Multa y voto obligatorio para inmigrantes enreda recta final de reforma de elección en dos días

Este martes en la mañana, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), “se fue de reto”, según la frase coloquial, en la comisión mixta, que se conformó por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de resolver los nudos que quedaban de la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre, y que implementa otras medidas electorales.

Puntualmente el tema de la

Si bien la instancia aprobó por amplia mayoría reponer las multas a quienes no voten, bajar el financiamiento fiscal a campañas electorales y establecer regulaciones de propaganda para medios regionales y redes sociales, inesperadamente surgió otro problema en el texto: ¿Cómo va a operar el voto obligatorio y la eventual multa para los extranjeros avecindados en el país?

El tema fue planteado sucintamente por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien llegó temprano a participar de la comisión mixta, presidida por el senador Manuel José Ossandón (RN).

No obstante, el presidente de la instancia mixta, sin mayores dilaciones, puso en votación la propuesta de la nueva multa, fijándola entre $32 mil y $130 mil, a quienes no concurran a las urnas. Esa propuesta se aprobó por siete votos a favor y tres en contra.

Cuando la comisión ya estaba entrando a discutir el siguiente punto, con algunos minutos de retraso -producto de una reunión previa- llegó a la comisión el ministro Elizalde, quien si bien no puso reparos en el monto de la sanción, pidió hacer un cambio en la redacción para que la multa fuese aplicada a “ciudadanos” y no a “electores”, como finalmente quedó aprobado.

En respuesta, Ossandón reprochó, con tono tajante, el intento tardío del secretario de Estado para corregir el texto. “Llegó atrasado, esto ya se votó, ya está zanjado”, le espetó.

“¿Todos entendieron que estaban votando la redacción?”, preguntó Elizalde tratando de reabrir la votación.

El comentario molestó al senador de RN: “No sé si el ministro tiene atribuciones para venir a interpretar. Se está pasando de lo que le corresponde. Ud. no estaba. No discuta si llegó atrasado”, agregó.

Hasta ese minuto no estaba claro por qué Elizalde estaba buscando cambiar la redacción. Sin embargo, tomó la palabra la senadora Luz Ebensperger (UDI), para explicar por qué razón el Ejecutivo prefería “ciudadano”, ya que ese concepto excluye a los inmigrantes que no están nacionalizados.

En esa materia, Ebensperger dijo que le parecía “inaceptable” que el gobierno intentara hacer una discriminación con una carga exclusiva para los ciudadanos chilenos. “Yo no voy a permitir que la multa se aplique solo a los chilenos y no a los inmigrantes que no fueron a votar... Explíqueme en qué mundo estamos. No lo puedo permitir... Quieren que la multa solo la paguen los chilenos... Es una desigualdad ante la ley. La Constitución asegura la igualdad ante la ley”, dijo la senadora gremialista.

El origen de la controversia está en el artículo 14 de la Constitución que concede el derecho a voto a extranjeros “avecindados en Chile por más de cinco años”, sin estar nacionalizados ni tener necesariamente la calidad de “ciudadano chileno”. Es una norma antigua -que existe desde 1980- que se estableció esencialmente para inmigrantes europeos que llevaban décadas viviendo en Chile.

El problema es que esa norma señala que los migrantes “podrán ejercer el derecho de sufragio”, sin fijar un criterio obligatorio, como pesa para todos los electores. A ello se suma que la realidad migratoria es totalmente distinta a la que había en los 80. Por lo tanto, el gobierno y algunos legisladores tienen la lectura de que podría haber una interpretación constitucional conflictiva para la aplicación de la multa.

Este tema fue alertado por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en entrevista en T13 Radio, y se conversó en la reunión que todos los lunes sostiene Elizalde con los jefes de bancadas del oficialismo.

Al haberse aprobado el informe en la comisión mixta, el Senado y la Cámara solo tienen atribuciones para aprobar o rechazar, por lo tanto, el texto en cuestión ya no puede ser modificado.

No obstante, dado que ello no resuelve la controversia jurídica, inevitablemente el tema quedará en manos del Tribunal Constitucional (TC), que en forma obligatoria debe revisar la norma antes de ser promulgada y publicada, en vista de que se trata de una reforma a leyes orgánicas constitucionales.

En esta fase, el TC no puede cambiar palabras de la redacción, pero sí puede eliminarlas. Por lo tanto, existe un riesgo de que si el tribunal considera que la multa a los extranjeros es inconstitucional podría borrar todo el artículo de las sanciones monetarias o bien solo suprimir algunas palabras. También podría fijar una suerte de interpretación para ejecutar la norma o incluso estimar que no hay problema en que las sanciones pecuniarias se apliquen a los extranjeros.

A juicio del diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien integró la comisión mixta que revisó el tema, señaló que “el gobierno y sus diputados han hecho todo lo posible por volver al voto voluntario... ahora frente a esta situación de los migrantes intentaron hacer una distinción. El TC no puede ser un brazo electoral del gobierno. Acá prima la igualdad ante la ley, ahora si el TC dice que para algunos hay multa y para otros no hay multa, sería la interpretación más antojadiza que he visto en mi vida”.