Los nudos que marcarán la recta final de la ley anticorrupción

Hasta total despacho está citada para este miércoles la Comisión Mixta que revisa el proyecto que modifica el Código Penal en materia de corrupción.

Así, la instancia zanjaría esta semana los principales nudos que están pendientes para enviar su informe final a las salas de ambas cámaras, dando paso a la nueva normativa que aumenta las penas para los delitos funcionarios, además de tipificar nuevos ilícitos.

"El proyecto ha avanzado de forma muy decisiva, entrando a su fase final, gracias al esfuerzo significativo de todos los sectores", sostuvo a La Tercera el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ha liderado la tramitación de la iniciativa en la Mixta.

En ese sentido, Larraín aseguró que "este esfuerzo tiene como propósito crear en Chile un nuevo estatuto anticorrupción, con penas severas, de acuerdo a estándares internacionales, que nos permitan terminar con la impunidad que normalmente se da cuando se cometen este tipo de delitos, generando mecanismos que prevengan y disuadan su comisión".

Dentro de los temas que están pendientes en la Mixta, se encuentran una nueva norma de cooperación eficaz para los delitos de malversación, fraudes, exacciones, cohecho y soborno. La propuesta del Ejecutivo, en ese sentido, plantea incluir como circunstancia atenuante de responsabilidad penal de dichos ilícitos, "la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito", casos en los que se podrá reducir la pena en hasta dos grados.

Asimismo, la instancia tendrá que pronunciarse sobre la indicación del gobierno que contempla la creación de nuevos delitos de corrupción entre privados y administración desleal. El primero busca incorporar en la legislación un nuevo tipo penal que evite que el soborno sea un medio legítimo de competencia en el mercado.

Otro de los puntos que marcará la discusión es la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, desde el gobierno han propuesto incorporar al catálogo de delitos por los cuales se puede perseguir y sancionar a las empresas, entre ellos, la negociación incompatible, además de los nuevos ilícitos de corrupción entre particulares y administración desleal.

En esa línea, la propuesta del gobierno también contempla la sanción de disolución de la persona jurídica por delitos simples, a diferencia de la norma actual, la que solo se da en casos de crímenes como lavado de activos.

Es en este último punto donde los integrantes de la oposición tienen diferencias con el Ejecutivo e ingresarán indicaciones para "perfeccionar" la propuesta del gobierno en esa materia. Por ejemplo, según una minuta a la que accedió este medio, buscarán ampliar aún más el catálogo de delitos por los que pueden ser sancionadas las empresas, incluyendo el uso de información privilegiada y colusión.

De la misma forma, plantearán puntos que -a su juicio- no quedan resueltos con la propuesta del gobierno en materia de prevención, legitimación procesal de las víctimas y medidas cautelares, entre otros temas.

Hasta ahora, los parlamentarios han aprobado aumentar en todas las hipótesis de cohecho y soborno el grado máximo de las penas privativas de libertad y elevar las penas de multas e inhabilitaciones.

Asimismo, se incorporó un nuevo tipo penal de cohecho por razón del cargo, sin necesidad de que -como ocurre actualmente- se deba comprobar una contraprestación para que se hagan efectivas las penas.

Asimismo, la instancia ya aprobó que quienes hayan sido sancionados por los delitos de cohecho y soborno serán condenados a una pena accesoria de "inhabilitación absoluta, perpetua o temporal, en cualquiera de sus grados, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública"