El gobierno del Presidente Gabriel Boric se abrió a la posibilidad de decretar Estado de Excepción en la Macrozona Norte del país ante la alza de hechos de violencia en la zona.

La semana pasada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve había visitado la zona y descartado aplicar la medida, pese a la solicitud de un grupo de parlamentarios, de diversos partidos políticos, quienes emplazaron al Ejecutivo a adoptar la herramienta a raíz de la crisis de seguridad y migratoria que afecta la zona.

“No es hoy día una decisión que el gobierno tenga considerado tomar, la declaración del estado de excepción”, dijo la autoridad el martes pasado en el marco de su gira a la zona.

Sin embargo este lunes la vicepresidenta y ministra del Interior, Izkia Siches se mostró más abierta respecto al tema. Es así como consultada sobre la posibilidad de reevaluar la decisión sobre el Estado de Excepción, contestó que “creo que es importante que nos concentremos en cuáles son los objetivos y creo que podemos estar de acuerdo en que necesitamos desmantelar las bandas organizadas en el norte, poder mostrar la potencia del Estado, hacer medidas preventivas y en eso hemos estado trabajando”.

“No descartamos ninguno de los instrumentos, pero siempre buscando objetivos y resultados explícitos, más allá de la presión y tensión que existe en la región y que entendemos”, agregó. Y afirmó que “esperamos poder analizar más medidas que nos permitan darle tranquilidad a la ciudadanía, particularmente de las regiones más afectadas”.

Siches también fue consultada por la fecha en que ingresarán al Congreso el proyecto de ley, anunciado el viernes pasado, que busca agilizar las expulsiones de extranjeros.

“En relación al proyecto de ley nos hemos comprometido a ingresarlo en agosto, estamos afinando, ya hay un primer borrador que ya está listo”, explicó.

La vicepresidenta, aseguró además, que “obviamente hay que hacer todos los procesos de revisión, pero nos parece muy importante y esperamos el apoyo transversal de todos los parlamentarios, porque es en la implementación de la ley que nos hemos dado cuenta que el proceso de notificación presencial por parte de la PDI es muy burocrático, requiere una gran cantidad de personal y esta simplificación nos parece muy útil para el procedimiento”.