie de auditorías por parte de la Contraloría.

En total eran cinco informes los que se iban a someter a votación para decidir cuál sería finalmente traspasado a la sala de la Cámara Baja, si lograba mayoría en la comisión (con la aprobación de al menos 7 de los 13 integrantes). Sin embargo, tres de ellos fueron dados de baja por sus autores para así adherir al de la oposición, agrupada en Chile Vamos.

Y es que, con cierta confusión, los diputados se enteraron en medio de la misma sesión de la forma en que sufragarían: los informes se votaban de manera íntegra, en bloque y no se podía solicitar votación separada de sus puntos específicos, de manera en que si se aprobaba uno, se entendían por rechazados todos los demás.

“Después de una conversación larga que tuve con el señor secretario de la comisión, él me iluminó y me explicó que esto había que votarlo no como pensábamos en un principio, que iba a ser punto por punto, conclusión por conclusión, propuesta por propuesta. En base a eso, yo me comuniqué a través del chat y también unos se han acercado para llegar a algún tipo de acuerdo en propuestas”, indicó el presidente de la instancia, José Miguel Castro (RN).

Así fue como la propuesta del diputado Castro, junto a Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), acordó una redacción que hablara de una “negligencia inexcusable” del ministro, pero finalmente también recogió distintos puntos de los otros informes, suavizando los reproches hacia Montes.

“Como comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera”, se lee en el documento preliminar de la oposición.

La propuesta del oficialismo -redactada por Mercedes Bulnes y Ericka Ñanco del Frente Amplio, y Carolina Tello del PC- buscaba establecer que “no existió una estructura y operatoria montada por funcionarios del Ministerio de Vivienda ni por terceros del ámbito privado, en las 16 regiones del país con el propósito de defraudar al fisco. El origen se encuentra en la laxitud de la norma”.

La diputada Yovana Ahumada, quien representa a Antofagasta e integró la comisión fiscalizadora, había presentado la propuesta de informe más severa contra Montes. “Es impresentable que el ministro fuese el único que no tuviese conocimiento de los graves actos de corrupción”, decía su borrador.

Por su lado, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, en un tono más suave, solo señalaba que el secretario de Estado tiene responsabilidad política.

El otro escrito era el planteado por los diputados Rubén Oyarzo (PDG), Raúl Soto (PPD) y Andrés Jouannet, quienes estaban de acuerdo en hacer un reproche al rol que tuvieron al jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD); la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD) y la exsubsecretaria de la misma cartera Tatiana Rojas (RD), pero discrepaban de la derecha respecto del juicio crítico a Montes.

El informe de los diputados no alineados con el oficialismo centraba sus cuestionamientos en Revolución Democrática. En el texto, incluso aparecían mencionados el exministro Giorgio Jackson (RD) y la diputada Catalina Pérez (RD), cuya expareja (Daniel Andrade) y su exjefe de gabinete (Carlos Contreras) suscribieron los contratos entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Como reconoció el presidente de la comisión en una entrevista radial la mañana de este lunes, el “nudo principal” de la votación era el ministro Montes. El titular de Vivienda es el único de los aludidos que podía ser acusado por los parlamentarios, quienes podrían haberle aplicado una inhabilidad de ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

De hecho, las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Cocha, en compañía de algunas legisladoras independientes como Yovana Ahumada y Gloria Naveillán, hace dos semanas anunciaron su intención de presentar una acusación constitucional contra Montes. Según las promotoras de este libelo, el informe de la comisión será crucial para proceder a su presentación. Esa posibilidad decayó hoy con el ajuste al informe al que suscribieron la mayoría de la comisión, donde el tono es mucho más suave.