Consulta Indígena: Gobierno expresa “preocupación” por plazos y presupuesto y Quinteros responde que un 60% del financiamiento será por aporte de instituciones estatales y “el 40% con fondos propios”

A menos de una semana del inicio de los encuentros territoriales correspondientes a la Consulta Indígena, los cuales comienzan el 14 de febrero, el ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) envió un oficio a la mesa directiva de la Convención Constitucional, liderada por María Elisa Quinteros (MSC).

En el documento, ingresado el 8 de febrero y firmado por el ministro (s) de la Segpres, Máximo Pavez, y el subsecretario (s) de la misma cartera, Raimundo Monge, se manifiesta la preocupación de las autoridades “en orden a que, para cumplir las fechas propuestas por la Mesa, se tenga claridad de los recursos involucrados en la Consulta Indígena”.

Lo anterior, ya que -según indican en el oficio- a la fecha “no se ha recibido en esta Secretaría de Estado ningún requerimiento formal y específico asociados a incrementos de presupuestos para estos fines”.

El 28 de enero, tras un oficio ingresado el día previo -también por la Segpres- en el que expresaban inquietud sobre el presupuesto considerado por la mesa para la consulta, el cual superaba los 1.410 millones de pesos, se sostuvo una reunión entre la directiva de la Convención y la cartera liderada por Juan José Ossa.

En aquella ocasión, Quinteros habría expuesto mediante una presentación el presupuesto tentativo de $1.439 millones, el cual consideraba “tareas de elaboración y difusión del material informativo; diálogo y deliberación propia; y acuerdos y sistematización”.

Tras ser presentados esos argumentos, según indica el oficio ingresado este martes, en aquella reunión Ossa “reafirmó el compromiso de apoyar esta instancia por parte del Ejecutivo, siendo deseable la conformación de un equipo de trabajo que permitiera llegar a los montos precisos y necesarios para llevar adelante la consulta”.

“El Gobierno de Chile se encuentra absolutamente comprometido con este proceso” complementaron, y detallaron que “prueba de ello, son los compromisos adquiridos presencialmente en la citada reunión de trabajo, por parte del ministro de Educación y la ministra (S) de Desarrollo Social y Familia”,

“Esperamos a la brevedad se puedan formalizar los requerimientos a dichas carteras, a través de convenios de colaboración en los que consten las obligaciones de ambas partes y la respectiva exigibilidad de los compromisos adquiridos”, agregaron.

Durante la mañana, en el marco del punto de prensa habitual para realizar un balance del trabajo constitucional, Quinteros abordó el documento remitido por la Segpres.

“El día de ayer (8 de febrero) nos llegó un oficio desde el subsecretario general de la Presidencia subrogante y del ministro general de la Presidencia subrogante, preguntándonos por el tema de los recursos”, señaló la presidenta del órgano redactor, agregando que “estamos dando respuesta, por supuesto, a ese oficio”.

En ese contexto, detalló cómo será el financiamiento de la Consulta Indígena, la cual ha variado su presupuesto entre $1.400 millones, $1.500 millones y $2.400 millones.

Según indicó Quinteros, mediante la colaboración de diferentes instituciones estatales como el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, los gobiernos regionales y municipios, “la estimación presupuestaria de $1.400 millones la vamos a poder cubrir gracias a esta colaboración” y con “fondos que tenemos dentro de la Convención”.

En detalle, según estimaciones de la presidenta de la Convención, “alrededor de un 60% de la Consulta Indígena será cubierta con el aporte de instituciones del Estado -porque recordemos que la consulta es un deber del Estado, nosotros la impulsamos desde la Convención- y el 40% con los fondos propios que tenemos destinados desde el gobierno, de la Secretaría General de la Presidencia”.

En cuanto a los funcionarios que participarán en la realización de los encuentros territoriales, Quinteros precisó que hay estimaciones de personas respecto al “despliegue nacional por pueblo”.

Si bien aseguró que la cantidad puede aumentar o disminuir, “tenemos pensado en la estrategia coordinadores territoriales de pueblo al menos 10, pensando uno por cada pueblo”. Respecto a los equipos de terreno, “que son los facilitadores, moderados y digitadores, una estimación inicial de 201 equipos, eso significa 603 personas”. “Por supuesto, esto puede que varíe un poco”, agregó.

En el cerro Huelén -o Santa Lucía-, se dio inicio el 26 de enero a la primera etapa de la Consulta Indígena, instancia que busca propiciar la presentación de propuestas respecto a los derechos de los pueblos originarios y sus garantías, así como también lograr acuerdos con “comunidades, organizaciones, pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile”.

Inicialmente, la realización de la consulta estaba destinada para diciembre. Sin embargo, fue suspendida, ya que no se alcanzaron los acuerdos necesarios en el texto base de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y se generaron distintas tensiones en su discusión. Incluso, uno de los coordinadores de la comisión, Victorino Antilef (Pueblo Mapuche), renunció a su cargo en diciembre.

El representante indígena, mediante la lectura de un comunicado, señaló haberse encontrado “ante la encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros procesos de consulta, y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad”.

Actualmente, la instancia se encuentra en su primera etapa de trabajo, la cual contempla una extensión de dos semanas en la difusión y educación del proceso participativo mediante visitas territoriales a las comunidades indígenas.

Una vez finalizado ese período, el 14 de febrero iniciará un ciclo de deliberación, donde las autoridades ancestrales, comunidades y asociaciones indígenas podrán analizar y desarrollar propuestas relacionadas al catálogo de derechos y principios de los pueblos indígenas.

Concluida aquella etapa, comenzará el proceso de sistematización para recolectar y procesar la información, propuestas, recomendaciones y acuerdos de los pueblos indígenas, lo que será consolidado en un informe general que se entregará a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, para luego derivar distintos informes a las comisiones temáticas respectivas.