Gobierno prepara cumbre con tres poderes del Estado por ataques en infraestructura crítica

Reuniones con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y para el jueves, con los fiscales que conforman el equipo “antibombas” del Ministerio Público. De esta manera, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, busca junto al ente persecutor una manera de acelerar las investigaciones derivadas de tres graves hechos que tienen al gobierno en estado de alerta.

Lo ocurrido el 9 de junio, en Valparaíso, donde se adosaron explosivos en una torre de alta tensión; lo mismo, ese día en Cañete en contra de otra estructura similar, y la instalación de un artefacto explosivo en la línea férrea en el puente Itata, en Ñuble, encendieron las preocupaciones del Ejecutivo y del ente persecutor.

Luego de la cita con Valencia, el subsecretario señaló que estos hechos “constituyen una prioridad perseguirlos penalmente, identificar a los responsables y sancionarlos. En ese contexto, por instrucciones del Presidente de la República me he reunido hoy día con el fiscal Ángel Valencia. Hemos tenido una reunión de coordinación en materia de persecución penal y de colaboración de parte del gobierno para aclarar estos hechos”.

En esa misma línea, sostuvo que el jueves 15 tiene programada otra reunión, esta vez con el fiscal regional Sur, Héctor Barros, quien agrupa todas las causas relativas a la instalación de artefactos explosivos en el país.

“Tenemos comprometido concurrir personalmente a una reunión con el fiscal Héctor Barros y con el equipo de fiscales que lleva adelante las investigaciones en materia de aclarar los hechos de instalación y detonación de artefactos explosivos y por supuesto a partir de esa reunión informaremos las acciones y coordinaciones que llevaremos entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público”, dijo.

Pero la intención del gobierno de buscar hacer partícipe de un acuerdo a todas las instituciones para frenar este tipo de atentados no quedó ahí, pues pasadas las 19.00 de la tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se citará al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y jefes policiales.

“Con motivo de estos explosivos que han sido detonados en los últimos días, y la preocupación que eso genera, el Presidente nos ha instruido para que en los próximos días, o durante mañana o pasado, convoquemos a una reunión a los poderes del Estado -el Parlamento, con sus dos presidentes; la Corte Suprema; también a las policías, Carabineros y la PDI; al fiscal nacional y a las autoridades del Ejecutivo que tienen competencia en esta materia-, para analizar los antecedentes que los distintos organismos tienen para intercambiarlos y también acordar decisiones para profundizar y agilizar las investigaciones respecto de estos atentados”, dijo.

Consultada sobre la fecha específica de la cita, la ministra del Interior indicó que aún se deben hacer las coordinaciones, pero que se realizará entre el jueves y el viernes.

Los atentados en Valparaíso, Biobío y Ñuble tienen preocupado al gobierno, por lo mismo, el Ministerio del Interior se querelló en los dos primeros casos, y tienen “en redacción” la acción judicial para hacerse parte de la causa de Ñuble, sin embargo, en todas se invoca la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos y no la Ley Antiterrorista. “Es un tema de efectividad”, dijo Monsalve.

Además, agregó que “cuando ocurre un hecho tan grave como la colocación de un artefacto explosivo para dañar infraestructura crítica, en el caso de las torres de alta tensión y de la línea férrea en Ránquil”, el país espera que “el Estado utilice la herramienta que permita de mejor manera identificar a los responsables y además permita de mejor manera, una vez identificados, sancionarlos de manera severa, ese es todo el análisis. Y en ese análisis la herramienta legal que más sirve es la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos”.

“La Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos resulta mucho más eficaz para perseguir, identificar y sancionar de manera severa a los responsables”, enfatizó la autoridad.

En esa línea, Monsalve aseveró que la Ley Antiterrorista es una “mala ley”, ya que “hay que probar el ánimo terrorista de quien lleva adelante la acción, y esa área subjetiva de la ley siempre ha hecho muy difícil utilizarla para sancionar a las personas que cometen actos terroristas”.

Por ello, reafirmó el compromiso del Ejecutivo para enviar un proyecto de ley -durante el segundo semestre- para modernizar la Ley Antiterrorista. Esta iniciativa está siendo preparada por el gobierno desde el año pasado.

El subsecretario detalló que en la reunión del Presidente Boric, en Cerro Castillo, con parlamentarios del Biobío y La Araucanía, el tema de esta norma fue abordado, pues la “agenda legislativa en materia de seguridad fue un tema y, por lo tanto, la demanda de la reforma de la Ley Antiterrorista fue un tema repetido por varios parlamentarios y el gobierno repitió el compromiso que tiene, que es ingresar un proyecto de ley”.

Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien también se refirió a los atentados. “Quiero que sepan que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población”, dijo.

Las pesquisas del Ministerio Público, en tanto, siguen su curso, donde se está analizando el material usado para los bombazos, como también las comunicaciones que pasaron por las señales telefónicas, en el radio de los sitios del suceso.

La Fiscalía, sin embargo, también analiza otro elemento. Se trata de un comunicado -enviado al medio El Ciudadano- en que un grupo, denominado “Movimiento 18 de Octubre”, quienes se adjudicaron la autoría de los tres atentados.

En el texto, detallaron que en la Región de Valparaíso los hechos fueron ejecutados por el “Comando Mauricio Arenas Bejas”, el hecho de la Región del Biobío por el “Comando Lafkenche Pilmaiquen”, y el último ataque en Ñuble, por el “Comando Luisa Toledo”.

La agrupación señala, entre sus supuestas motivaciones, lo relaciona con la aprobación de normativas que según sostienen, afectarían el medioambiente. “Es aquí donde se reivindican los sabotajes a una torre de alta tensión en Valparaíso por el Comando Mauricio Arenas Bejas y por el Comando Luisa Toledo a la línea férrea en el Itata, por donde circulan sólo materias primas de la planta de la Celulosa Nueva Aldea (...). Por estas vías no se moviliza el pueblo ni la ciudadanía, sólo los eucaliptos de esta empresa forestal que tanto daño han ocasionado al ecosistema, al río Itata y comunidades rurales aledañadas”.

En el caso del atentado en el Biobío, el comunicado de la agrupación sostiene que en Los Álamos, es en la misma comuna donde se encuentras las fuerzas armadas desplegadas con motivo del estado excepción que existe en la zona. Junto con eso, agregan que “con esta acción además, exigimos el retorno inmediato hacia Angol de los prisioneros políticos mapuche dispersados a Rancagua, Concepción y Puerto Montt”.

Pese a que la agrupación asegura ser la autora de los tres hechos, aquello aún es materia de análisis. Y es que según fuentes de la investigación, lo señalado por el “Movimiento 18 de Octubre” debe ser indagado a través de investigaciones previas a estos hechos, así como también con los antecedentes que surjan de las pericias realizadas en los sitios del suceso.

Lo anterior, sostienen quienes conoces de las indagatorias en cursos, para evitar cualquier adjudicación que podría no corresponder como podría ocurrir en este tipo de casos.