Lío de platas: el crítico diagnóstico de Chile Transparente por el lento avance de las medidas de probidad del gobierno

Fue el 4 de julio de este año cuando el gobierno -en medio de las cuestionadas transferencias de entidades públicas a fundaciones por medio de convenios- lanzó una comisión de expertos en probidad y transparencia, para que estudiaran una batería de medidas legislativas y administrativas para hacerle frente al tema.

La instancia fue integrada por la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien la lideró, y otros expertos como el excontralor Ramiro Mendoza, el académico de la PUC, Ignacio Irarrázaval, la experta en gasto público Jeannette Von Wolfersdorff y el profesor de la Universidad de Chile Francisco Agüero.

El 28 de agosto se entregó el informe con al Presidente Gabriel Boric, y el gobierno lo canalizó para finalmente lanzar una agenda de 60 medidas -entre decretos y proyectos de ley- el pasado 29 de septiembre. Ahí, La Moneda recogió las ideas de la mesa -como los cambios al presupuesto, mejoras a nivel de transparencia y mayores regulaciones en las transferencias de dinero- y se comprometió a impulsarlas en un plazo fijo. Por ejemplo, las iniciativas consideradas de corto plazo las comprometió para un plazo de 30 días.

De ahí que Chile Transparente realizó un balance de cómo han avanzado las medidas. El diagnóstico que tienen en la entidad liderada por Jaraquemada es que si bien se reconoce el “esfuerzo” de parte del gobierno, todavía no se pueden ver resultados “concretos” y, por lo mismo, falta trabajo por hacer y prioridad que darle a la agenda que se discute en el Congreso Nacional.

Una de las medidas que preocupan más a la entidad experta en probidad es que aún no se haya presentado el proyecto de ley del Registro de Beneficiario Final, que es una iniciativa clave para conocer quién es el dueño de una sociedad. Por ejemplo, algunas empresas son constituidas por otras sociedades, y éstas a su vez por otras empresas, lo que dificulta conocer quiénes son los verdaderos dueños.

De acuerdo al balance, del total de 46 medidas propuestas por la instancia hay un total de 20 que presentan alguna actividad o avance los que, de acuerdo a la entidad, “en varios casos son avances menores o iniciales”.

Dentro del conjunto de medidas con mayor avance se encuentran las relativas a mejorar la transparencia activa (información pública disponible en internet) de las instituciones privadas sin fines de lucro. La entidad fijó en un 49% el avance en dichas medidas, entre las que se incluyen el ingreso de indicaciones a la nueva Ley de Transparencia y el fortalecimiento de transparencia de institutos ligados a partidos políticos.

Otro conjunto más avanzado los cambios a la Ley de Presupuesto 2024, lo que Chile Transparente calificó con un 31% de grado de avance con el fortalecimiento al traspaso de transferencias. Sin embargo, Jaraquemada advirtió que “debemos ser ágiles con medidas que hoy se consideraron en la Ley de Presupuestos recién aprobadas, ya que hay que tomar en cuenta que es una ley con una vigencia de un año”, por lo que recalcan que dichas medidas se deben hacer de carácter permanente.

También el área de gobierno corporativo registra un 30% de avance en las regulaciones a las corporaciones municipales.

Por el otro lado, dentro del conjunto de medidas con menor avance están las relativas a la tipología y clasificación (6%) que busca unificar el marco regulatorio de las instituciones privadas así como su clasificación; la transparencia en organismos del Estado (14%) con normativas como un portal único de entidades; y lo relativo al control, infracción y sanciones que consigna un 15% de estado de avance.

Desde otras entidades de la sociedad civil también han promovido los temas de modernización del Estado para mayor transparencia. El director de asuntos legislativos de Pivotes, José Antonio Valenzuela, sostuvo que “el informe de la ‘Comisión Jaraquemada’ identificó problemas, por ejemplo, de empleo público como asuntos estructurales que generaban espacios y aperturas para la corrupción y ahí no hemos visto nada en materia de pacto fiscal. No se incluyó una modernización del Estatuto de Empleo Público dentro de los asuntos a considerar para evitar casos de corrupción como los que vimos a partir del escándalo de Democracia Viva”.