Tensión en el Senado por aplazamiento de votación de proyecto que permite a presos por causas de DD.HH. cumplir condenas en sus casas

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el Senado luego de que fuera postergada para este miércoles la votación del proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que cumplen ciertos criterios, como padecer una enfermedad terminal, un menoscabo físico grave, o que hayan cumplido una determinada edad.

El objetivo de la iniciativa es permitir que dicho grupo de personas pudiera cumplir penas desde sus domicilios. Desde el oficialismo, apuntan que una normativa de esta naturaleza -que en cuanto al criterio de edad aplicaría para hombres desde los 70 años y para mujeres a partir de los 65 años- permitiría que presos por causas de derechos humanos -como los de Punta Peuco- puedan cumplir los últimos años de sus condenas en arresto domiciliario, acusando que generaba “impunidad”.

La decisión de poner en tabla la iniciativa -impulsada por Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel (RN) y Enrique Van Rysselberghe (UDI)- se adoptó en la reunión de comités del lunes, con respaldo de toda la derecha y el voto en contra de los comités del PS, del PPD- Independientes, de la DC-Independientes y del PC.

Además, a esa instancia, desde donde emanó la propuesta, no asistieron los oficialistas Juan Ignacio Latorre (RD) ni Esteban Velásquez (FREVS), tampoco los representantes de Demócratas, partido que antes se habían manifestado en contra. Al respecto, el senador José Miguel Insulza (PS) cuestionó a quienes se ausentaron en la toma de esta decisión.

“Cada comité vota por el numero de miembros que tiene. Por lo tanto, cuando alguien no asiste o llega tarde simplemente se produce una votación como la que se produjo. Yo creo que sería lamentable que este proyecto se discutiera siquiera, pero tengo que reconocer que la falla en realidad está en que se votó en comité”, expresó en esa ocasión.

Esta jornada, en la sesión en sala, ya entrada la discusión y luego de que varios parlamentarios del oficialismo manifestaran su rechazo al proyecto, el senador del comité republicano Rojo Edwards solicitó una “segunda discusión” de la iniciativa, acogiéndose al artículo 129 del reglamento de la Cámara Alta.

“Tendrán segunda discusión todos los asuntos sometidos a la consideración del Senado, cuando lo requiera un Comité”, indica la norma invocada, donde se agrega que “no habrá lugar a este derecho cuando su ejercicio pueda perjudicar el despacho del asunto dentro del plazo constitucional, legal o reglamentario, establecido para su resolución”.

El secretario del Senado, Raúl Guzmán, al ser consultado desde el oficialismo si era válida la petición, afirmó que esta era correcta, al no tener el proyecto urgencia establecida alguna.

“Esto va a quedar para el momento que lo decidan los comités, no va a quedar para mañana”, agregó el vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla.

Tras los dichos del falangista, el senador José Miguel Insulza (PS), al no quedar conforme con esta interpretación, llamó nuevamente a Guzmán para que se pronunciara sobre cuándo se tendría que realizar la votación, volviéndose a ratificar que la segunda discusión solicitada queda para cuando los comités la pongan en tabla.

La senadora Isabel Allende (PS) solicitó la palabra y manifestó su molestia ante la situación. “Me da dolor y vergüenza lo que está pasando. Dolor por todas las organizaciones de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, de ejecutados que nos acompañan” y acusó a la oposición de utilizar “cualquier expediente” para dilatar la votación.

“Hoy no tienen los votos, digamos la verdad. No les importa el contenido, no importa lo que aquí se presentó, aquí lo que importa es que ustedes ven que se les va a rechazar el proyecto, y yo le pregunto entonces a la mesa cuál es en definitiva su interpretación. Vamos a tener reunión de comité, vamos a poder sesionar en cuatro otras más o lo vamos a hacer el día de mañana”, agregó Allende.

Tras ratificar que se tendría que poner el proyecto en tabla en reunión de comité, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, manifestó que “la segunda discusión no omite que termine la primera discusión, la que podemos seguir discutiendo”. El gremialista terminó suspendiendo por algunos minutos la discusión debido a gritos provenientes desde la tribuna en protesta ante la situación.

Tras restablecerse la primera discusión, y darse por finalizada, se realizó una reunión de comités, donde se acordó votar el proyecto este miércoles, sin fundamento de los votos.

Desde la UDI, la senadora Luz Ebensperger solicitó que se vote separadamente la disposición que establece que “hombres condenados que tengan setenta años o más o que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena, y mujeres condenadas que tengan sesenta y cinco años o más o que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena”.

La senadora socialista Paulina Vodanovic criticó duramente el proyecto, afirmando que “debiera ser una obligación de todo chileno y chilena estar propendiendo a esta defensa (de los DD.HH.), no buscando normas que dejan en libertad a estos, ‘viejitos que mataron, viejitos que torturaron’. No podemos permitir que este proyecto sea aprobado. Acá hay una sola derecha que está promoviendo este proyecto no solo para liberar a violadores a los DD.HH., van a liberar a narcotraficantes, a abusadores sexuales, a asesinos”.

Asimismo, la senadora independiente Fabiola Campillai aseveró que “la derecha habla de mano dura contra delincuencia y con este proyecto deja a verdaderos delincuentes en libertad. No entiendo ese doble discurso. Violadores, abusadores de niños, asesinos, personas que violaron todos los derechos en Chile, delincuentes muy peligrosos que pueden salir en libertad”.

Por su parte, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber calificó el proyecto como “cínico y cobarde”

“Cínico, me atengo a la definición de la RAE, persona o en este caso proyecto que actúa con falsedad o desvergüenza descarada. Para liberar a condenados, acreditadamente violadores de los DD.HH., se hace un proyecto con rostro humanitario. Y es cobarde, porque no quiere decir que van a liberar a esas personas. Y el cinismo es tan grande, que están dispuestos con tal de obtener un beneficio carcelario a violadores de DD.HH. que no han mostrado arrepentimiento alguno, que se puede comer todas las palabras que han dicho para perseguir a los abusadores de niños, abusadores sexuales, homicidas, a toda esa cáfila…, están dispuestos a liberarlos”

Tras la tensa jornada en la Cámara Alta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, habló a nombre del gobierno, y calificó el referido proyecto como “técnicamente deficiente”.

“El proyecto como ha sido indicado, infringe flagrantemente las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que el derecho chileno ha venido aplicando sistemáticamente en el último tiempo. Por un lado, en el concepto de la proporcionalidad de la pena, uno de los aspectos claves en el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es que la aplicación de la sanción debiera tener en consideración desde el inicio la ejecución de la misma”.

En este contexto, y de aprobarse la iniciativa, el titular de Justicia precisó que el 56% de las personas condenadas por delitos de violación a derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990 “quedarán cumpliendo sus casas. En segundo lugar, los delitos siguientes, que siguen de acuerdo solo a la regla general, son delitos sexuales, homicidios y drogas”.

Al respecto, el secretario de Estado advirtió que para defender este proyecto, se ha citado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero aclaró que se han omitido casos donde el Estado de Chile “ha sido condenado explícitamente”.

Asimismo, enfatizó en que la propuesta también “afecta el principio de la necesidad de investigación, sanción, cumplimiento efectivo de la pena a los responsables de grandes violaciones a los derechos humanos”, argumentando que no se consideraría la persecución penal en materia de crímenes de lesa humanidad.

Entre las omisiones, señala “la de una política de Estado que requiera diferenciar este tipo de crímenes. Además, desde la perspectiva del tratamiento, no solo de la impunidad, sino que de la regla de prescripción, y así como aquellos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento en particular de la posición de las víctimas, un aspecto que a este Senado en particular le importaba sistemáticamente en el caso de los delitos comunes”.