Una serie de críticas generó al interior de la Convención Constitucional la propuesta de cronograma realizada por la mesa del organismo este miércoles. El documento de 11 páginas fue socializado la tarde de ayer entre los convencionales y será discutido hoy en una sesión de pleno citada de las 12.30 a las 15 horas.

La controversia se dio principalmente por el hecho de que la planificación contempla 12 meses y no nueve, como establece el primer plazo constitucional para que la Convención emane un nuevo texto. Al anticiparse al uso de la prórroga, que también está contemplado en la actual Carta Magna, generó reparos en la derecha y en sectores del Colectivo del Apruebo.

El punto fue defendido durante la jornada por la propia directiva liderada por Jaime Bassa y Elisa Loncón, algo que ya había sido propuesto públicamente por el propio vicepresidente en agosto.

“Todas las propuestas de cronograma que estamos trabajando, todos los borradores que hemos trabajado, contemplan desde ya la prórroga de plazo que establece el Artículo 137, inciso segundo de la Constitución. Esto es: los nueve meses iniciales más tres. Todas las propuestas que estamos trabajando contemplan que la Convención Constitucional termine sus tareas la última semana del mes de junio o la primera del mes de julio”, confirmó el frenteamplista.

En la Constitución actual está establecido que esta decisión es potestad de la Convención y “podrá ser solicitada por quien ejerza la presidencia de la Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a 15 días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses”.

Otro punto que despertó inquietud, principalmente en Chile Podemos Más, fue que la propuesta de la mesa incluye la eventual realización de un plebiscito dirimente para zanjar controversias que no logren el quórum de los 2/3, según quedó establecido en el Reglamento General. El borrador propone el fin de semana del 7 y 8 de mayo de 2022 para la consulta, en que será la ciudadanía la que dirima entre propuestas normativas. El problema es que para viabilizar el proceso los propios convencionales que impulsaron la medida han reconocido que se requiere una reforma constitucional por parte del Congreso Nacional.

“Le prometieron a la ciudadanía consulta a pueblos originarios, plebiscitos dirimentes, participación ciudadana y terminar todo en 12 meses. Claramente mintieron y jugaron con la ilusión de esta. No se puede aprobar un cronograma de esta forma. Lo irregular es que el cronograma se haga pensando en los 12 meses cuando la Constitución dice que solo se podrá extender en marzo. Además, en agosto nos decían que el reglamento se terminaría el 10/09/21. Al final se extendió un 50% más de ese tiempo”, acusó el convencional Arturo Zúñiga (UDI).

A su vez, el convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) manifestó que “si durante el desarrollo de la discusión nos damos cuenta que va a ser un tiempo insuficiente, bueno, habrá que usar la prórroga. Pero partir ya diciendo que se va a usar la prórroga, no me parece que sea un incentivo al trabajo que tenemos que realizar. (...) Lo más importante es intentar avanzar en la discusión de contenidos. No creo que sea bueno que antes de iniciar el trabajo de contenidos de cada una de las comisiones ya se esté diciendo que se va a utilizar la prórroga”.

El tema es complejo justamente porque hay posiciones contrarias al interior del organismo. “Diría que hay dos tipos de problemas. Primero, poner de acuerdo a 154 personas en una forma de trabajo es una tarea siempre compleja. Pero también hay un segundo elemento, que ha sido anunciado por la prensa, y es que hay sectores de constituyentes y del país que esperan que este proceso dure más de un año, eventualmente dos. Y eso tensiona las conversaciones, porque significa discutir fuera de los márgenes en que discutimos actualmente, y dificulta el llegar a un acuerdo para tener un cronograma que nos permita cumplir con nuestro mandato y tener un proyecto de Constitución a junio de 2022”, explicó ayer Bassa, aludiendo a la propuesta que hizo hace algunos días el convencional ex Lista del Pueblo Manuel Woldarsky.

La polémica por los plazos fue abordada en las comisiones que sesionaron durante la tarde de ayer. El propio Bassa defendió que se trataba de una propuesta que será sometida a consideración del pleno. La propuesta, si bien será debatida hoy, probablemente se votará la próxima semana. En la mesa están conscientes de que no pueden seguir aplazando el asunto, puesto que las instancias temáticas deben organizar sus plazos de audiencias y de debate constitucional.

La propuesta contempla, además, dos fechas cruciales para el proceso. Fija para el próximo 8 de noviembre la apertura del periodo de recepción de propuestas de iniciativa popular de norma constitucional, el que se extendería -de ratificarse por el pleno- hasta el 7 de enero de 2022.

Además, deja el primer pleno para votar los informes de las comisiones temáticas y sus propuestas de norma constitucional para el 11 de enero de 2022.

Un factor que trabó incluso en la propia mesa la presentación de la propuesta de cronograma fue, precisamente, la fecha de inicio a dichas votaciones. Algunos sectores de la izquierda plantearon la necesidad de que no se hiciera en paralelo a la presentación de iniciativas populares de normas, sino que posterior a ello, lo que finalmente se acogió. En un primer borrador estas estaban fijadas para diciembre, pero al cierre de esta edición se envió una nueva propuesta con la fecha actualizada.

Con esos plazos sobre la mesa, no habría ninguna votación de contenidos en pleno antes de los comicios presidenciales del 21 de noviembre.